Precampaña electoral
Cristina Vallejo, precandidata a decana de los abogados: "Apostamos por la función social de la abogacía"
La abogada, que se presenta a los comicios profesionales junto con el letrado Jorge Navarro, también apuesta por continuar aportando propuestas de reforma legislativa y uno de los ejes es el problema de la vivienda
El fiscal superior de Catalunya plantea recuperar el arresto de 30 días por multirreincidencia

Jorge Navarro y Cristina Vallejo, candidatos a las elecciones del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona. / Macarena Pérez / EPC


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La precampaña electoral para sustituir a Jesús Sánchez como decano del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona ha empezado. El próximo 19 de junio está previsto que los 22.000 colegiados depositen sus votos para elegir a la nueva junta de la institución. Por ahora, se han anunciado dos candidaturas: la encabezada por Cristina Vallejo y la de Joan Ramón Ramos. La primera en abrir fuego ha sido la de Vallejo. En su presentación de este miércoles, Vallejo y su aspirante a vicedecano, Jorge Navarro, han apostado por impulsar "la función social de la abogacía", haciendo hincapié en continuar la labor de "intentar introducir mejoras legislativas" e influir en los problemas actuales de los ciudadanos, como es el de la vivienda, la multirreincidencia o las ocupaciones de inmuebles.
Vallejo y Navarro han definido su candidatura como "transversal" y compuesta por abogados y abogadas en ejercicio especializados en diversas ramas del derecho y diferentes sensibilidades. Su objetivo, han subrayado, es promover un colegio "profesional, tranversal e internacional". "No somos continuistas, sino profesionalistas", ha recalcado los promotores.
Entre las principales líneas de actuación destacan la reivindicación de la dignificación del turno de oficio de abogados y la mejora de los pagos de los profesionales que realizan este servicio, una jubilación digna, el amparo colegial a cada profesional de la abogacía ante cualquier disfunción de la judicatura, entre otras.
Formación gratuita e IA
Su proyecto también pone énfasis en la formación gratuita en varias materias, la digitalización y la inteligencia artificial para preparar a los letrados ante los "nuevos desafíos profesionales". La candidatura no olvida otro aspecto acuciante: la integración laboral de los abogados jóvenes
Entre el centenar de propuestas que incluye su programa figura el refuerzo de la comisión deontológica del colegio para crear un sistema "accesible y transparente" de las quejas que se formulen, así como el retorno de la cuota colegial en horas de formación y un mayor impulso de las reformas legislativas. "Nosotros estamos viendo las situaciones que se suceden y el colegio tiene que intentar introducir mejoras legislativas", ha asegurado Navarro.
Sobre la situación actual de la Administración de Justicia, este abogado es contundente: "Se necesitan medios y eso quiere decir dinero. Si no hay más juzgados, esto no se va a solucionar". Navarro se ha mostrado a favor del rescate de una fórmula desaparecida en el Código Penal de 1995, tal y como propuso el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y que consiste en la implantación de nuevo del arresto menor, que supone condenas de 30 días de prisión. Vallejo, por su parte, ha incidido en la necesidad de implantar el uso del catalán en todos los ámbitos del Derecho, no solo en la judicatura. Ha destacado que un juicio por un delito leve, como un hurto, tiene un coste de 3.000 euros para la Administración de Justicia, lo que supone un gasto "enorme y que no tiene ningún sentido".
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