Las mafias se aprovechan del registro de parejas de hecho catalán para cometer fraudes de extranjería

Hace un año, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal presuntamente dedicada a concertar parejas de hecho en Catalunya de manera irregular entre españoles y ciudadanos marroquís o argelinos para conseguir así el permiso de residencia como familiar de comunitario. Se detuvo a 11 personas en Barcelona y Girona acusadas de inscribir, como mínimo, a 77 parejas de hecho fraudulentas. La banda pagaba 8.000 euros a ciudadanos españoles por inscribirse como pareja de migrantes en situación irregular. A estos la red les exigía 12.000 euros para gestionar la inscripción en registros oficiales para, una vez formalizada la pareja de hecho, regularizar su residencia.

Catalunya fue la comunidad con más uniones de este tipo (27.955), seguida a mucha distancia por Comunidad Valenciana (2.235), Aragón (1.339) y Andalucía (839)

Esta operación policial ha sido una de las más importantes contra el fraude en la regularización de extranjeros usando la vía de la pareja de hecho y el arraigo familiar, sin embargo la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional de Barcelona alerta de que hay muchos más casos de emparejamientos irregulares que no siempre tienen una banda organizada detrás.

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Grupos organizados se dedican a facilitar la inscripción de una unión entre un español y un extranjero para regularizar la situación en España

A diferencia de lo que sucede en otras comunidades, más estrictas, en Catalunya es posible hacerse pareja de hecho simplemente acudiendo a un notario con testigos y una hoja de empadronamiento que especifique que se convive en el mismo domicilio. El Código Civil catalán permite incribirse en el Registro de Parejas Estables si se cumple solo uno de estos tres requisitos: convivir durante más de dos años, tener un hijo en común o haber formalizado la unión por escritura pública ante un notario.

Es precisamente el último supuesto, el de unión ante notario, el que abre la puerta a posibles fraudes. Los agentes han detectado a numerosas parejas de hecho que consiguen este documento notarial aportando solo el padrón, que refleja poco tiempo de convivencia, y dos testigos que acrediten la unión. "Muchos de los contrayentes no hablan el mismo idioma entre ellos y necesitan un intérprete ante el notario, que suele ser uno de los testigos", explican investigadores de la Policía Nacional, que subrayan que algunos de los traductores firman como testigos en varios enlaces de este tipo.

La Policía apunta que los pocos requisitos que Catalunya pide para ser pareja de hecho ante notario facilitan este tipo de fraude

Una vez se tiene esta escritura pública, la unión se inscribe en el registro de la Generalitat y se puede acudir a la Subdelegación del Gobierno para tramitar la residencia en España por arraigo familiar. Se trata de un permiso de residencia con una validez de cinco años y que lleva siempre aparejado un permiso de trabajo.

El perfil de pareja de hecho fraudulenta es el de una española joven y un hombre del norte de África de entre 40 y 50 años

Según datos de la Delegación de Gobierno en Catalunya, en 2022 se registraron unas 16.000 parejas de hecho mientras que en 2024 fueron más de 25.000, un aumento del 56,2%. La mayoría no son fraudulentas, ya que muchas parejas optan por esta vía para formalizar su unión, aunque se han detectado engaños con este trámite. Y según datos del Consejo General del Notariado, el 80% de las parejas de hecho que se constituyen ante notario en toda España lo hacen en Catalunya. El año pasado hubo 27.955 enlaces de este tipo en la comunidad catalana, seguida de Valencia (2.235), Aragón (1.339) y Andalucía (839).

Más facilidades en Catalunya

Desde la Policía Nacional se remarca que es más fácil cometer este tipo de fraude en Catalunya que en otras comunidades por los pocos requisitos que se tienen para registrarse como pareja de hecho ante notario. De hecho, han detectado que residentes en otros puntos de España, como Tenerife, Valencia o Melilla, se desplazan hasta aquí para formalizar las uniones.

Los agentes apuntan que no únicamente hay grupos organizados que se dedican a estas uniones irregulares (y que incluso captan a españoles en zonas de ocio), sino que a veces son particulares que se prestan a ellas a cambio de una compensación económica. En este sentido, los agentes recuerdan que los ciudadanos españoles que participan en estas prácticas ignoran los "derechos y obligaciones" que adquieren sus ‘parejas’ por esta unión legal, como cuestiones de herencia.

La Policía destaca que, a veces, las parejas que se presentan en sede notarial "está claro que no tienen un vínculo en común" y que el notario "da fe de lo que le dicen", ya que tiene muy pocas herramientas para comprobarlo antes de hacer una escritura pública. Pese a esto, la Ucrif actúa cuando desde la Subdelegación del Gobierno se les advierte de que algunos expedientes para tener la tarjeta de régimen comunitario por arraigo pueden ser fraudulentos, una vez la pareja de hecho está escriturada y registrada.

Hay elementos que hacen sospechar a la policía de una posible irregularidad en estas uniones como "incoherencias" entre el domicilio que acreditan en sus DNI y el que aparecen en el empadronamiento, o que la fecha del empadronamiento es la misma que la del registro notarial o que uno de los solicitantes ha intentado el registro anteriormente con otras personas.

Mujeres españolas, hombres marroquís

La mayoría de parejas de hecho fraudulentas presentan similitudes: "Acostumbran a ser chicas españolas jóvenes, nacidas en los años 2000, con un perfil socioeconómico bajo y que desconocen las consecuencias legales que tiene su decisión". Estas mujeres aceptan ser pareja de hecho de ciudadanos de países del Norte de África, principalmente Marruecos o Argelia. Se trata de hombres bastante mayores que ellas, de 40 a 50 años, pese a que a veces algunas organizaciones intentan buscar edades similares para que no se note el fraude. Hay menos casos identificados de parejas suramericanas porque éstas suelen buscar a personas del mismo origen que tengan doble nacionalidad, lo que facilita la unión, según cuentan a este diario los investigadores. 

Los intermediarios pueden ganar unos 11.000 euros en cada operación de pareja de hecho

La Policía Nacional cree que estas mujeres captadas por organizaciones cobran de media unos 1.000 euros por prestarse al trámite mientras que los hombres pagan unos 12.000. La diferencia se la quedan los intermediarios que ofrecen el servicio y no devuelven el beneficio conseguido aunque el trámite sea denegado. Algunas personas extranjeras que buscan fuera de estas bandas pueden pagar entre 4.000 y 4.500 euros por esta unión.

Los agentes también remarcan que estas personas que pagan cometen una falta administrativa y muchas veces desconocen la irregularidad mientras que las que cobran por prestarse a ser pareja de hecho les pueden atribuir un delito, que puede conllevar una condena. Por eso, quieren dejar claro que cuando encuentran a dos personas en esta situación se les intenta explicar que han cometido un fraude con importantes consecuencias legales para que ayuden en la investigación contra estas mafias que forman los intermediarios. "Hay muchos que se aprovechan de la desesperación de la gente por conseguir regularizar su situación y por eso les cobran esas cantidades", remarcan los policías.

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Cada solicitud de residencia por arraigo es examinada por la Subdelegación del Gobierno y en las que sospecha de fraude solicita un informe a la Policía Nacional. Para elaborarlo, la Policía entrevista a cada uno de los miembros de la pareja por separado para descubrir si se trata de una falsa unión. Incluso, se les visita en su domicilio. El objetivo es evitar que se use este registro como un "coladero" de parejas irregulares. En la mayoría de casos suelen coincidir estas dudas de la Administración con un informe desfavorable.

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