Infracción del reglamento
Cada día se requisan dos móviles en las cárceles catalanas: más de 4.600 teléfonos confiscados en los últimos siete años
La cifra de terminales intervenidos a presos el año pasado fue de 855
Incautados 2.910 móviles prohibidos en las prisiones en 2023

imagen de una de las incautaciones practicadas en la cárcel / El Periódico

Tener un teléfono móvil dentro de la prisión puede ser sancionado con una infracción disciplinaria grave. Sin embargo, en los últimos han aumentado las intervenciones de este tipo de terminales en las cárceles catalanas hasta tal punto que el Departament de Justícia se está planteando poner inhibidores para que los presos no puedan usarlo. Y es que no únicamente consiguen introducir teléfonos pequeños, sino que se han encontrado algunos más grandes con conexión a internet.
Según datos del Departament de Justícia, en 2024 se confiscaron en las cárceles catalanas y centros penitenciarios abiertos 855 teléfonos móviles a presos, lo que supone una media de 2,3 al día. Se trata de unas cifras sensiblemente inferiores a las 874 intervenciones de 2023 pero más elevada de los 740 de 2022. Entre enero y febrero de este año se han requisado 137 móviles a internos.
La mayoría de terminales se requisan en la cárcel de Quatre Camins seguida de Mas d'Enric, Puig de les Basses, Brians 2 y Lledoners. Según datos de Justícia entregados en el Parlament en los últimos siete años se han intervenido 4.563 móviles en cárceles y centros penitenciarios abiertos, unas cifras que se dispararon desde la pandemia.
Tras conocerse estas cifras, la asociación de funcionarios de prisiones Marea Blava ha remarcado que "los teléfonos móviles en las cárceles se han convertido en un grave problema y evidencia la laxitud y la permeabilidad en cuestiones de seguridad" y ha añadido que en los últimos cinco años "el número de requisas ha crecido un 240%". Además, han destacado que el año pasado se confiscó un teléfono por cada 10 internos ingresados en las cárceles. En 2024 hubo de media 8.385 internos.
Pese a que los datos de 2023 y 2024 son parejos, para la entidad este "estancamiento no evita la enorme preocupación que supone este fenómeno, en tanto que es representativo de la vulnerabilidad de los centros. Un estancamiento que, por otra parte, obliga a seguir preguntándonos cuál es el número real de dispositivos móviles en estos momentos en manos de internos y sin ningún tipo de control".
Marea Blava recuerda que todo tipo de comunicación que los internos realicen con el exterior debe estar autorizada expresamente por las direcciones de los centros y detalla que los internos utilizan los móviles en la cárcel de forma "diversa", aunque "muchos de estos usos pueden comportar la comisión de nuevos delitos", la mayoría relacionadas con el tráfico de droga.
Entre ellos estarían la introducción de sustancias estupefacientes dentro de los centros penitenciarios, extorsionar a otros presos para que sus familiares lleven droga a la cárcel, hacer pagos por tráfico y consumo y romper sentencias judiciales de protección y no comunicación con las víctimas, según la asociación de funcionarios de las cárceles catalanas.
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