Infancia y tecnología

Ley de protección digital de los menores: nuevos delitos contra el porno y regulación de ordenadores en clase

El Consejo de Ministros da luz verde al proyecto legislativo, que ahora seguirá tramitación en el Congreso y en el Senado

Como novedad, la difusión de material pornográfico entre niños y niñas estará sancionado por el Código Penal y los jueces podrán interrumpir el servicio digital a las plataformas que ofrezcan contenidos inadecuados

Una estudiante consulta su móvil, en las inmediaciones de un instituto de Barcelona.

Una estudiante consulta su móvil, en las inmediaciones de un instituto de Barcelona. / Ferran Nadeu

Olga Pereda

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Madrid
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En enero de 2024, el presidente del Gobierno anunció una nueva ley para proteger a los menores del porno 'online', que se ha convertido en un fallido educador ante la falta de una buena educación afectivo-sexual en casa y en la escuela. Esa norma está hoy un poco más cerca de ser una realidad. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de protección digital de los menores, que desembarcará ahora en el Congreso y en el Senado, donde le espera un largo recorrido hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor. La intención de la futura normativa -en la que han intervenido los ministerios de Juventud e Infancia, Igualdad, Presidencia y Justicia, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Transformación Digital- no es restringir derechos sino salvaguardarlos.

El texto incluye un nuevo delito: facilitar y poner a disposición de los menores contenidos pornográficos. No solo se modifica el Código Penal, sino también la ley del poder judicial y la de jurisdicción contencioso-administrativo para que los jueces estén capacitados para interrumpir el servicio digital a las plataformas que ofrezcan "acceso ilimitado" a contenidos inadecuados (es decir, pornográficos) a niños y niñas. Otra posibilidad será ordenarles la retirada de ese contenido. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que la acción judicial se podrá llevar a cabo aunque la plataforma esté ubicada fuera de nuestras fronteras dado que la futura normativa aspira a tener réplica en otros países europeos.

La norma también incluirá la obligación de que los nuevos dispositivos digitales que se fabriquen incluyan un control parental por defecto, que será activado en el momento de la configuración del aparato con el fin de limitar el acceso de menores a contenidos, servicios o aplicaciones inadecuadas.

Este control parental que vendrá de fábrica en los nuevos dispositivos será gratuito y fácil de manejar e incluirá un etiquetado que explique los peligros y riesgos potenciales de un uso inadecuado de estos productos y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad. Bolaños, ha incidido en que de no cumplir con esta obligación habrá "sanciones" y ha recalcado que "se acabaron los sistemas de control parental que no controlan nada, deben ser efectivos".

La norma también pone el foco en el uso de pantallas en las aulas. Así obligará a que los centros educativos regulen expresamente el uso de los dispositivos móviles y digitales (móviles, tablets y ordenadores), tanto en aulas como en actividades extraescolares, teniendo en cuenta la normativa autonómica educativa existente o la que deba aprobarse.

Resumimos a continuación las principales medidas que recoge el texto.

El proyecto nace de una preocupación social: el fácil acceso de los menores al porno 'online', a menudo, muy violento y denigrante con las mujeres. Según el último estudio del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, la edad media del primer contacto con estas imágenes son los 13 años. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó, en julio de 2024, la aplicación para móviles 'Cartera digital beta', el sistema de verificación de la edad para limitar el acceso de menores a este tipo de contenidos. Se trata de un mandato no solo de la futura ley de protección digital a los menores sino de la actual normativa audiovisual, que ya pide a las webs de contenidos para adultos que sus usuarios acrediten su mayoría de edad. Actualmente, eso se hace, simplemente, apretando el botón de "sí, soy mayor edad".

El debate sobre la restricción a la pornografía de los menores no solo se está dando en España sino en toda la UE, que en 2027 convertirá en obligatorio los sistemas para comprobar la edad. Sin embargo, a pesar de que fue anunciado a bombo y platillo, ahora mismo no hay ninguna novedad sobre 'Cartera digital beta' ni fecha para su lanzamiento definitivo.

El texto aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros incluye un nuevo delito: facilitar y poner a disposición de los menores contenidos pornográficos. El texto modifica no solo el Código Penal sino también la ley del poder judicial y la de jurisdicción contencioso-administrativo para que los jueces estén capacitados para interrumpir el servicio digital a las plataformas que ofrezcan "acceso ilimitado" a contenidos inadecuados (es decir, pornográficos) a niños y niñas. Otra posibilidad será ordenarles la retirada de ese contenido. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la acción judicial se podrá llevar a cabo aunque la plataforma esté ubicada fuera de nuestras fronteras dado que la futura normativa -para la que el Gobierno ha consultado con la UE- aspira a tener réplica en otros países europeos.

Todos los fabricantes de tecnología, desde móviles hasta tabletas, ordenadores y televisiones ‘inteligentes’, estarán obligados a incluir en los dispositivos un sistema de control parental, que será gratuito para los usuarios. Presuntamente, será tan sencillo como activar el control parental una vez que se compra y configura por primera vez un móvil -o cualquier otro aparato- que vaya a ser usado por un menor. Las familias entregan el primer teléfono con acceso a internet a los 11 años, según un estudio de Unicef. Ahora mismo son las madres y los padres y no los fabricantes los que tienen que instalarlo, un paso que suele ser bastante farragoso y no siempre gratuito. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros esta mañana, "todos los dispositivos incluirán un etiquetado entendible que explique los peligros y los riesgos potenciales de un uso inadecuado y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral" de la infancia. Si un fabricante no incluye control parental (o no es efectivo) será sancionado, según ha matizado Bolaños.

Cuando la norma se apruebe, la edad para consentir el tratamiento de datos de carácter personal -un paso necesario, por ejemplo, para registrarse en una red social- pasará de 14 a 16 años. Es decir, si un chaval menor de 16 años quiere tener perfil en redes, deberá pedir consentimiento previo a su madre, padre o tutor. La norma también vetará que los menores de edad usen las conocidas como 'cajas botín' ('loot boxes'), un mecanismo muy frecuente en videojuegos para acumular recompensas virtuales.

Las 'cajas botín' son mecanismos cuya naturaleza y diseño suponen, en muchas ocasiones, el primer contacto por parte de menores de edad con juegos de azar a cambio de dinero, algo que puede suponer una "normalización" de este tipo de productos. Es un problema que, según la Dirección General de Ordenación del Juego, se da cada vez en edades más tempranas. Casi un 24% de menores de entre 15 y 17 años adquirieron 'cajas botín' en el último año. Estas 'cajas 'aparecen como un recurso aleatorio que las empresas de videojuegos usan para ofrecer un acceso exclusivo a ciertos contenidos a cambio de un pago. Por ejemplo, permiten desbloquear nuevos personajes, ampliar el repertorio o adquirir cartas virtuales. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho hincapié en los efectos lesivos de estas prácticas, que funcionan con la lógica de las máquinas tragaperras y pueden provocar adicción.

La nueva ley también tratará de combatir el acoso escolar 'online' con la creación de una figura jurídica nueva: la orden de alejamiento virtual. El tipo penal permitirá que los tribunales ordenen, una vez que haya sentencia condenatoria, que el agresor del menor (ya sea un familiar maltratador o un compañero acosador de clase) no pueda dirigirse a él ni en las redes sociales ni en ninguna plataforma web. La futura legislación también incluirá otros delitos de nueva creación. Uno de ellos serán los 'deep-fake' o las ultrafalsificaciones de contenido sexual. Es decir, las falsificaciones de imágenes o voces, manipuladas de forma extremadamente realista con Inteligencia Artificial (IA), como ocurrió en 2023 con unas fotos manipuladas de desnudos de niñas en un chat de chicos de entre 12 y 14 años en Almendralejo (Badajoz).

En los delitos contra la libertad sexual, también será agravante el 'grooming', la falsificación de la edad y la identidad por parte de un adulto para entrar en contacto virtual con un menor de edad de cara a, posteriormente, mantener un acercamiento físico, incluso sexual.

La ley no será algo aislado sino que formará parte de toda una estrategia en la que se incluirá medidas de alfabetización digital para que los niños y las niñas tengan herramientas para poder navegar sin riesgos en internet y, entre otras cosas, sepan distinguir qué es una información falsa o un peligro 'online'. No habrá una asignatura concreta, pero la alfabetización digital será una enseñanza transversal en las escuelas y el objetivo será brindar a los menores autonomía para funcionar bien en el ámbito digital. El texto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros insta a todos los centros de infantil, primaria y secundaria (tanto obligatoria como posobligatoria) a regular el uso de dispositivos (los móviles ya lo están, así que ahora llega el turno de ordenadores y tabletas) de acuerdo con las normativas autonómicas "que ya existen o que tendrán que existir", en palabra del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Esta regulación no solo se hará extensiva al horario lectivo sino también a las extraescolares que se impartan en el centro.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha añadido que también se organizarán escuelas de madres y padres para fomentar el uso responsable de la tecnología.

Los profesionales de la atención primaria, a la hora de las revisiones médicas rutinarias (llamadas del niño sano), deberán incluir preguntas para deducir si el menor tiene un "uso problemático o adictivo" con alguna aplicación o dispositivo. Esto es algo que ya se hace en muchos centros de salud, donde el personal de pediatría pregunta a los niños y niñas cuántas horas están delante de alguna pantalla. La ley dicta que se haga en la totalidad de centros y con algunas preguntas concretas. Dado que las adicciones son "cada vez más frecuentes", el Gobierno anunció la creación de centros especializados para afrontar y tratar estas patologías.