El Gobierno da más margen a las universidades privadas y a las 'online' para adaptarse a la nueva ley

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades quiere dar más margen a las universidades privadas y a las que imparten más del 80% de su enseñanza de forma virtual para que se adapten a la nueva ley de creación y reconocimiento de universidades que el Ejecutivo pretende aprobar en junio. Según un nuevo borrador del decreto al que ha tenido acceso la agencia EFE y que este lunes analiza el Pleno del Consejo de Universidades, los plazos para adaptarse a los nuevos requisitos académicos, financieros y de investigación que contempla la norma se han ampliado respecto a las primeras propuestas presentadas.

El Gobierno obligará a las universidades a cumplir requisitos de docencia e investigación

En este sentido, los nuevos centros tendrán que superar los 4.500 alumnos en un plazo de seis años, en vez de cinco, desde el inicio de la actividad. También las universidades y centros que, en la fecha de entrada en vigor del decreto, cuenten con su correspondiente autorización dispondrán de hasta tres años para adaptarse a las nuevas condiciones, mientras que aquellas universidades cuya actividad hubiera comenzado durante los tres años anteriores a la entrada en vigor dispondrán de un plazo de cinco años. En el caso de que aún no tengan autorización dispondrán de hasta cinco años, en vez de los tres propuestos inicialmente.

Las universidades que ya tengan autorización dispondrán de tres años para adaptarse a las nuevas condiciones, mientras que los nuevos centros tendrán un plazo de cinco años

El nuevo texto, presentado este lunes, mantiene la exigencia de que los expedientes en proceso que aún no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) deban recibir una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la agencia de calidad autonómica para poder abrir el centro. El nuevo borrador también acota el tiempo que tienen las agencias de calidad autonómicas y el ministerio para poder emitir sus informes: en el caso de la primeras -que serían vinculantes- se establece un plazo máximo de un año y en el caso del Gobierno seis meses.

Universidades 'online'

Las universidades que imparten más del 80 % de su enseñanza 'online' y que están ya activas no estarán sujetas al control de las Cortes Generales para evaluar sus titulaciones oficiales o para recibir acreditaciones institucionales, seguirán dependiendo de las agencias de calidad de la comunidad en la que tienen su sede o en caso de no tener dependerán de la ANECA. Serán los nuevos centros virtuales los que deberán recibir el visto bueno del Parlamento. Este tipo de universidades dispondrán de cuatro años para adaptarse a los nuevos criterios.

Las universidades privadas, ante la nueva normativa: "La titularidad de un campus no es importante, lo relevante es su calidad"

En su disposición adicional décima, el Gobierno, además de incidir en que las universidades deberán publicar anualmente los principales resultados que reflejen el desarrollo de la actividad docente, investigadora y de transferencia, puntualiza que deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto a ello, pero "entendido como el importe neto de la cifra de negocios en el caso de las universidades privadas y como el importe del total de los ingresos en el caso de las universidades públicas". Añade que incumplir este punto conllevará que no puedan volver a presentar nueva solicitud hasta transcurridos dos años.

También cambia el número mínimo de publicaciones promedio de los docentes, que será por cada profesor o profesora, y amplía a 7 años en vez de 5 los márgenes para acreditar proyectos de investigación.

Los centros que incumplan la nueva normativa no podrán volver a presentar nueva solicitud hasta transcurridos dos años

En esta línea, el ministerio también flexibiliza otros criterios como los de impulsar enseñanzas propias y puntualiza que en la memoria que se debe presentar se incorporen compromisos y no convenios para garantizar las prácticas del alumnado.

La nueva ley también baja al detalle en cuanto a los metros cuadrados que deben tener los laboratorios de investigación y sobre cómo deben estar dotados los despachos del profesorado para facilitar las tutorías. El plazo para presentar medidas correctoras ante esta propuesta de normaltiva es ahora de tres meses frente al mes que se proponía en un primer momento.

Durante el trámite de audiencia pública del Real Decreto, que estuvo abierto del 2 al 11 de abril, se han recibido alegaciones de 57 instituciones, incluidas la mayoría de las Comunidades Autónomas, la CRUE, la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), así como de varias universidades y otras asociaciones. En la reunión, durante la que no ha habido intervenciones en contra de la propuesta del Gobierno, Morant ha destacado que “se ha valorado de forma constructiva todas las propuestas que se han hecho, con el objetivo de mejorar las normas, y se han introducido muchos cambios”.

Calidad educativa

En palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la nueva normativa tiene el objetivo de “poner coto a la aparición de universidades privadas que no cumplen con la calidad suficiente”. En este sentido, Morant ha vuelto a defender que la debilitación progresiva del sistema público ha abierto la puerta al crecimiento exponencial de la oferta privada, en muchos casos sin los requisitos necesarios de calidad.

“Esto no va contra nadie, sino contra quienes no cumplen con los estándares. Nadie tiene que sentirse amenazado si hace las cosas bien, y aquel que no esté haciendo las cosas bien ese tendrá que o ponerse las pilas o directamente no será una universidad en nuestro país”, ha destacado Morant antes de entrar al pleno del Consejo de Universidades.

"Nadie tiene que sentirse amenazado si hace las cosas bien, y aquel que no esté haciendo las cosas bien ese tendrá que o ponerse las pilas o directamente no será una universidad en nuestro país"

Diana Morant

— Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades

Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en los últimos diez años la matrícula en universidades públicas apenas ha crecido un 2% mientras que en las privadas ha aumentado un 117%. Actualmente se calcula que el 30% del alumnado universitario estudia en centros privados, el doble que en países como Alemania. En este sentido, Morant alertó de que esta tendencia responde a "una infrafinanciación estructural" que obliga a muchos jóvenes a elegir entre acudir a una universidad privada o no estudiar. La ministra puso como ejemplo el caso de la carrera de Medicina, donde las notas de corte alcanzan hasta un 13,5, "no por elitismo, sino por la falta de plazas que ofrecen las universidades públicas al no tener la financiación suficiente".

Crítica al modelo madrileño

En paralelo a la defensa de este nuevo decreto, la ministra también ha arremetido con contundencia contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien este lunes presentó su propia normativa universitaria y, además, anunció que recurrirá la norma estatal al considerar que invade competencias autonómicas. La ministra ha calificado la nueva normativa madrileña como "un tijeretazo en toda regla a la universidad pública". También ha denunciado que el plan autonómico forma parte de una estrategia premeditada de privatización, subrayando a su vez la desproporción entre centros públicos y privados en la región: “Hay seis universidades públicas en la Comunidad de Madrid y trece universidades privadas. Ya son más del doble las universidades privadas que las públicas en Madrid”.

Las universidades privadas, ante la nueva normativa: "La titularidad de un campus no es importante, lo relevante es su calidad"

La ministra también ha alertado de que la política universitaria de Ayuso puede acabar generando “guetos educativos”. Según Morant, la filosofía impulsada por la presidenta madrileña corre el riesgo de traducirse en “una distribución arbitraria de la población” y favorecer así la segregación por niveles económicos. “Hay colegios, centros que imparten enseñanza para élites o para determinados bolsillos y se selecciona al alumnado con unos criterios que desde luego no son el de la integración. Aquí lo que intentan continuamente es atacar y destruir ese sistema de igualdad de oportunidades”.