Gestión de residuos en Catalunya

Entidades y expertos cuestionan el nuevo censo de amianto del Govern, que reduce a la mitad la presencia de este material

El cálculo cifra en un millón las toneladas que quedan por retirar, lejos de los entre dos y tres millones que se estimaba que había hace menos de dos años

Tanto colectivos ambientales como la Asociación Catalana de Materiales (ACM) consideran que el registro no es lo suficientemente preciso

Catalunya sustituirá las tuberías de fibrocemento en caso de deterioro o para reparar fugas

Placas de fibrocemento que contienen amianto en el interior de manzana del número 495 de Consell de Cent, en Barcelona.

Placas de fibrocemento que contienen amianto en el interior de manzana del número 495 de Consell de Cent, en Barcelona. / MARC ASENSIO CLUPÉS

Guillem Costa
Clàudia Mas
Barcelona
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El Govern ha cifrado que a día de hoy queda un millón de toneladas de fibrocemento por retirar en toda Catalunya. Es un nuevo cálculo alejado de las últimas estimaciones que sitúaban la cantidad en unos tres millones de toneladas. ¿Cómo se ha podido reducir a más de la mitad en menos de dos años el amianto censado en Catalunya? Este millon de toneladas de asbesto salen de los datos recogidos por el Institut Cartogràfic de Catalunya, que ha evaluado la presencia de este material en tejados. Fuentes de la Generalitat explican que el cambio se explica porque las retiradas de amianto se han acelerado.

Las entidades reclaman que se elabore un nuevo censo que incluya el fibrocemento invisible

No obstante, la comisión contra el amianto de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) opina que esta cantidad de amianto no coincide con la realidad. Advierten de que se debe incluir también el "fibrocemento invisible", por ejemplo el que se encuentra en el subsuelo. Esta semana, la comisión del Govern contra el amianto se reunió con las entidades implicadas, que reclaman un nuevo censo pormenorizado para luego poder desarrollar la ley contra el amianto que deberá obtener la luz verde del Parlament en las próximas semanas.

El Govern atribuye el rápido descenso de las cifras al hecho de que se han acelerado las retiradas de este material

A las críticas de estas plataformas, se suman las de ciertas empresas. José Barrios, especialista en amianto y responsable de la Asociación Catalana de Materiales (ACM), advierte de que la gestión del amianto en Catalunya sigue siendo insuficiente, especialmente en el ámbito público. "Faltan censos completos que incluyan no solo el amianto visible, sino también el oculto en edificios públicos de todos los estamentos: municipales, autonómicos y estatales", explica. Según Barrios, todas estas administraciones tendrían que haber elaborado su censo de amianto antes de 2022, cuando se estableció la prohibición explícita. A partir de ahí, añade, debería haberse iniciado un proceso activo para identificar y actuar sobre los materiales contaminantes.

Nuevos hallazgos

Además, fuentes del sector explican que a menudo detectan nuevos núcleos de amianto en zonas que no estaban categorizadas. Para acelerar la elaboración de un cálculo más preciso, a los mapeos del Institut Cartogràfic de Catalunya habría que añadir los inventarios municipales de muchos ayuntamientos que, en uno de cada cuatro casos, todavía están pendientes de presentar.

En cuanto a las retiradas actuales, este experto denuncia que algunas se están realizando sin garantías suficientes, especialmente en zonas densas como el Eixample de Barcelona. “Se están viendo casos conflictivos, donde las protecciones a terceros o a vecinos no se están teniendo suficientemente en cuenta. Hay planes de trabajo aprobados, pero falta un control posterior real, un seguimiento riguroso de las obras”, afirma.

Barrios alerta también de que en ocasiones se considera que la mera retirada no requiere una modificación sustancial del proyecto, lo cual puede rozar la irregularidad si no se revisa con detalle el estudio técnico y el origen de las modificaciones.

El responsable de ACM insiste en que el impulso normativo es urgente, pero que la clave será acelerar los trámites administrativos. “Estamos esperando la ley, sí, pero también necesitamos que su desarrollo técnico y sus instrucciones no se eternicen. No basta con redactarla: hay que dotarla de recursos y personal técnico”, reclama.

En el ámbito privado, subraya, la actividad es mínima, mientras que en el público no se ha llegado al ritmo necesario. “Esto tiene un impacto económico importante y requiere decisiones valientes. No puede seguir posponiéndose”, concluye.

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