El Gobierno endurece los requisitos para abrir universidades privadas: el informe de apertura será vinculante y deberán tener un mínimo de 4.500 alumnos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana dos proyectos para relanzar la universidad pública, que se ha estancado, frente a la privada, que se ha duplicado en dos décadas. El primero es un plan para reforzar la UNED, la universidad pública a distancia, dotado de 30 millones de euros anuales. El segundo es una normativa para poner coto a las "academias y chiringuitos" privados que presuntamente ofrecen formación superior pero que, sin embargo, no cumplen las condiciones de docencia ni de investigación para ser una universidad.

La futura normativa, que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, obligará a que los informes que deben emitir las agencias, como la ANECA (agencia nacional de evaluación y acreditación), sean vinculantes y preceptivos antes de la apertura de un nuevo centro y que se garantice un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio. Las empresas que quieran inaugurar facultades deberán garantizar su solidez económica y acreditar su experiencia en gestión universitaria. También deberán ofertar un 10% de plazas de alojamiento universitario. Las facultades 'on line' se crearán bajo el ámbito nacional y no de las comunidades autónomas. Su creación solo podrá ser aprobada por el Parlamento.

Ocho de cada 10 universitarios, dispuestos a trabajar en el extranjero para lograr mejores sueldos y horarios

Las nuevas universidades deberán garantizar un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio y acreditar experiencia en gestión educativa

La intención gubernamental de poner coto a las privadas no es nueva. En 2020, el ministerio de Universidades, en manos de Manuel Castells, ya anunció un real decreto para endurecer los campus y obligar a todas las facultades a cumplir determinados requisitos de docencia e investigación para seguir teniendo la condición de universidad. El texto que este martes aprobará el Consejo de Ministros es, de hecho, una reforma de esa normativa.

"Una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas"

— Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

Rodeado de los ministros Diana Morant y Oscar López, Sánchez ha realizado el anuncio en un acto en Madrid titulado ‘En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social’. El presidente ha recordado que hay universidades privadas de excelente calidad, pero también otros centros de estudios que pretenden serlo y solo son "chiringuitos educativos". "Una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos, vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesionales que nos cuidan y nos defienden", ha advertido el presidente.

Investigación

Contra estos ‘chiringuitos’ iba dirigida, precisamente, la normativa de Castells, que concedía un plazo de 5 años a las universidades para demostrar que cumple con determinadas exigencias: una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado. Además, en sus aulas deben estar representadas, como mínimo, tres de la cinco grandes ramas del conocimiento (Ingeniería, Ciencia, Ciencias de la salud, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). Las universidades tienen que dedicar al menos un 5% de su presupuesto a un programa o programas propios de investigación. Sin durante esos cinco años el campus sigue sin acatar los requisitos, el decreto de 2020 ordena la retirada el título de universidad y la concesión de otro. Por ejemplo, centro de estudios superiores o escuela de negocios.

46 privadas

Durante toda su intervención, Sánchez ha hecho hincapié en que la universidad pública –donde se lleva a cabo el 70% de la investigación que se realiza en España en ámbitos tan importantes como la salud o el medioambiente– está estancada frente al crecimiento de la privada. "El último campus público abrió sus puertas en 1998. Y, desde entonces, se han concedido licencias autonómicas para 26 privadas", ha destacado. Actualmente, España tiene 50 universidades públicas y 46 privadas. Efectivamente, estas últimas se han duplicado en dos décadas.

Plan deliberado

Según Sánchez, el crecimiento de la privada responde a un “plan deliberado” en algunas autonomías, que son los órganos competentes en los campus. Por ejemplo, Madrid, que ha recortado la financiación pública de las facultades el 30% desde el año 2016 o Andalucía, que lleva seis años con el presupuesto universitario congelado. Ambos territorios, en manos del PP, han llevado a cabo una especie de “obsolescencia programada” no solo ahogando su financiación sino disminuyendo plazas en los grados más demandados (como todos los relacionados con la salud). Según Sánchez, la sanidad pública atraviesa una situación similar en algunas comunidades: “Se recortan los recursos, se cuestiona su calidad y su servicio y se deteriora de tal manera que la solución es la privatización”.

Respecto al relanzamiento de la UNED, Sánchez ha prometido 30 millones de euros durante el primer año para renovar toda la capacidad digital de la universidad e incorporar tecnología puntera, así como para crear 5.000 plazas de grado y máster habilitante, el que capacitada a los graduados para ejercer determinadas profesiones, como la psicología sanitaria. El objetivo es que "nadie tenga que pagar una fortuna en la privada por ejercer una profesión regulada", ha destacado Sánchez. El plan para la UNED también incluye otras 2.000 nuevas plazas en las carreras con más demanda entre el alumnado.