Treball multa con más de 14.000 euros a una empresa que gestiona el 25% de las pensiones de servicios sociales de Barcelona

Rebajar el sueldo y la jornada de trabajo a una educadora después de ser escogida representante de los trabajadores, no haber calculado los riesgos laborales de sus empleados, no contar con calendarios, registros horarios ni tampoco abonar horas extras. Estas son algunas de las infracciones contra los derechos de los trabajadores del Grupo Sociohabitatge, en manos de dos inmobiliarias y que gestiona el 25% de los equipamientos de urgencia temporal de los usuarios de servicios sociales más vulnerables en Barcelona para evitar que queden en la intemperie. La Inspección de Trabajo les ha impuesto cuatro multas, que sumadas llegan a los 14.105 euros, y un juez les ha condenado a indemnizar con más de 20.000 euros a una trabajadora por atentar contra la libertad sindical. La empresa responde que ha recorrido las dos sentencias y que también ha denunciado a siete trabajadores en dos causas distintas.

El primer varapalo judicial para las dos inmobiliarias DASKI BCN 2001 S.L. y TITO 2006 S.L llegó en enero de 2024. La denunciante, S.G., es una educadora que cobraba 1.400 euros al mes por trabajar a tiempo completo de lunes a viernes en un apartamento de Barcelona. A mediados de septiembre de 2023 fue elegida delegada sindical y quince días después la empresa decidió reubicarla y que trabajara en Sabadell solo los fines de semana reduciendo un 63% su jornada y rebajando su sueldo en más de 500 euros. El juzgado de lo social número 8 de Barcelona les condenó por una "infracción muy grave". El motivo, dice la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, es que "la empresa vulneró el derecho de la libertad sindical, consagrado en la Constitución". El juez les obligó a recolocar a esta empleada en las mismas condiciones laborales previas, les condenó a una multa de 1.173,11 euros por los daños patrimoniales causados y a una indemnización de 20.000 por los daños morales.

La firma responde que el cambio era fruto del cierre de ese centro de trabajo, nada que ver con la condición sindical de la empleada, y explica que ha recorrido la sentencia al Tribunal Constitucional. También han recorrido otra en la que la magistratura les impone pagar más de 8.000 euros, entre la sanción y la indemnización, por haber dejado 21 días sin sueldo a la misma educadora. En este caso, la empresa dijo que la representante sindical había empujado a otra trabajadora, pero el juez no lo ve así y habla de un "directo atentado contra el derecho de libertad sindical". En el plano judicial, la empresa explica que también han presentado tres denuncias contra siete trabajadores, uno de los cuales ha ganado y otro se resolvió con un acuerdo entre las partes.

Cuatro inspecciones

Aparte de este caso, ha habido cuatro inspecciones donde la autoridad laboral ha detectado varias infracciones. En noviembre de 2023, y tras visitar cinco alojamientos que atienden familias derivadas por servicios sociales (Font d’En Fargues, Deia, Gran Via, Collblanc y Foronda), Inspección de Trabajo comprobó que no había calendario laboral, no se pagaban horas extras y no existía registro de las jornadas. Esto supuso una multa de 6.752 euros, que al asumirla la empresa quedó rebajada a 4.051,2 euros.

En marzo de 2024, los inspectores relataron que no se habían siquiera evaluado los riesgos laborales de los trabajadores de un albergue social en Vallcarca y les multaron por valor de 2.470,60 euros, que la empresa acató, por lo que el importe final descendió un 40%. Ocurrió lo mismo en un centro de Collblanc, uno de los cuatro a los que el ayuntamiento ya no quiere seguir enviando familias, tras una inspección en junio de 2024. En noviembre de este año, Inspección constató que faltaban calendarios laborales, tampoco había medidas para compensar los excesos de jornada ni registros del horario laboral e impusieron una multa de 2.451 euros, que terminó con una rebaja porque la empresa aceptó pagarla. "En un año hemos pasado más de 40 inspecciones laborales", responde el director del grupo, Daniel Villergas. Remacha, además, que han cambiado de empresa que gestiona los riesgos laborales: "Había cosas que no sabíamos y también hemos aprendido".

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