Catalunya publica un protocolo con consejos para acompañar al alumnado que pasa por un proceso de desahucio

La pobreza infantil en Catalunya alcanza el 35%, escalando hasta el 44% en los hogares monomarentales; más de un 10% de niños viven en infraviviendas y en casi un 70% de desahucios hay menores. El contexto ha sido mil veces contado, pero no por ello es menos demoledor. "Hasta ahora los maestros habíamos sido espectadores de todo esto, pero hemos dicho basta. Ya no queremos serlo más. Queremos tomar partido y posicionarnos al lado de nuestro alumnado y sus familias", señalaba a finales de enero Eva Montanet, maestra del instituto escuela Trinitat Nova de Barcelona en una entrevista con este diario el día de la presentación de la plataforma 'Docents 080 pel dret a l'habitatge digne', desde la que defienden que el derecho a la educación no puede desvincularse del de la vivienda.

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Con ese empeño y tras semanas tejiendo alianzas, en las que se han creado grupos similares en varios municipios catalanes -de Salt (donde prendió la mecha) hasta Sabadell- la PAH, el Sindicat de Llogateres y los sindicatos CGT y USTEC han presentado este viernes el protocolo 'Senes habitatge no hi ha educació', en el que se ofrece especialmente al profesorado, cuando está abierto a toda la comunidad educativa, herramientas para detectar, acompañar y asesorar al alumnado en riesgo de perder la vivienda. "Nos negamos a desentendernos de nuestro alumnado y sus familias", ha resumido el sentir de los impulsores de la iniciativa Cristina Martín (USTEC) durante la presentación, en el instituto Consell de Cent de Barcelona.

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El profesorado insiste en que la situación de pobreza y emergencia de la vivienda afecta directamente a los alumnos en su proceso de aprendizaje, la convivencia en las aulas y aumenta el deterioro de su salud mental y física. El objetivo es "unificar" la respuesta que ya se está dando desde escuelas e institutos.

Detección en el aula

Así, el protocolo se presenta como una "propuesta organizativa" que tiene como objetivo, en primer lugar, la detección de la vulnerabilidad; una vulnerabilidad que se expresa a través de indicadores que van desde observar que un niño no lleva bocadillo a la hora del patio hasta que cambie de domicilio de forma constante, falte a clase, baje su rendimiento escolar o empeore su conducta. Tras la detección, el protocolo habla de una fase de respuesta, que abre dos vías: la institucional, que es la que ya se lleva a cabo, y la "colectiva". Este segundo camino, en paralelo al primero, que no se abandona, explican sus impulsores, se busca "la interrelación entre los centros escolares catalanes y las entidades en defensa de la vivienda". De ahí que la plataforma incluya un directorio de las plataformas ciudadanas.

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Lo denunciado durante las últimas semanas por los colectivos de docentes es una realidad palpable en los centros educativos desde hace algunos años, de la que es consciente la propia conselleria. En la rueda de prensa de presentación de la preinscripción para el próximo curso escolar celebrada este febrero en el Departament d'Educació i FP, la consellera Esther Niubó apuntó que en la planificación escolar del 25-26 por primera vez se ha tenido en cuenta la matrícula viva, en muchas ocasiones vinculada a los desplazamientos forzados de la población vinculados a la precariedad residencial, un elemento a tener en cuenta para entender la complejidad de la escuela catalana.

"Ante esta situación, el papel que tomamos los centros educativos como espacio de confianza, comunidad y acompañamiento es muy importante para ayudar a las familias que se encuentran en situaciones límite de seguridad residencial", han explicado desde la plataforma, que apuntan que "una buena transmisión de información es un paso imprescindible para romper el aislamiento que a menudo viven las familias cuando se encuentran en estas situaciones".