Un centenar de víctimas de violencia machista denuncian mala praxis de las administraciones a la hora de protegerlas: "Nos tratan de mentirosas"

El primer informe del Observatorio de las Violencias Institucionales Machistas (OVIM), un organismo único en Europa que trata de identificar y denunciar las malas praxis de la red pública de protección de las víctimas de violencia de género y machista ha detectado 117 casos en toda España. El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, revela que la mayoría de afectadas son mujeres con hijos, que reportaron cómo 180 instituciones públicas, la mitad juzgados o agentes del sector judicial, vulneraron los derechos de víctimas de la violencia machista. "Vemos un patrón estructural, un engranaje en la forma de proceder que trata a las mujeres como mentirosas y manipuladoras para quedarse dinero o con los hijos", insiste Júlia Vega, miembro del equipo gestor del OVIM.

Entrar al juzgado como víctima de machismo y salir sin la custodia de tus hijos: "¿Qué esperan, que me suicide?"

Es la primera vez que un ente con financiación pública empieza a desvelar cifras de la violencia que las instituciones ejercen cuando las mujeres denuncian el machismo. Durante los nueve últimos meses del 2024, un total de 143 personas se dirigieron a este observatorio a través de su canal de denuncia, y las investigadoras catalogaron que en 117 casos había violencia institucional. En 55% de los casos eran las propias víctimas quienes lo narraban; en el 40% lo contaron profesionales o activistas y en el 6% lo hicieron amigos o familiares.

El 60% de las denunciantes son mujeres de entre 30 y 50 años, de nacionalidad española y con hijos menores de edad

Sobre el perfil, el 60% son mujeres de entre 30 y 50 años de nacionalidad española, con hijos menores de edad (56%), que reportan episodios sucedidos de 2021 en adelante. Las autoras revelan una sobrerrepresentación de las mujeres migrantes, ya que en la sociedad española no superan el 9% pero en este estudio son más de un tercio. "Vemos que además se aplica la discriminación racista: a las mujeres migrantes, especialmente sin papeles, se les da menos credibilidad y en algunos casos se les infunde el miedo o se las castiga con una deportación", apunta Vega.

El papel de los jueces

De todas las instituciones señaladas, Vega destaca el papel del sector judicial, que concentra el 52% de las quejas. Y dentro de este apartado, el 60% de las mujeres denuncian el trato de los jueces. Principalmente, las denuncias recibidas señalan el cuestionamiento constante del relato de las mujeres en contraposición de los hombres, una cierta desigualdad en otorgar órdenes de protección y que se tiene más en cuenta el derecho del padre que el de los hijos. "Tenemos casos de padres abusadores con los que los niños no quieren convivir. Los jueces no les escuchan y toman la decisión sin tener en cuenta el derecho superior del menor. No se respeta la legislación, no se les cree", explica Vega en relación a los menores.

De los jueces, las víctimas denuncian que se las cuestione, la desigualdad en la concesión de órdenes de protección y que no se escuche lo suficiente a los menores

En este sentido, el OVIM señala que aún se sigue aplicando el falso Síndrome de Alienación Parental, prohibido por la OMS. Y también que se amenaza a las madres de que pueden perder la custodia de sus hijos en mitad del procedimiento, por lo que muchas desisten. "La ley de violencia de género dice que en estos casos, las custodias compartidas deben ser una excepción, pero en la realidad son la norma", indica Marina Oliva, miembro de coordinación de la OVIM. "Un padre maltratador no puede ser un buen padre, ¿en qué mundo cabe?", insiste Elisa Covelo, directora de la asociación Hèlia i miembro de coordinación de la OVIM.

"Llevan encima el impacto de la violencia en casa. Les decimos que denuncien, pero quien las tiene que ayudar las machaca. Esto genera desamparo"

Júlia Vega

— Observatorio de las Violencias Institucionales Machistas

El informe también revela como los magistrados ejercen violencia verbal y revictimizadora hacia las mujeres, con comentarios del estilo '¿porqué has tardado tanto a denunciar?', 'la violación dentro de la pareja no se puede demostrar'. "Tampoco se aplican medidas de seguridad, como aceptar las órdenes de protección, o dentro del mismo juicio, provocar que víctima y agresor se encuentren", dice Oliva.

El sector policial copa un 11% de las denuncias de maltrato institucional y el sanitario, un 10%

Otro problema son las indemnizaciones. "Los jueces lo desincentivan porque asumen que resta credibilidad a las víctimas, y ellas renuncian a su derecho para que no se les cuestione afirmando que lo hacen por dinero. Y luego hay jueces que no la concretan en su sentencia", dice Vega.

Cuatro meses de espera en los servicios especializados de violencia machista: los 8 puntos negros de la red de protección

Aunque los jueces son el agente más denunciado en este informe, también se señala a los fiscales (15%) y los abogados de oficio (14%). "Es un servicio precarizado que trata de simplificar al máximo los casos. Vemos negligencia y desidia", señala Vega. Algunos ejemplos, las pruebas que no se presentan o las víctimas conocen su abogado el día del juicio.

La policía y los sanitarios

El segundo sector más señalado es el policial, con un 11% de denuncias. "A veces no es el agente en concreto que la ejerce, a veces la violencia es no tener una sala de espera donde pueda estar segura", explica Oliva. El 10% de casos refieren al sector sanitario, ya sea ambulatorios, hospitales o centros de salud mental. "Se patologiza a las mujeres, que debemos recordar que de media llevan muchos años aguantando la situación de violencia. Se las acusa de sobreprotectoras, de tener preocupación mórbida, ansiedad y depresión para restarles credibilidad", indica Oliva.

"Vemos una violencia estructural, que se repite en todos los sitios y todos los sectores. Hay un engranaje, no son casos particulares"

Elisa Covelo

— Directora de la asociación Hèlia

El 8% de quejas van dirigidas a los servicios sociales y el 7%, a los servicios especializados de atención a la violencia machista. "La lista de espera de cuatro meses para acceder es violencia, la falta de recursos habitacionales... pero lo que más nos preocupa es que a los profesionales les cuesta mucho hacer informes que acrediten la violencia, cuando son elementos de prueba fundamentales", dice Vega. Una mujer, por ejemplo, pidió este informe en un servicio especializado y le dijeron que no hacía falta porque ya estaba judicializado. "Luego la violencia no se consideró probada y no le admitieron la órden de protección", sigue Vega.

Los efectos: miedo y frustración

El 91% de estas mujeres dicen haber sufrido un impacto emocional muy fuerte. "Genera una sensación de desconfianza profunda en el sistema y las instituciones. Es el mensaje que les queda a las mujeres que denuncian y piden ayuda, que luego tienen miedo a denunciar", insiste Covelo. "Llevan encima el impacto de la violencia en casa, en el trabajo, sexual... les decimos que denuncien, pero quien las tiene que ayudar las machaca. Esto genera una frustración, un desamparo... ¡se van a pique!" añade Vega.

De todas las denuncias recibidas, que en lo que llevamos de 2025 ya superan las del año pasado, las autoras del informe no quieren señalar a una institución o un profesional en concreto. "Lo de la manzana podrida es una fantasía, creemos que retirando una persona, el sistema cambiará. Es un error,

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