El 90% de jóvenes extutelados que siguen recibiendo apoyos en Catalunya estudian o trabajan

"Creo que si no hubiera decidido empezar a estudiar para ser soldador, ahora estaría durmiendo en la calle", se sincera Allidu Adamu, un joven de 23 años que emprendió el durísimo camino para llegar hasta Barcelona desde Accra, la capital de Ghana. Es uno de los 5.500 extutelados a los que la Generalitat sigue atendiendo una vez cumplida la mayoría de edad y hasta los 23 años, 24 en caso de que estén estudiando. La práctica mayoría percibe una paga de 600 euros mensuales y solo el 30% accede a las ayudas de vivienda, gestionadas por la red de entidades para la emancipación juvenil, unidas bajo las siglas FEPA. Esta plataforma ha encuestado a más de 3.000 jóvenes de entre 16 y 23 años asistidos por la Administración y la estadística revela que el 90% estudian o trabajan. De hecho, un 22% compagina el empleo con los estudios.

Adamu decidió salir de casa cuando tenía 16 años. "Quería ayudar a mis padres, en casa somos cuatro hermanos y todos estábamos estudiando. Pensé que si iba a Barcelona a jugar a fútbol podría resolver los problemas de mi familia". Prefiere no hablar de todo lo vivido en la ruta de 5.000 kilómetros que separa su casa de la costa de Libia, atravesando Togo, Burkina, Malí y Níger. "Yo sólo era un niño. Traficaban con nosotros como si no fuéramos personas", recuerda. En Líbia se tiró al mar en una patera y fue rescatado en Lampedusa (Italia). Vivió un año en los centros de menores de Italia. "En el primer centro estaba muy bien, en el segundo no", explica el joven, que llegó a denunciar sus pésimas condiciones ante las autoridades policiales.

"Los chicos quieren ponerse a trabajar enseguida pero es importante parar y estudiar primero, el dinero ya llegará"

Allidu Adamu, 23 años

— Extutelado de la Generalitat

A los 17 años dejó el sistema de protección italiano y llegó a Barcelona en autobús. "Tuve suerte de que llovía y no había controles policiales para devolverme a Italia", relata. Ya en la capital catalana, durmió en la calle hasta que se presentó en una comisaría de los Mossos. Pasó las pruebas médicas de determinación de la edad y el Govern lo acogió en el sistema de protección, en un centro de Arenys de Mar (Maresme). Dice sentirse afortunado porque a los 18 años el Govern no le dejó en la calle. "Me dijeron que si quería estudiar me acogían en un piso de mayores". Y así fue, hasta hoy. Ha cursado un Programa de Formación e Inserción (PFI) de soldadura y ha avanzado por la Formación Profesional con un grado medio y un grado superior de la misma especialidad.

La formación

El 46,9% de los jóvenes migrantes acogidos en programas como éste están estudiando. La mayoría han hecho PFI o formación básica (26,1%), formación no reglada con certificado profesional (20,3%), un ciclo formativo de grado medio (19,2%) o formación básica en la escuela de adultos (18,7%). Solo el 6% ha logrado llegar al ciclo superior, como Adou, y tan solo el 4% se ha sacado la ESO. Menos del 2% ha llegado a la universidad o ha hecho el bachillerato.

Y es que la formación es el gran talón de Aquiles de la acogida de los niños migrantes. "Los chicos quieren ponerse a trabajar enseguida pero es importante parar y estudiar primero, el dinero ya llegará", avisa el joven.

Él estuvo compaginando estudios y trabajo durante dos años, le contrataron al terminar las prácticas del curso de grado medio. Se levantaba a las tres de la madrugada, a las seis empezaba su jornada en Badalona, estudiaba el grado superior en Barcelona y regresaba a casa pasadas las once. "Fue una época muy dura, pero al menos me sirvió para devolver todas las deudas del camino y pude ayudar a mi familia", cuenta.

Como él, un 22,10% de jóvenes migrantes extutelados compaginan trabajo y estudios. "Es importante aguantar un tiempo y centrarse en estudiar para conseguir un buen empleo, si no es imposible alquilar un piso", resume Adamu.

El efecto del cambio en extranjería

La encuesta de FEPA también refleja que el 46% de estos jóvenes están trabajando. Es casi el doble, si lo comparamos con la cifra del 2020 (27%), cuando el Gobierno no facilitaba permisos de trabajo a los jóvenes migrantes extutelados. "El impacto de la reforma del reglamento de la ley de extranjería ha sido espectacular, porque antes querían trabajar pero no podían. Esto tiene un beneficio enorme para no convertirse en ciudadanos de tercera o de cuarta categoría sin ningún tipo de derecho", explica Jordi Sàlvia, presidente de la federación. "Este país, sin inmigrantes, está perdido. Nosotros estamos aquí para hacer el trabajo que la gente de aquí no quiere hacer", reivindica Adamu.

Entre los que trabajan, el 60% lo hace a jornada completa; el 22%, a jornada parcial; el 12%, partida y el 5% trabaja de noches, fines de semana y festivos o en jornada reducida. El 48,4% tiene un contrato a tiempo parcial; el 34%, indefinido y un 10% está en prácticas.

"Estos datos nos revelan que es clave ofrecer vivienda y apoyos más allá de los 18 años. Si les obligamos a emanciparse a los 18, cuando el resto de la sociedad lo hace a los 30, eso nos puede traer resultados nefastos", añade Sàlvia, que indica que Catalunya es prácticamente la única comunidad que ofrece este apoyo más allá de los 18, aunque el resto de comunidades deberían aplicar este mismo modelo.

"Es clave ofrecer vivienda y apoyos más allá de los 18 años. Si les obligamos a emanciparse a los 18, cuando el resto de gente lo hace a los 30, eso puede tener resultados nefastos"

Jordi Sàlvia

— Presidente de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA)

Sàlvia apunta que el próximo reto es lograr formarles y que accedan a trabajos menos precarios. "Es cierto que tienen ingresos, pero muchos de ellos son trabajadores pobres, con empleos precarios. Debemos formarles, dado que muchos no tienen un buen nivel académico, para que accedan a empleos cualificados", insiste Sàlvia. "Ahora el reto es saber si se podrán seguir formando y evolucionarán en el mercado de trabajo o se quedarán en la franja baja", indica Carme Montserrat, responsable del grupo de investigación en infancia, juventud y comunidad (Liberi) de la Universitat de Girona.

A Adamu, ahora le preocupa el techo. Teme que en los próximos meses le toque abandonar el piso de autonomía donde vive, aunque la entidad que le acoge, Camins, le ha dicho que pueden esperar. "Aunque tengas nóminas, empleo... da igual. La gente no quiere alquilar vivienda a los subsaharianos", explica en un catalán impecable, que aprendió gracias a un proyecto con mentores de la entidad Punt de Referència. Se ha acostumbrado a las miradas de odio y de desconfianza, y a que le revisen de arriba a abajo cada vez que va a comprar en un supermercado, temiendo que haya robado. "Se piensan que como soy subsahariano soy un ladrón", se queja. "No hay ni un estudio que demuestre los perjuicios que nos pueden aportar estos menores. Al contrario, son un beneficio para nuestra sociedad", defiende Montserrat.

Hoy Adamu sigue estudiando. Sueña en convertirse en el primer bombero ghanés de la Generalitat. En el futuro, espera reagrupar a sus padres y sus dos hermanos a Barcelona. "Si están conmigo, ya no me faltará nada".