Las residencias catalanas avisan de que los solicitantes de ayudas a la dependencia irán a más: "Esto no ha hecho más que empezar"

Más de 42.000 catalanes están aún esperando la resolución de su grado de dependencia, según los datos que ha presentado este jueves el ministerio de Derechos Sociales. Catalunya es la segunda comunidad con más personas en esta lista de espera después de Andalucía, y aquí de media se esperan casi nueve meses (264 días) en terminar el trámite, tres más de lo que dicta la ley. Estos datos no tienen en cuenta a la gente que a pesar de tener la prestación reconocida, como es una plaza a una residencia o un cuidador a domicilio, no puede acceder a ella. La última cifra de la Conselleria de Drets Socials, que presentó su plan de choque para reducir este trámite en diciembre, hablaba de más de 50.000 personas que esperaban de media casi un año en ser atendidos. "Esto solo hará que crecer, estamos empezando a ver cómo el 'baby boom llega' a los geriátricos", apunta la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual.

"Esto solo hará que crecer, estamos empezando a ver cómo el 'baby boom llega' a los geriátricos"

Cinta Pascual

— presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA)

Más allá del baile de cifras, Pascual insiste en que estos datos aumentarán en los próximos años si no se toman medidas. "Después de la pandemia los datos bajaron muchísimo, pero ahora veremos cómo irán subiendo. Cada vez habrá más personas mayores aunque los servicios son los mismos. El problema es que hace más de diez años que avisamos del problema, pero hasta que no vemos al lobo... nada", lamenta la presidenta de la principal patronal en Catalunya.

Sin embargo, el plan de choque de la conselleria, que busca reducir en tres meses la espera en la tramitación de las valoraciones, parece que empieza a causar efecto, según Ignasi Freixa, responsable de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir). "Antes tardábamos un año y ahora se tardan seis meses, pero el problema es el momento de percibir las prestaciones, que aún hay una larga lista de espera, estamos muy lejos", explica Freixa. Pone el ejemplo de la Prestación Económica Vinculada (PEV), una ayuda económica para pagar una residencia privada para quienes estan esperando entrar en una plaza pública. "Tardan tres meses en tramitarla, y el tema es que irá a más, en solo cinco años tendremos más de 18.000 personas nuevas para atender", calcula Freixa.

La asfixiante falta de personal

La falta de plazas y el aumento de la demanda es una de las problemáticas que afecta a los geriátricos, pero no es el único. "La falta de personal se nos está complicando, hoy la gente no termina ni los cursos de Formación Profesional, tenemos que hacer de todo y más para que la gente se inscriba y acabe, antes se llenaban solos", cuenta Pascual. En su último barómetro, ACRA ya contó que harán falta 100.000 profesionales más en los próximos diez años, pero ahora están tratando de calcular la afectación a día de hoy. "Hay que ver y estimar la necesidad real que tenemos", insiste Pascual. "Las bajas nos están matando, no encontramos personal. La gente no quiere trabajar en este sector, no tenemos relevo", añade Freixa.

Los bajos sueldos de los trabajadores en los geriátricos son uno de los talones de Aquiles del sector. Las empresas que gestionan las plazas públicas o subvencionadas, que son el 75% del total, insisten que el Govern no les paga lo que corresponde, y que así es imposible subir sueldos. En las últimas negociaciones, Drets Socials les ofreció aumentar su aportación un 5% a través de un suplemento de crédito. El sector reclama una subida del 10% de forma unitaria, apoyados en una resolución parlamentaria en la que el PSC se abstuvo. Hay previstas más reuniones, pero Freixa no se muestra muy optimista. "La negociación está encallada, estamos como con las lentejas; o las tomas, o las dejas", dice Freixa. El Govern les reclama a los gestores de los geriátricos que este aumento de fondos públicos vaya únicamente al sueldo de los trabajadores, mientras que las patronales piden hacerlo más extensivo. "Habrá que reducir su jornada laboral, pagar más seguridad social...", ejemplifica Freixa.

Por si no bastara, algunos geriátricos llevan dos meses en pie de guerra porque la Generalitat ha tardado un mes en pagarles las facturas de enero. Freixa calcula que podrían ser unas 5.000 camas de centros concertadas las afectadas. "La Generalitat nos paga a 60 días, pero en vez de abonarlo en marzo nos lo están empezando a pagar ahora", lamenta. Otro ejemplo, siguen sin soluciones para las residencias pendientes del proceso de acreditación, que podría llegar al cierre del 25% de centros más anticuados. "Seguimos esperando el decreto para que no se haga efectivo hasta 2026, pero de momento... no existe", recuerda Freixa. Desde el sector, de hecho, hay cierto resquemor con el actual Govern socialista, ya que esperaban más cambios de los que están viendo.