El Gobierno transfiere 200 millones a las comunidades para sufragar necesidades de las familias más vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, transferir casi 200 millones de euros (en concreto 198,7 millones) a las comunidades autónomas (excepto Euskadi y Navarra) y a Ceuta y Melilla para reforzar los servicios sociales, financiar programas de protección a las familias y aminorar la pobreza infantil.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Pablo Bustinduy ha hecho énfasis que esta inversión debe orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural. 

En concreto, 65 millones de euros se deben destinar a proyectos de intervención social y a prestaciones para familias en riesgo de pobreza, como programas que cubran necesidades básicas como la higiene o la compra de alimentos y ropa. Asimismo, servirán para financiar necesidades en materia de educación, como la compra de material escolar o ayudas para el comedor, así como subvenciones para pagar el alquiler o los suministros básicos del hogar, entre otras.

Otro de los objetivos de esta inversión es el de facilitar la conciliación entre la vida familiar y la laboral de las familias más vulnerables, financiando proyectos que cubran gastos relacionados con las escuelas infantiles y necesidades puntuales de atención que requieran los niños, niñas y adolescentes de estas familias. Un ejemplo es el Programa VECA, que les permite participar en actividades educativas, culturales y de ocio durante los periodos de vacaciones escolares. Además, se financiarán programas para que estos niños accedan a una alimentación equilibrada, saludable y nutritiva también en los periodos donde no se asiste a los comedores escolares. 

Servicios sociales

De igual forma, dentro del paquete de ayudas se reservan 25 millones de euros para reforzar los equipos de servicios sociales encargados de prevenir y detectar cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, una iniciativa que se enmarca de la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

Por otro lado, 100 millones de euros se transfieren para financiar la red de servicios sociales de atención primaria de las corporaciones locales, incluyendo prestaciones como la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como otros ámbitos de los servicios sociales como la prevención de la exclusión social de las familias con menos recursos y la inserción de aquellas que lo necesitan.