Medio ambiente

Crece el número de empresas que se registran para retirar amianto en Catalunya

Entidades ciudadanas exigen más requisitos legales para asegurar una eliminación segura y más controles, cosa que la nueva ley contempla

Catalunya da luz verde a la ley del amianto, que prevé multas de hasta 100.000 euros si no se retira el material

Empieza la retirada de amianto denunciada por los vecinos en Consell de Cent

Empieza la retirada de amianto denunciada por los vecinos en Consell de Cent / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
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El número de empresas inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) no para de crecer en Catalunya. En estos momentos son ya 1.921 (1.426 de ellas en Barcelona), según los datos oficiales de la Generalitat. Se trata de compañías dedicadas a la construcción que se registran en este listado RERA para poder llevar a cabo labores de retirada de amianto de forma autorizada. La cantidad ingente de amianto que aún no se ha eliminado en Catalunya –alrededor de más de dos millones de toneladas– abre un nicho de negocio interesante para todo tipo de empresas, tanto grandes como pequeñas, aunque todavía no se hayan especializado en estos trabajos.

En estos momentos hay ya casi 2.000 compañías inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto)

Entidades como la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona), que lleva años luchando contra la presencia de este material tóxico, advierten de que no existen unos controles pormenorizados para inspeccionar y comprobar que las retiradas se realizan de forma adecuada. La FAVB avisa de que es sencillo "ganar cantidades importantes de dinero" con esta especialización. Por esta razón, exigen muchos más requisitos para poder apuntarse al RERA.

"Con más exigencia, evitaríamos casos como los que hemos observado en Barcelona, en los que se ha retirado amianto sin licencia"

En estos momentos, se pide tan solo una formación de cuatro horas que no tiene por qué recibir el operario que luego retirará el material. "Tendría que haber gente especializada con formación detallada; no es justo que solo aspiren las grandes empresas a entrar en el censo, pero tampoco que gente sin conocimientos pueda quitar amianto de los tejados", considera Lena Martí, miembro de la comisión contra el amianto de la FAVB.

Martí solicita que haya más controles, inspecciones y fiscalización. De las casi 2.000 empresas inscritas en el registro, unas pocas están especializadas de forma concreta solo en retirar amianto. Muchas de ellas son empresas dedicadas a la construcción en general sin más que se han apuntado aprovechando la oportunidad. "Con más exigencia, evitaríamos casos como los que hemos observado en Barcelona, en los que se ha retirado amianto sin licencia", denuncia Martí.

EL PERIÓDICO ha podido comprobar que varias de las empresas inscritas no están especializadas en gestión del amianto: se dedican a la construcción y han facilitado sus datos para estar en el RERA y poder desamiantar de manera puntual.

Dirección Castellolí

Eliminar el amianto es una tarea compleja. Se debe contratar a una empresa que debe comunicar la acción a la Administración y luego empezar las obras. Luego, los restos retirados se transportan hasta el depósito de Castellolí, donde son recibidos con todas las medidas de seguridad para ser tratados y enterrados. Este es el único recorrido posible, que siempre ha de terminar en el Anoia. "¿Pero quién te asegura que todo lo que se retira va a Castellolí, si no siempre hay comunicación oficial?", cuestiona Martí.

Es cierto que no siempre se siguen las vías legales: los vertederos irregulares de amianto en plena naturaleza han aumentado, según los datos de los agentes rurales, y en muchos casos, tanto los vecinos como las empresas no cumplen la normativa. La FAVB considera que esto es responsabilidad de la Generalitat, que es quien debe hacer inspecciones y comprobar que las compañías siguen el procedimiento correcto. Además de exigencias más estrictas para apuntarse al registro, reclaman también más controles y, al mismo tiempo, facilidades para que los afectados por amianto puedan acceder a subvenciones para la retirada.

Cuando la Ley para la Erradicación del Amianto entre en vigor, está previsto que aumenten los controles (habrá presupuesto para ello) y que se sancione quienes se deshagan del asbesto de manera rápida e irregular.

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