Catalunya ampliará el único depósito controlado disponible para amianto

El Parlament dio esta semana la primera luz verde –sin ningún voto en contra– a la nueva Ley para la Erradicación del Amianto. Se trata de una normativa exigente que tiene como objetivo eliminar las más de dos millones de toneladas de este material que aún se acumulan en Catalunya antes de 2032. La retirada del asbesto es tan relevante que algunos partidos políticos y también las entidades que llevan tiempo luchando para que este texto legal sea una realidad han exigido al Parlament que los siguientes pasos hacia la aprobación definitiva se realicen por la vía de urgencia. De esta manera, la ley podrá aplicarse cuanto antes y no deberá pasar tanto tiempo (a veces más de un año) para superar todos los trámites requeridos en la cámara catalana.

Sin embargo, antes de que la normativa entre en vigor, Catalunya tiene mucho trabajo por hacer para poder cumplir con lo que se exigirá a partir de entonces. Una de las principales tareas pendientes es determinar dónde irá todo el amianto que se elimine. El único depósito disponible es el vertedero controlado de Can Palà, en Castellolí (Anoia). En Can Palà no solo acaba toda la 'uralita' que se retira en toda la comunidad autónoma, sino que también se depositan todos los residuos industriales peligrosos y las cenizas de tres incineradoras de basura urbana. A día de hoy, este lugar, el único cementerio de amianto que existe en Catalunya, aún no tiene espacio para enterrar todo el fibrocemento que se prevé retirar en los próximos años en Catalunya.

Ante esta situación, había dos posibilidades: plantear la creación de un nuevo depósito especializado en residuos tóxicos o ampliar la planta de Castellolí, gestionada por la empresa ATLAS. El Govern de Pere Aragonès, que impulsó la Ley para la Erradicación del Amianto, era consciente del problema de la falta de espacio, pero decidió dejar la decisión para esta legislatura. Ahora, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la decisión final es la de ampliar el actual vertedero controlado.

Voluntad mutua

"Existe la voluntad de ambas partes para sacar adelante el proyecto", explica Xavier Mundet, responsable de ATLAS. Mundet recuerda que la ampliación es necesaria pero también recuerda que actualmente Castellolí dispone de espacio suficiente para los próximos años. Fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confirman que está previsto ampliar el depósito de Can Palà.

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La alternativa de construir un nuevo vertedero destinado al almacenaje de residuos peligrosos era mucho más compleja, detallan fuentes conocedoras del caso a este diario: pocos municipios están dispuestos a aceptar la presencia de una de estas plantas. Por tanto, sabiendo que en Castellolí había margen para ocupar más terrenos, se ha optado por la solución menos compleja. Aun así, cabe recordar que para hacer realidad la ampliación se requiere un proceso burocrático extenso: trámites ambientales, urbanísticos y municipales. Por esta razón, ya hace tiempo que ATLAS está estudiando cómo desarrollar este proyecto.

El vertedero ahora mismo tiene más de la mitad de su capacidad ocupada y le quedan ocho años de vida útil. El amianto solamente supone una parte (un 15%) de lo que se acumula en este depósito. En los últimos años, la cantidad de amianto que reciben ha aumentado. Pero cuando la ley a la que el Parlament ha dado el primer aval político se apruebe de forma definitiva, se estima que la cantidad de material que llegará será mucho mayor. Será entonces cuando Can Palà necesitará más hectáreas.

El amianto que recibe este depósito controlado se entierra a 20 metros de profundidad, se sella y se cubre con tierra. En la superficie, se plantan cultivos de secano o se reforesta el espacio con árboles. Pese a esta reforestación, el acceso al recinto deberá estar cerrado durante cuatro décadas.

Censos pendientes

Otra de las demandas por parte de grupos parlamentarias durante el debate del proyecto de ley del pasado miércoles, fue la necesidad de que los consistorios aborden los censos de amianto pendientes. El visor de techos de amianto de la Generalitat todavía no está completo del todo y solo 1 de cada 4 ayuntamientos, como contó este diario meses atrás, tiene listo el censo obligatorio, que debe concretar cuántas toneladas de amianto hay exactamente pendientes de retirar.

Este mapeo, que no incluye el amianto subterráneo, es clave para que luego la ley pueda aplicar sanciones hasta 100.000 euros para los propietarios que no procedan a eliminar el amianto o que no informen de su presencia durante una compraventa. Fuentes de la Federació Catalana de Municipis exponen que es necesario que la ley dote de presupuesto a las localidades para que así puedan redactar los planes sobre dónde está el asbesto y cómo y cuándo se debe retirar. La idea del Govern es que la retirada empiece por los edificios públicos pero que los particulares también aceleren este proceso, que será difícil de finiquitar en 2032 como exige Europa.

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Como el amianto está prohibido desde 2002 en España, existe el riesgo de que algunas de las estructuras de este material empiecen a degradarse –este material tarda entre 30 y 50 años en deteriorarse–, y es entonces cuando las fibras tóxicas se esparcen. Estas partículas, cuando se inhalan, pueden causar enfermedades respiratorias crónicas o cánceres como el de pleura.

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