Catalunya da luz verde a la ley del amianto, que prevé multas de hasta 100.000 euros si no se retira el material

El Parlament ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para la erradiación del amianto, una normativa que tiene como objetivo eliminar este material tóxico de todos los edificios de Catalunya y que prevé sanciones de hasta 100.000 euros para propietarios que incumplan las órdenes de retirada. Después de varios retrasos y muchos años de trabajo e insistencia por parte de entidades vecinales y asociaciones de afectados, la futura ley supera el primer examen de la cámara catalana, después de que ningún grupo haya presentado enmiendas.

Ahora empiezan los trámites para que este texto legal entre en vigor y se desarrolle el reglamento normativo pertinente. Algunos diputados han planteado la posibilidad de que se haga por la vía de urgencia, para que el proceso no se alargue más de un año.

Plataformas como la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) o los Jubilados de Macosa-Alstom se han mostrado satisfechos por el resultado de la votación, pero reclaman acelerar los próximos pasos para que esta ley sea una realidad cuanto antes. También Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès, una ciudad construida casi en su totalidad con fibrocemento, ha celebrado este paso adelante.

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El amianto se utilizó masivamente en la construcción entre los años 1950 y 1990 y se prohibió en 2002 por la amenaza que supone para la salud. Sin embargo, todavía quedan entre 1,5 y 2 millones de toneladas de este material en Catalunya que deberán ser erradicadas antes de 2032. “Esta realidad nos obliga a actuar con firmeza. No es solo una cuestión de salud pública, sino también medioambiental”, ha subrayado Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Tanto la consellera como los diputados de la mayoría de partidos han destacado que esta ley representa un compromiso con las familias afectadas para garantizar un futuro libre de amianto. Paneque sostiene que esta ley no solo responde a una necesidad sanitaria y ambiental, sino que también es un acto de justicia para las personas que han perdido la vida por la exposición al amianto.

La nueva normativa, que fue impulsada por el Govern de Pere Aragonès y que el Ejecutivo de Salvador Illa ha mantenido en su totalidad, establece un marco legal claro para la retirada progresiva y segura del amianto. Entre sus principales medidas, contempla la creación de un censo catalán de materiales con amianto, inspecciones para garantizar el cumplimiento de la ley, un fondo para la gestión y retirada de este material y campañas de sensibilización. Además, se exigirá un certificado de presencia de amianto en la compraventa y alquiler de inmuebles anteriores a 2002.

Tareas pendientes

Muchos ayuntamientos aún no han cumplido con los deberes y no han elaborado el censo local de amianto. Para que lo puedan llevar a cabo, se requerirá presupuesto, han recordado los diputados de Junts, Jordi Munell, y el del PP, Hugo Manchón. Tanto Esquerra Republicana como los Comunes han reivindicado el papel de los colectivos de trabajadores, que históricamente han sido los más afectados por el amianto.

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Otra asignatura por resolver, es la falta de espacio para almacenar todo el amianto que se retire. A día de hoy, el único depósito controlado existente apto para residuos peligrosos no tiene espacio para las toneladas de material que se pretenden eliminar. La ley no menciona la opción de ampliar este vertedero regulado, pero el Govern ya estudia esta posibilidad.

La implementación de estas acciones estará a cargo de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), que realizará inspecciones periódicas y aplicará sanciones a quienes no cumplan con la normativa. Otro aspecto que no se incluye de forma clara en la normativa es la respuesta al amianto subterráneo, presente en las cañerías de distribución de agua. Junts ha sostenido que también es necesario abordar su retirada.