Cambiar el sexo en el DNI: quién puede hacerlo, cómo se tramita y qué ocurre en caso de fraude

¿Se puede revertir la decisión?

La ley contempla la posibilidad de volver a la mención de sexo anterior. En concreto, establece que deben transcurrir al menos seis meses desde la fecha de inscripción de la rectificación para poder solicitar la reversión. Este nuevo cambio se tramita siguiendo el mismo procedimiento previsto para la rectificación inicial. En caso de que una persona quiera volver a cambiar posteriormente, deberá iniciar el procedimiento desde cero, conforme al régimen general de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Esta posibilidad busca equilibrar el derecho a la autodeterminación con la seguridad jurídica y la estabilidad registral. Se trata de una medida pensada tanto para proteger a quienes se arrepienten como para permitir una segunda oportunidad a quienes, por la razón que sea, decidan iniciar de nuevo el proceso.

¿Qué se considera fraude de la ley?

Uno de los aspectos más delicados del debate público en torno a esta ley ha sido el uso de la misma en contextos en los que podrían existir intereses espurios o beneficios personales indebidos. Esto se conoce como fraude de ley y está tipificado en el artículo 6.4 del Código Civil, que establece que cualquier acto realizado al amparo de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico será considerado fraudulento y no impedirá la correcta aplicación de la norma que se pretendía eludir.

El artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial también permite a los tribunales rechazar actuaciones que impliquen un abuso de derecho o que representen una instrumentalización de la ley con fines distintos a los previstos.

Uno de los casos más sonados tuvo lugar en la localidad madrileña de Torrelodones, poco después de aprobarse la ley. Un opositor a Policía Local se presentó a las pruebas físicas con una declaración notarial como mujer, pero sin haber completado aún el trámite registral, lo cual no tiene validez legal para efectos de baremos diferenciados. La intención parecía clara: ser evaluado con los baremos físicos correspondientes al sexo femenino, menos exigentes en algunos casos.

El artículo 46 de la Ley 4/2023 es contundente al respecto: “La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición”. Es decir, sin rectificación completada, no hay cambio legal efectivo, por lo que el intento de beneficiarse de esta identidad sin haber finalizado el proceso puede interpretarse como uso indebido o directamente fraude.

¿Qué pasa si el cambio de sexo persigue beneficiarse en oposiciones?

El colectivo LGTBI y trans Orgull Osona, con base en Catalunya, informó que, hasta septiembre de 2024, se habían tramitado 5.900 cambios de sexo registral en todo el Estado español, de los cuales 85 fueron rechazados por sospecha fundada de fraude.

A estos se suman otros casos que han levantado alertas dentro de instituciones como el Ejército. Un sargento del Ejército del Aire solicitó el cambio registral con la intención de obtener un ascenso a subteniente, supuestamente beneficiándose de medidas de discriminación positiva para mujeres. También se reportó que hasta 40 opositores en Ceuta, tanto de cuerpos policiales como de bomberos, habrían iniciado el trámite en paralelo a procesos selectivos.

Estos ejemplos han sido utilizados por sectores críticos con la ley para denunciar posibles vulnerabilidades. Sin embargo, desde las entidades trans y desde los organismos de igualdad se insiste en que se trata de casos puntuales y minoritarios, que no pueden servir para cuestionar el conjunto de la normativa.