Veinte meses en una pensión de servicios sociales: “Las cucarachas nos despertaban por la noche”

“Las cucarachas nos despertaban por la noche cruzándonos la cara, estuvimos nueve meses sin luz en el baño, sacábamos las ratas de una en una… Aquello era un infierno que ha afectado a la autoestima de mi hija”, cuenta V. Prefiere no dar su nombre ni apellido por temor que esto le suponga un problema ante los servicios sociales de Barcelona. Ella, su marido y su hija adolescente han vivido en uno de los alojamientos temporales de urgencia de Barcelona gestionado por Sociohabitatge, grupo recién multado por Treball y gestor de algunas de las 52 residencias inspeccionadas por el consistorio, como ha avanzado EL PERIÓDICO. Tampoco M., una mujer ‘trans’ refugiada que terminó en el mismo alojamiento y fue víctima de tocamientos: “Sentí mucho miedo”. El grupo Sociohabitatge, titular de los espacios donde residían, se defiende mostrando su gasto mensual de 45.000 euros en mantenimiento y justifica la problemática a los trastornos y problemas de salud mental de algunos usuarios.

En diciembre de 2022, esta familia de tres miembros llegó a Barcelona procedente de Argentina escapando de la inflación y el precio de la vida, pero sobre todo ilusionados por una oferta de trabajo del marido. “Le dijeron que había un trabajo en Sabadell de chófer, lo vendimos todo para los pasajes, y cuando llegamos hasta allí no era verdad: el señor pretendía que viviéramos en un camión”, sigue la mujer.

Sin permiso de residencia ni trabajo, esta familia con una niña de 15 años empezó viviendo en una habitación por 600 euros. “Los ahorros nos duraron una semana”, rememora. La familia encontró apoyo primero en Cáritas y luego en los servicios sociales de Barcelona, que les propusieron entrar en un centro de acogida de urgencia y temporal del ayuntamiento, en vista que sólo tenían dinero para pagar un techo durante dos semanas. “La trabajadora social nos deseó suerte y nos advirtió que 'hay de todo'. Pero a nosotros cualquier cosa nos parecía bien, porque la alternativa era la calle”, recuerda la mujer.

Les tocó un centro de Sociohabitatge, un proyecto creado por dos inmobiliarias que gestiona uno de cada cuatro equipamientos de este tipo en la ciudad. La familia dormía en una habitación con tres literas y baño propio, de unos siete metros cuadrados: “Al principio estaba bien, teníamos techo y comida, pero a la que van pasando los meses ves que vas empeorando”. La madre denuncia que su hija no tenía espacio para hacer los deberes y los insectos eran cada vez más presentes.

Suciedad, plagas y comida

“Convivimos con cucarachas de todas las especias posibles, dormíamos con ellas, te despertaban por la noche cuando te pasaban por encima de la cara”, se queja. El problema, añade, es que nadie lo arregló: “Pedíamos fumigaciones y nada”. Se sumaron las ratas y los problemas en el baño. “Sacábamos las ratas una a una”, cuenta mostrando un video en su móvil. “La ducha se saturaba, se taponaba. La luz del baño estuvo nueve meses averiada. El depósito del agua se despegó de la pared y se tambaleaba, teníamos miedo que nos cayera encima”. La empresa lo niega, y asegura que ha invertido más de 10.000 euros en el tratamiento de plagas.

V. explica que se quejaba, pero no pasaba nada. “Al contrario, te ven como problemático y te dicen que si no te gusta ya te puedes ir”. Unas críticas que también planteó A.M., refugiado iraní en este equipamiento que llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional por el trato recibido. “Nos dan comida congelada y de mala calidad, el filtro del agua no funciona y no hay personal de limpieza ni productos de higiene”, se quejó el afectado.

Esta mujer y su familia tenían incluidas las tres comidas diarias, pero jamás vieron una cena: “Comíamos lo que sobraba del comedor social y había días que el desayuno no llegaba y los trabajadores iban a comprarnos algo con dinero de su bolsillo”. “Siempre comíamos lo mismo: pollo, arroz y judías. Y era habitual que te quedaras sin comida porque los demás cogían tu ración”, cuenta M.

Peleas, tocamientos y amenazas

El problema llegó en junio de 2023. “Allí empezó el terror”, dice la mujer. Según su relato y el de algunas extrabajadoras, la ratio de educadores se redujo de forma drástica y empezaron los conflictos. “Había gente enferma con trastornos mentales graves, personas agresivas, gente que no hablaba ni catalán ni castellano… Las peleas y los malentendidos eran constantes, a ojos de familias con menores que también vivían en aquel espacio”. Una realidad que también relató el iraní. “Hay una persona con un trastorno psiquiátrico que nos amenaza de muerte a diario: con cuchillos, dice que nos va a quemar, lanza objetos a los niños y productos químicos. Tenemos miedo que ocurra una tragedia”, explicó.

M. jamás olvidará la noche de junio en la que uno de los usuarios de este alojamiento se metió dentro de su cuarto. “Iba todo empalmado, me cogió y me tocó los genitales porque quería saber si era hombre o mujer”, explica. “Yo le di una patada y le empujé al suelo, pero cuando se lo conté a los responsables no me creyeron”. Le tocó seguir viviendo con este hombre dos semanas más, hasta que su referente del SAIER le encontró una plaza en el programa estatal de protección internacional. “Tuve mucho miedo que se volviera a repetir y me encerraba en mi cuarto para no verle”, recuerda.

"Perdimos la dignidad"

En septiembre de 2024, la familia decidió abandonar el centro, poco después que un hombre estuviera a punto de golpear a su hija con una paella. “Siempre decía que no quería dormir en la calle pero llega un punto que no puedes más”, dice la madre. “Siento que perdimos la dignidad, empiezas a aceptar cosas, a normalizarlas: ratas, cucarachas, gritos, peleas… Porque tu eres pobre, tu mereces esto, y encima tienes que estar agradecido”. Ahora viven en una habitación por más de 700 euros en el Eixample, que pagan con los trabajos que van encontrando. “Lo prefiero antes que regresar allí”.

A la madre, sin embargo, lo que más le duele son las secuelas que ello ha generado en su hija. “Lo llevó fatal: cayó su autoestima, quiso dejar de estudiar… fue un golpe duro para ella. Yo le decía que eso no iba a ser siempre así, pero me duele mucho”, añade la madre, que explica que hace unos meses que los servicios sociales le han facilitado ayuda psicológica gratuita.

La respuesta de Sociohabitatge

La empresa, contactada por este diario, ofrece otra explicación. "Atendemos a colectivos muy vulnerables: hay personas sin hogar que traen chinches y por eso hay colchones que pueden tenerlos, hay gente que ha defecado en las instalaciones o que cocina donde no debe. Cuando los servicios sociales les piden que abandonen la plaza, un 40% se niegan a ello y tenemos que expulsarlos nosotros a cambio de dinero. Pero si alguien no está a gusto siempre les ofrecemos un lugar alternativo", explica el director del grupo, Daniel Villergas. En los últimos ocho años, explica que los Mossos solo les han requerido visualizar imágenes de sus gravaciones en dos ocasiones. Reivindica que invierten enormes cantidades de dinero en reparaciones y muestra a este diario facturas por valor de 45.000 euros en mantenimiento del pasado febrero.

"El control 100% es imposible. Pero hay que tener en cuenta que somos los únicos que ofrecemos un servicio multidisciplinar con educadores, médicos o maestros para estas personas", añade el director. Villergas no detalla el margen de beneficio del servicio, pero explica que algunos equipamientos son deficitarios y otros lo compensan con saldo positivo. "Nosotros somos un negocio, ganamos dinero y esto no es ningún delito", replica. Un grupo de empleados consultados por este diario no lo ven así: "Están incumpliendo el contrato público dando un servicio muy por debajo: ahorrando en limpieza, seguridad, sobreocupando y en malísimas condiciones. Hacen un gran negocio de la miseria y la precariedad social, ganando mucho dinero de los servicios sociales con la población más vulnerable".