Fiscalía pide 20 años de prisión para el enfermero de los Jesuïtes de Casp, en Barcelona, por abusos sexuales a niñas

Tenían 6 o 7 años cuando entraban a la enfermería del colegio de los Jesuïtes de Casp, en Barcelona, para pasar una revisión médica. Corrían los años 2001 y 2002. Las dos niñas (ahora mujeres) esperaban en fila hasta que las hacían pasar a una dependencia donde las medían. Después accedían a otra sala más reducida en la que se encontraba Amado Ardid Galve, quien ejerció de enfermero hasta 2010. Tras pesarlas en una báscula, el religioso indicaba a las menores que se estiraran en una camilla pegada a la pared donde, según la fiscalía, abusó sexualmente de ellas.

La fiscal de Barcelona Alexandra García Tabernero, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, reclama para Amado Ardid, ahora jubilado, 20 años de cárcel por dos delitos de abusos sexuales (10 por cada uno) con la agravante de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como el pago de una indemnización a cada una de las denunciantes de 35.000 euros por lesiones psíquicas y daños morales.

La fiscal señala a la Compañía de Jesús y la Fundació Jesuïtes Educació como responsables civiles subsidiarios, por lo que, en el supuesto de que el procesado sea condenado y no puede desembolsar esta suma, estas entidades deberán hacerse cargo. Se trata del caso penal más grave que afronta la orden y una de las peticiones fiscales más elevadas contra un religioso. En el escrito se menciona el documental “La Fugida”, una producción de TV3, Pi Studio (Prensa Ibérica, editora de EL PERIÓDICO) y la productora Ottokar, en la que se revelan otras agresiones sexuales cometidas por religiosos en el colegio Casp.

Otras cuatro exalumnas también han denunciado al acusado, aunque su caso no llegará a juicio porque el delito ha prescrito

Aunque a juicio solo irán dos presuntos abusos sexuales, en el escrito de acusación figuran las denuncias de otras cuatro exalumnas, aunque sus casos no han podido seguir adelante al estar prescrito el delito. Sin embargo, la fiscal pide que se las cite como testigos para reflejar el modo de actuar del religioso procesado, quien, a su entender, se “aprovechaba” de las revisiones médicas y de la “ascendencia y preeminencia” sobre las niñas, por su condición de hermano y enfermero, para presuntamente abusar de ellas. Ardid ha negado ante el juez las acusaciones.

El protocolo

La fiscal precisa que el colegio Jesuïtes de Casp cuenta desde 1980 con un protocolo de medicina escolar que incluye revisiones médicas a los alumnos de la desaparecida EGB y después Educación Primaria. Estos exámenes son preventivos y orientados, según este protocolo, a detectar “desviaciones de la normalidad”. El equipo sanitario de este colegio estaba formado por un médico y el procesado, que permanecía en la enfermería a jornada completa, por lo que, más allá de las revisiones, los alumnos acudían a él cuando se encontraban mal o se lesionaban durante el recreo. Entre los escolares se popularizó la expresión “ir al Amado” o la respuesta del acusado a dolencias leves: “hielo y reposo”.

A partir del año 2000, subraya la fiscal, el médico de la escuela dejó de estar presente en las revisiones que el procesado hacía a niños y niñas. Algunas exploraciones las podía practicar, según el protocolo, el enfermero (peso, talla, tensión arterial), pero otras, como la revisión genitourinaria, únicamente podía llevarlas a cabo el médico. “El procesado no podía realizarla bajo ningún concepto”, precisa la acusación pública, quien, además, argumenta que este examen genitourinario “carecía de sentido” en niñas que cursaban primero o segundo de Educación Primaria (como las víctimas), pues “rara vez” presentan problemas de salud sexual o genital detectable entre los 6 o 7 años. Sí se recomienda, en cambio, en los niños un exploración para comprobar si tienen, por ejemplo, fimosis.

La “única persona” que podía efectuar una exploración genitourinaria a las alumnas, recalca la fiscal, era el médico del colegio y no el enfermero

Sin embargo, el “único” que podía efectuar esta exploración genitourinaria, recalca la fiscal, era el médico del colegio y, en el caso de las niñas, debía ser “meramente visual”, sin implicar ningún tipo de contacto físico con los genitales de la menor. La presencia de flujo en las alumnas se valoraba, explica el escrito, solo a través de las preguntas que empezaban a hacer a partir del quinto curso de Primaria, cuando ya tenían 10 o 11 años.

A solas con el acusado

Es precisamente en el contexto de estas revisiones médicas y “en distintas ocasiones”, relata la fiscal, cuando el procesado hacía pasar a niñas de 6 o 7 años a la enfermería, donde “les hacía quedarse en ropa interior”. Posteriormente, se dirigían a una sala más pequeña y se quedaban a solas. “Una vez en dicha estancia, a puerta cerrada y sin la presencia de ningún otro adulto”, el religioso pedía a las niñas que se tumbaran en la camilla y, en el caso de las denunciantes, les realizaba tocamientos en la vulva y les llegaba a introducir dedos en la vagina.

Según la fiscal, las menores ni siquiera podían comprender "la significación y la gravedad" de lo que el procesado les hacía, por no mencionar "sus escasas posibilidades de defensa y escapatoria"

La acusación pública destaca que el procesado "era perfectamente conocedor" de que las víctimas eran menores y que con "su acción no perseguía otro fin que la satisfacción de un propósito libidinoso”. Su escrito agrega que el enfermero se “aprovechaba de forma consciente” de la corta edad de las niñas, la cual les “impedía en muchos casos comprender siquiera la significación y la gravedad de lo que el procesado les hacía, por no mencionar sus escasas posibilidades de defensa y escapatoria”.

Dificultad de denunciar

La fiscal agrega que Ardid, por su formación y al haber colaborado en la implantación del protocolo sanitario, conocía “sobradamente” que la revisión de los órganos genitourinarios competía “de forma exclusiva al médico, jamás a un enfermero”. “No existía ni existe ninguna actuación en la praxis médica, dentro del marco de las tareas profesionales de un ATS o diplomado en enfermería, que incluyera la exploración, por parte de este, de los genitales femeninos de una niña, ni la introducción total o parcial de los dedos en la cavidad vaginal de esta”, incide.

El escrito de acusación precisa que las víctimas han tardado años en denunciar estos hechos ante la policía “por la dificultad que conlleva gestionar su recuerdo y afrontarlo con las necesarias fuerzas". Las dos mujeres que llevan a juicio al jesuita sufren síntomas psíquicos y han necesitado acudir a terapia. Una de ellas, añade el texto, arrastra “la misma sensación de culpa y vergüenza” que sintió en la enfermería del colegio y agradecería “unas disculpas” por parte del colegio. Según la fiscal, lo que esta mujer espera del juicio es que Ardid pase “la vergüenza” que ella sufrió cuando solo era una niña y “él la tumbó en aquella camilla”.

Por su parte, la Compañía de Jesús afirma que ha impuesto al acusado restricciones de movimiento y de contacto con menores, una de las medidas cautelares que se activan ante causas judiciales por abuso sexual de menores. Ante eventuales procesos de asunción de responsabilidades y de restauración como el que está siguiendo el jesuita Francesc Peris, la compañía se mantiene “a la espera de que concluya el recorrido judicial”.

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