Política penitenciaria
El Parlament insta al Govern a que pruebe las pulseras electrónicas para reducir los ingresos en prisión preventiva
Otra de las propuestas es que se impulse de manera "prioritaria" el régimen abierto para las presas con hijos sin familia en el exterior de forma que solo vayan a la cárcel a dormir
Los funcionarios de prisiones deberán pasar por una formación práctica de tres meses

Centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires.


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El Parlament ha aprobado este jueves una moción de los Comuns por la que insta al Govern a que analice en los próximos seis meses la viabilidad de desarrollar un plan para disminuir los ingresos en prisión preventiva a través de sistemas alternativos tecnológicos, como las pulseras electrónicas, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El uso de este aparato, que se colocarían en el tobillo o en la muñeca, permitiría al juez no tener que encarcelar al detenido a la espera de que se celebre el juicio. En la actualidad se utilizan brazaletes GPS para el seguimiento de algunas personas en libertad vigilada y pulseras telemáticas para internos que estén en régimen abierto o de semilibertad para controlar si está en su domicilio.
Un 20% de los reclusos están en prisión preventiva a la espera de juicio
Hace un año, la entonces consellera de Justícia, Gemma Ubasart, propuso un plan estratégico para descongestionar las cárceles y conseguir una rápida reinserción en la sociedad de las personas que delinquen. Una de las medidas estrella era la puesta en marcha de un plan piloto para el uso de pulseras electrónicas GPS de control como alternativa a la prisión provisional, lo que permitiría saber los movimientos de la persona que ha cometido un delito y poder evitar, con este sistema, el riesgo de huir.
A finales del 2024, en las cárceles catalanas convivían 8.042 reclusos, de los que 1.669, alrededor de un 20%, están en prisión preventiva a la espera del juicio. La moción presentada por el diputado de los Comuns y abogado, Andrés García Berrio, va en esta misma línea y ha sido apoyada por el grupo Socialistes i Units per Avançar, Junts, ERC y CUP.
La Cámara catalana también requiere al Govern que "garantice" recursos económicos o proyectos para las madres presas
El diputado de los Comuns también ha impulsado que el Parlament solicite al Govern que implemente otras medidas para mejorar no solo el sistema penitenciario con un plan de formación y práctica para los funcionarios, sino también el aumento de la aplicación del régimen abierto (ir solo a la prisión a dormir) o las penas alternativas a la prisión, como trabajos en beneficio de la comunidad. Solo una de las 18 propuestas ha sido rechazada. El resto ha tenido un amplio consenso.
"Valoro muy positivamente la aprobación de toda la moción porque permite tener una hoja de ruta para hacer más eficiente y garantista el modelo de ejecución penal. Por un lado, para volver a los índices anteriores de libertad condicional y tercer grados (régimen abierto) y por otro lado porque se da un impulso a las medidas penales alternativas. Además introduce un cambio muy sustancial en la formación de los funcionarios de prisión", ha asegurado a este diario el diputado Andres García.
Madres en la cárcel
La Cámara catalana también solicita al Ejecutivo catalán que promueva de "manera prioritaria" la aplicación de esta posibilidad para todas aquellas mujeres con penas privativas de libertad con hijos a su cargo, especialmente en casos donde, por falta de familiares en el exterior, es la DGAIA la que debe asumir la custodia. También pide que se "garanticen" recursos económicos o proyectos específicos destinados a estos casos para que esto sea posible y en cualquier momento de la condena, ya sea a través de entidades sociales o, "de forma prioritaria", llevada a cambo por el mismo Departamento de Justícia.
La Cámara catalana también ha requerido al Govern que estudie a lo largo de este año la creación de un circuito específico que garantice la necesaria agilidad en los procesos de solicitud, tramitación, concesión y pago del ingreso mínimo vital para las personas que cumplen una pena de prisión, con el objetivo de ayudar al proceso de reinserción social "en un momento complicado" para el recluso como es la reincorporación a la vida en libertad. Y es que los tiempos de espera actuales pueden suponer una complicación para el proceso de reinserción de los presos cuando vuelven a la calle.
La mediación
Otra propuesta que ha salido adelante es la ampliación de la formación a los profesionales de prisiones en mediación intercultural y el refuerzo de este servicio en los centros penitenciarios catalanes, a la vez que el Parlament insta al Ejecutivo catalán a que estudie las reformas necesarias en materia de extranjería para posibilitar la "efectiva reinserción social" de las personas que sin tener la nacionalidad española cuenten con un amplio arraigo social.
Los diputados piden al Ejecutivo catalán que lleve a cabo las acciones necesarias para hacer efectiva la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones
También se considera esencial la aprobación de un plan estratégico que propicie un nuevo modelo de acceso a las plazas de funcionario penitenciario en el interior de las cárceles. Este modelo pasaría por una formación inicial selectiva de la menos tres meses, seguido de un periodo de prácticas por el mismo periodo de tiempo. Las personas que superen esta primera fase, según la moción aprobada este jueves, tendrán un sistema de tutoría periódica durante otros seis meses para reforzar su capacitación. Esta preparación se realizará en un centro de formación. Respecto a los funcionarios, se ha admitido una enmienda de Junts para que se impulse durante este año las acciones necesarias ante el Gobierno español para hacer efectiva la jubilación anticipada para los empleados públicos del sistema penitenciario.
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