El Gobierno dicta una instrucción que dificulta el registro en España de los niños nacidos por vientre de alquiler

El Gobierno ha dictado una histórica instrucción, que se publicará mañana en el BOE, destinada a “hacer efectiva la prohibición de los vientres de alquiler en España”, según ha informado el Ministerio de Justicia. La también llamada gestación subrogada –que supone que una mujer gesta el hijo de otra persona, normalmente por dinero– está prohibida en España desde el año 2006 y la ley del ‘solo sí es sí’ la considera directamente una forma de violencia contra las mujeres.

Pero, aun así, desde que se prohibió se han inscrito 154 niños nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución, en virtud de resoluciones judiciales extranjeras que se reconocen en España por el procedimiento llamado ‘exequator’. El caso más sonado en los últimos tiempos ha sido el de Ana Obregón, que hace un par de años se convirtió en madre-abuela a los 68 años gracias a una gestación subrogada en EEUU.

Pero la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia y que entrará en vigor mañana estrecha aún más el cerco e impedirá registrar en España y los consulados a los bebés nacidos por vientre de alquiler en otro país de forma directa, aunque cuenten con una resolución administrativa o judicial extranjera que valide el contrato de gestación por sustitución. A partir de mañana, solo se podrá inscribir a estos niños mediante filiación por el vínculo biológico o adopción, lo que requiere pasar por el juzgado y alarga considerablemente los plazos.

Obstáculos

El objetivo del Gobierno, según explican fuentes de Justicia, es “disuadir” a parejas españolas de contratar a agencias y empresas dedicadas al multimillonario negocio de los vientres de alquiler. La nueva instrucción, que deroga la vigente desde 2010, no impedirá al 100% que se inscriba a estos bebés en España pero sí “obstaculiza” considerablemente esta posibilidad, dado que habrá que pasar por el juzgado y demostrar mediante una prueba de ADN que se es el progenitor biológico –si ha habido donación de gametos– y el otro miembro de la pareja debe iniciar los trámites de adopción.

Estas fuentes aclaran que el bebé podrá traerse a España y no quedará en un limbo, dado que tendrá la documentación expedida por otro país, por lo que podrá tener derechos reconocidos, como la atención sanitaria, tan necesaria en los primeros años de un recién nacido. Esta posibilidad dará cobertura a las parejas que ya hayan iniciado la contratación de un vientre de alquiler, pero la idea es que en el futuro esta práctica vaya cada vez a menos.

La nueva instrucción de Justicia se asienta en la pionera sentencia del Tribunal Supremo que el pasado diciembre impidió, por primera vez, a una pareja inscribir a dos niños nacidos por gestación por sustitución, mediante la convalidación de una sentencia dictada en EEUU. El falló negó el ‘exaquator’ a una resolución judicial norteamericana que validaba un contrato de vientre de alquiler argumentando que era nulo y contrario al marco legal español.

Tribunal Supremo

El Supremo dejó escrito negro sobre blanco que este tipo de prácticas “atentan contra la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor, que son tratados como cosas susceptibles de comercio, privados de la dignidad propia del ser humano”. Asimismo, concluyó que la protección del menor debe partir de leyes y convenios aplicables en España.

Tras la sentencia, las organizaciones feministas pidieron al Gobierno que derogara la instrucción de 2010 que permitía la inscripción de los bebés, directamente en el Registro Civil, mediante sentencia o resolución administrativa en el extranjero, si se cumplen una serie de circunstancias. Y, atendiendo a esta demanda, Justicia ha movido ahora ficha.

En un comunicado, argumenta que el “objetivo es evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición a esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero”, atendiendo una reclamación histórica del movimiento feminista y de los colectivos que “defienden la protección de los menores” porque la gestación subrogada “supone una mercantilización del cuerpo de la mujer y de sus hijos”.

La nueva instrucción, añade Justicia, se alinea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce a los países el derecho a adoptar medidas para dificultar esta práctica cuando esté prohibida en el ordenamiento interno.

Contexto

De hecho, varios países del entorno europeo, como Alemania, Francia o Italia, prohíben en sus legislaciones la gestación por sustitución e instituciones como el Parlamento Europeo se han pronunciado en contra por ser una práctica “contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”.

La asociación favorable a la gestación subrogada Son nuestros hijos reconoce que la nueva instrucción va a suponer una “piedra en el camino”, porque va a “judicializar y enlentecer los procesos, además de añadir más carga a los tribunales”. Pero, en opinión de su abogada, Ana Miramontes, no va a frenar la gestación subrogada, porque “ha llegado para quedarse”. En cualquier caso, la letrada admite que a partir de ahora solo se podrá usar la vía de la filiación biológica o la adopción.

La asociación discrepa de los argumentos usados por Justicia para defender la nueva orden, al considerarlos “absolutamente tendenciosos y falaces”, dado que, en su opinión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a ofrecer a los padres una “vía rápida y eficaz” para inscribir a sus hijos. “El Gobierno lo olvida al igual que el interés superior del menor”, critica Miramontes.