Municipios catalanes entierran las tuberías de amianto sustituidas en lugar de trasladarlas al vertedero de Castellolí

Al menos un 30% de las tuberías de Catalunya son de fibrocemento. Es decir, contienen amianto. Ante esta situación e incentivados por las subvenciones que ofreció la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para reparar redes de agua y reducir la presencia de fugas, cientos de municipios están licitando contratos para sustituir estas viejas cañerías de asbesto, en muchos casos deterioradas, e instalar nuevos conductos de agua más modernos y eficaces.

No obstante, cuando se realizan estos trabajos, no siempre se sigue el procedimiento adecuado: en algunos casos, los ayuntamientos no ordenan la retirada y gestión de las antiguas tuberías de fibrocemento. ¿Y qué se hace entonces con ellas? Se dejan enterradas en el subsuelo sin tratamiento ni control posterior. Fuentes de la Agència de Residus de Catalunya, que forma parte del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, consultadas por EL PERIÓDICO admiten que esto puede suceder de manera puntual.

En Espolla, la licitación para renovar las tuberías explicita que las de amianto no se eliminarán

Precisan que esta cuestión se analiza proyecto por proyecto, de forma individual. En caso de que la tubería de fibrocemento no se manipule, está previsto que el documento técnico contemple la posibilidad de dejarla in situ, sostienen fuentes de la agencia. En cambio, si la cañería se manipula para hacer la reparación o la renovación, se debe retirar el fibrocemento con empresas autorizadas (inscritas en el registro correspondente) y trasladarlo al único depósito especializado en este tipo de residuos, en Castellolí (Anoia).

Tras la decisión de enterrarlas bajo tierra hay un motivo económico: retirar legalmente 50 metros de tubería puede costar 3.000 euros

Así, pese a la cantidad de subvenciones habilitadas por la Generalitat que –de facto, aunque no sea su objetivo principal– financian la retirada del amianto subterráneo, algunas compañías y localidades optan por dejar las tuberías bajo tierra y generan una especie de vertederos tóxicos ilegales en su propio subsuelo.

Diferentes municipios

Uno de los casos más flagrantes es el de la localidad de Espolla, en el Alt Empordà. En la licitación pública para la sustitución de tuberías de amianto consta la colocación de nuevas conducciones. Sin embargo, se explicita que las antiguas tuberías de amianto no se eliminarán. Según ha podido comprobar este diario a partir de los pliegues administrativos y varios documentos técnicos, se repite el mismo patrón en localidades como Campins (Vallès Oriental) y otros pequeños municipios, donde los responsables técnicos han optado por la solución más barata, pero también más arriesgada, según advierten los expertos en gestión de residuos. Tona (Osona), La Ràpita (Montsià) y Térmens (La Noguera) son otros ejemplos de pueblos que no incluyen en la documentación el tratamiento y traslado del fibrocemento.

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Pero fuentes conocedoras de este tipo de actuaciones confirman que ocurre en muchos otros casos, puesto que, como confirma la ARC, la decisión a menudo se toma específicamente en cada proceso. La práctica a menudo se justifica por la falta de recursos económicos. Según profesionales del sector, retirar legalmente 50 metros lineales de tuberías con amianto puede costar entre 2.500 y 3.000 euros, lo que incluye una jornada de trabajo especializada y el transporte al vertedero controlado de Can Palà.

"Costará el triple sacarlo cuando ya esté degradado, haya que reabrir calles y tratar tierras contaminadas", advierte un experto

"Costará el triple sacarlo cuando ya esté degradado, haya que reabrir calles y tratar tierras contaminadas", alerta un técnico consultado. “Dejar amianto enterrado sin encapsular ni seguimiento equivale a crear un vertedero ilegal no declarado”.

Hay ayuntamientos que sí están aplicando correctamente el protocolo. Es el caso de El Prat de Llobregat, Montornès del Vallès o Vilanova de Segrià. En estos casos, la cantidad de dinero presupuestada para las actuaciones aumenta.

Tarea pendiente

El amianto es un material prohibido desde 2002 por su alta toxicidad. Su degradación libera fibras microscópicas que pueden dispersarse fácilmente por el aire y, si se inhalan, provocar enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma. Sus efectos al mezclarse con el agua y ser ingeridos no están claros. "Las consecuencias de este material para el aparato digestivo no se han demostrado de forma contundente", comenta el doctor Josep Tarrés, especializado en los riesgos del amianto para la salud. "Pero sí es una evidencia que las fibras pueden afectar a los trabajadores que trabajan en la reparación de escapes de agua", avisa.

De hecho, la mayor parte de las adjudicaciones analizadas recogen el mal estado de las tuberías de fibrocemento. "Los tramos de cañerías de fibrocemento son los que menos eficiencia presentan y donde se detectan más fugas", reza uno de los proyectos técnicos. Afirmaciones similares se repiten en decenas de localidades de Catalunya.

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La Unión Europea obliga a retirar el amianto de manera completa antes de 2028 en edificios públicos y de cara a 2032 en propiedades privadas. Para dar cumplimiento a esta normativa, Catalunya puso en marcha el Plan para la Erradicación del Amianto, centrado inicialmente en la retirada de cubiertas, tejados y bajantes. Las tuberías subterráneas, en el plan, se mencionan pero no se les da prioridad ni se establece un plan para sustituirlas. De hecho, el propio Govern sostuvo hace semanas que solo estaba previsto cambiarlas en caso de deterioro.

Aun así, la ley contra el amianto que está previsto que entre en vigor en los próximos meses será exigente con los procesos de retirada para evitar malas prácticas como la de dejar el fibrocemento bajo las calles. Este material puede permanecer activo durante décadas bajo tierra y, una vez degradado, su extracción resulta mucho más costosa y complicada, reiteran fuentes técnicas a este diario. Varios colectivos ambientales advierten de que la inacción actual se traducirá en una factura mucho más cara y peligrosa para las generaciones futuras.

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