La nueva ley de Ayuso pone en pie de guerra a las universidades públicas, que anuncian una huelga para el 28 de abril

El Gobierno de Madrid, en manos del PP, está en plena redacción de la nueva ley autonómica de universidades. A nivel oficial apenas se conoce nada del proyecto, pero la comunidad universitaria sospecha que la norma recortará todavía más la financiación de los campus públicos y continuará fomentando la creación de los privados. Varias plataformas de la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Carlos III, Politécnica, Alcalá y Rey Juan Carlos han convocado una jornada de huelga para el lunes 28 de abril contra la futura ley del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. '¡Salvemos la educación pública' será el lema de la manifestación que, ese día a las 18.00 horas, saldrá de Atocha y recorrerá el centro de la ciudad, hasta Sol, informa Efe. Los convocantes anuncian la presencia de "piquetes informativos" en las facultades para "que nadie se quede sin saber que la universidad pública está en lucha".

Con 13 universidades privadas, Madrid es una de las tres autonomías, junto con Canarias y Andalucía, que está actuando como motor y catalizador de este tipo de facultades, que están en el ojo de mira tras la aprobación de un proyecto legal (todavía ni está aprobado ni ha entrado en vigor) por parte del Gobierno, que quiere incrementar los requisitos para dar el visto bueno a las nuevas universidades. Las plataformas que han convocado el paro académico aseguran que lo hacen llevados por "la asfixia económica que sufren las universidades y el ataque frontal" que supondrá, en su opinión, la ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia, una norma que el Gobierno autonómico está redactando "con total opacidad", según un comunicado de la plataforma 'UAM por la pública.

Explosión de universidades privadas: negocio, flexibilidad y alternativa a la politización de las públicas

Entre los puntos más polémicos del borrador destacan la consideración de las universidades como centros de enseñanza superior, la financiación externa, las facilidades a las privadas, así como el peso de las empresas y de la Comunidad de Madrid en las decisiones de los Consejos Sociales universitarios, destaca la plataforma 'UCM por la pública'.

Los colectivos universitarios que han convocado el paro prevén una "mercantilización del conocimiento", que supondría la "redefinición y cierre de grados" y líneas de investigación por número de estudiantes y "criterios de mercado". También critican una "injerencia de la Comunidad de Madrid en la autonomía universitaria" tanto por su presencia en los órganos de coordinación como permitiendo la "intervención policial contra la legítima protesta" en los campus, señalan fuentes de 'UAM por la pública'.

Tras indicar que la huelga ya ha sido comunicada a la Comunidad de Madrid y los rectorados, instan "a toda la comunidad universitaria, más allá de siglas o afinidades, a sumarse las movilizaciones". "Frente a un ataque común, una respuesta colectiva", añaden.

Financiación externa

Tras quince años de lo que consideran una "infrafinanciación", la nueva ley autonómica fomentará "las dinámicas de competición entre las universidades para obtener recursos" y se generará una "dependencia estructural del capital privado al no garantizarse la financiación pública básica de las universidades". "Se creará un macrodistrito universitario y de Formación Profesional que desdibujará no solamente las diferencias entre la universidad y la FP, sino también las diferencias entre centros públicos y privados".

Colaboración público-privado

Los convocantes sospechan que se establecerá un modelo de colaboración público-privada que derivará en una "parasitación" de la universidad pública por la privada mediante la cesión "de espacios, recursos y prestigio".

Las plataformas aseguran que la norma otorgará más poder los Consejos Sociales universitarios, donde el sector privado está "sobrerrepresentado", y se les atribuye "el control de la ejecución presupuestaria", a lo que se añade la nueva figura del Interventor nombrado por la Comunidad de Madrid, que causa "preocupación" al comprometer la autonomía universitaria.

Se crean nuevos órganos como el Consejo de Enseñanzas Superiores, presidido por el consejero de Educación y con "sobrerrepresentación de la FP, las universidades privadas y el sector empresarial", y otros como la Comisión de coordinación universitaria, con presencia de miembros designados por la Consejería de Educación.

El borrador "no indica los requisitos mínimos académicos para la autorización de nuevas universidades", propiciando "la proliferación de universidades privadas sin garantizar la calidad ni en docencia ni en investigación", concluyen las plataformas.