La polémica envuelve al Colegio de Médicos de Madrid: piden al juez que investigue la gestión del patrimonio inmobiliario

El ganador de las últimas elecciones al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Tomás Merina, ha pedido al juez que investigue "la posible comisión de delitos en lo relativo al escándalo de la calle Esparteros, la sede que el colegio cede por debajo de su precio de mercado a una fundación que tiene entre sus patronos a Manuel Martínez-Sellés, actual presidente en funciones" del órgano colegial madrileño. El ICOMEM, por su parte, ha emitido un comunicado en el que "reafirma la legalidad, transparencia y compromiso social de la cesión en alquiler de su sede en Esparteros".

En concreto, el equipo legal de Tomás Merina ha remitido al Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid (donde se instruye la causa penal por posibles irregularidades en el ICOMEM) documentación donde se detalla "la cuestionable gestión de Martínez-Sellés y su equipo respecto a este inmueble". La sede del Colegio de Médicos se encuentra en la calle Santa Isabel, pero este inmueble es propiedad del Estado, que la cede a largo plazo.

Calle Esparteros

Según detallan desde la candidatura del doctor Merina, el mayor patrimonio inmobiliario del ICOMEM está en la calle Esparteros nº 11 (colindante a la Plaza Mayor y a la Puerta del Sol), donde dispone de una planta entera y un despacho separado que suman 794 metros cuadrados. Dicho inmueble se encontraba sin uso. Para adaptarlo a las necesidades del nuevo inquilino, el Colegio de Médicos gastó 868.000 euros en reformarlo, según consta en la auditoría del ICOMEM del año 2022.

"Esta contundente inversión no había sido prevista en los presupuestos. Se hizo sin previo aviso y sin la autorización de la Asamblea de Compromisarios, el órgano de control del Colegio de Médicos", indican las mismas fuentes. A continuación, relatan, la sede se alquiló a la Fundación Jerôme Lejeune por 15 años al precio de 2.727 euros mensuales (32.727 euros anuales). Según figura en los presupuestos del ICOMEM, el Colegio paga más al año de gastos fijos por el edificio (52.108 euros anuales) de lo que ingresa por el alquiler, se añade.

La reforma

Todo esto tras una reforma de 868.000 euros, explican desde el equipo de 'ICOMEM para todos', la candidatura con la que se presentó a las elecciones el doctor Merina el pasado diciembre. Si se alquilara a precio de mercado, al tratarse de una finca en el centro de Madrid, la Fundación Jerôme Lejeune debería pagar alrededor de 20.000 euros al mes por usar el piso. "Sin embargo, lo hace a un precio muy reducido", apuntan.

El equipo de Merina abunda que se trata de un inmueble cuyo valor patrimonial supera ampliamente los ocho millones de euros "pero del que, por desgracia, su gestión no beneficia en absoluto los intereses de los médicos de Madrid, que son sus verdaderos propietarios. Para cerrar el círculo, recientemente conocimos que el responsable de toda esta operación, Manuel Martínez-Sellés, fue nombrado como patrono de la Fundación Jerôme Lejeune en España. Nos hemos visto obligados a aportar esta documentación al juzgado para su investigación porque creemos que es un escándalo de dimensiones mayúsculas".

Además, critican, no se conocen los detalles del contrato firmado entre Manuel Martínez-Sellés y la citada fundación. El ICOMEM se limitó a informar de dicho acuerdo citando la consecución de un "convenio marco de colaboración" entre ambas partes, pero sin permitir la consulta de los detalles del contrato. Igualmente, se desconoce qué criterios se siguieron para fijar las condiciones de alquiler. "No hay constancia de ningún informe técnico o de que se consultara a un agente de la propiedad inmobiliaria para fijar un precio acorde al mercado", se precisa.

En riesgo de ruina

El ICOMEM defiende en un comunicado su actuación. Señala que la cesión en régimen de alquiler del inmueble ubicado en la calle Esparteros, 11, fue realizada "conforme a criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional. Este acuerdo responde a una estrategia de preservación patrimonial y optimización de recursos que ha permitido recuperar un edificio histórico, previamente cerrado durante once años, en riesgo de ruina y con peligro de ocupación con un coste de mantenimiento elevado".

El Colegio asegura que el acuerdo se formalizó con la Fundación Jérôme Lejeune, "organización internacional sin ánimo de lucro, con amplia trayectoria en el cuidado de personas con discapacidad intelectual de base genética. En ningún caso se ha producido una donación ni un "regalo" del inmueble, como se ha sugerido de forma errónea y malintencionada".

El ICOMEM defiende que la Fundación "asume el mantenimiento del edificio, lo que evita su deterioro, y genera ingresos recurrentes

Asegura que la Fundación "asume el mantenimiento del edificio, lo que evita su deterioro, y genera ingresos recurrentes para el ICOMEM, que se destinan a programas y servicios para los colegiados. Además, el inmueble sigue cumpliendo funciones esenciales del Colegio, como la consulta del Programa PAIME de atención al médico enfermo y la realización de reuniones institucionales".

El órgano colegial presidido por Martínez-Sellés asevera que todos los pasos dados han seguido "el procedimiento reglamentario, y si las autoridades judiciales requieren información, el ICOMEM colaborará con total apertura. No tenemos nada que ocultar y rechazamos cualquier intento de instrumentalización política del patrimonio común de los médicos de Madrid".

Polémicas elecciones

La candidatura de ICOMEM para todos, liderada por Tomás Merina, fue la elegida por los médicos de Madrid el pasado 17 de diciembre pero el médico no ha podido tomar posesión de su cargo. Su equipo anunciaba el 8 de abril que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid investigará a la Comisión de Recursos después de que Merina presentara una denuncia por vía penal contra este órgano por delitos de prevaricación y revelación de secretos. 

La Comisión de Recursos es el órgano que, casi un mes después de las elecciones del 17 de diciembre, decidió anular la candidatura del doctor Merina, 'ICOMEM para todos', a petición de Manuel Martínez-Sellés, actual presidente en funciones del Colegio. El doctor Martínez-Selles alegaba que Tomás Merina no cumplía los requisitos de legitimidad.

Ante este paso adelante en los tribunales, la actual junta directiva del ICOMEM consideró en su momento que la "judicialización es innecesaria, ya que la Comisión actuó conforme a los estatutos y con todas las garantías". Además, avanzó que estaban evaluando acciones legales "para proteger la reputación del Colegio y frenar declaraciones consideradas injustas y dañinas" Este miércoles, el doctor Manuel Martínez-Sellés, ha insistido: todas las decisiones patrimoniales adoptadas durante su mandato han sido colegiadas, debidamente documentadas y ajustadas a los cauces legales establecidos.