Solo 31 de los 2.650 menores migrantes atendidos en Catalunya en 2024 llegaron del reparto de Canarias y Ceuta

En los dos primeros meses de 2025, la Conselleria de Drets Socials ya ha atendido a 437 niños y adolescentes migrantes que han llegado solos a Catalunya. Son unas 200 llegadas nuevas al sistema de protección de menores si tenemos en cuenta los datos de los últimos tres años, que coinciden con el inicio de la crisis migratoria en Canarias. En todo el año pasado, la Generalitat atendió a 2.650 menores migrantes que entraron solos, de los que tan solo 31 procedían del reparto de Canarias y Ceuta, lo que demuestra que los traslados de menores migrantes desde estas comunidades apenas representan el 1% del total, y que la inmensa mayoría de los adolescentes migrantes atendidos por la Generalitat llegan de motu proprio. Fuentes del sistema creen que el pacto entre Junts y PSOE tendrá un nulo impacto en el día a día del sistema de protección: "Lo que necesitamos es que se haga una buena detección desde Canarias", apuntan fuentes de la Generalitat.

En 2024, la conferencia sectorial de comunidades autónomas sobre inmigración pactó que 21 menores atendidos en Canarias y 10 de Ceuta debían trasladarse a Catalunya. Estos menores llegaron en un vuelo, con un listado con nombres y apellidos, edades, evaluaciones sanitarias y necesidades detectadas y acompañados en todo momento de educadores sociales. De hecho, estas llegadas se escalonaron las llegadas para garantizar que habñia suficientes plazas en los centros de menores disponibles. ´"Fue una llegada plácida", cuentan fuentes conocedoras de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat.

Representan tan solo el 1% si los comparamos con los 2.612 menores migrantes solos sin referentes adultos que fueron llegando a lo largo del año pasado a Catalunya, y los más de 400 que ya lo han hecho en los dos primeros meses de este 2025. Unas llegadas que ni se pueden planificar, ni mucho menos detener. Cada semana, desde hace tres años, la Generalitat acoge una cincuentena de menores que llegan en Catalunya sin que nadie se haga cargo de ellos. No atender a estos menores significaría incumplir la legislación española, sino también los derechos humanos fundamentales. La cifra, sin embargo, es mucho más baja que la que se dio en 2018, que en algunos meses llegó a superar las 600 llegadas. A diferencia de entonces, que la mayoría eran marroquíes, la mitad de estos adolescentes provienen del África subsahariana, y un 43% llegan del Magreb. El 80% tienen de 16 o 17 años cuando llegan a Catalunya.

Las llegadas de improvisto

"La mayoría son adolescentes que pasan inadvertidos en Canarias por la saturación del sistema, allá los tratan como adultos, y luego vienen en avión hasta Catalunya", explican. A veces, llegan como adultos en los centros de atención humanitaria y cuando están a punto de ser expulsados de los hoteles explican que en realidad son menores de edad. Otras, lo hacen de motu propio. En otras ocasiones, son las redes de tráfico de personas que les indican la ruta a seguir e incluso les ofrecen pasaportes de otros países con edades que no se responden con la realidad. "Hemos visto hombres con canas diciendo que eran menores, incluso una vez un chico blanco vino con un pasaporte de Gambia cuando en realidad era un joven lituano mayor de edad que se había fugado de la justicia de su país pero había conseguido un pasaporte gambiano", explican fuentes de la red de atención a este diario. Cuando hay dudas de la validez del pasaporte y de la edad real, la Generalitat practica pruebas médicas óseas en colaboración con el instituto forense.

Hay que tener en cuenta que Catalunya es una de las pocas comunidades españolas que sigue atendiendo a los jóvenes desamparados hasta los 21 años. En total, el 60% de los menores migrantes atendidos por el sistema de protección de menores tienen 18 años o más, aunque la inmensa mayoría ya vive por su cuenta. "Los problemas que tenemos son para encontrar plazas", explican fuentes conocedoras del sistema. Aunque a veces se produce, el Govern no debe expulsar de los centros a ningún joven mayor de 18 años hasta que le hayan encontrado una plaza alternativa o al menos haya empezado a cobrar la paga de 600 euros durante tres años como extutelados. Las listas de espera obligan, de media, a que hay un millar de chicos que ya son adultos sigan ocupando plazas de menores.

Dificultad para encontrar plazas

Estas llegadas de menores migrantes sin ningún tipo de planificación complica y tensiona mucho más el sistema de protección, ya de por sí con dificultades. "Hay muchos días que a las diez de la noche llegan una decena de menores a una comisaría y hay que encontrarles una plaza: esto es constante y es la dificultad", admiten fuentes del sistema de protección a este diario. A esto hay que sumarle las trabas que tienen las entidades subcontratadas y la Generalitat para abrir centros nuevos. "Los alcaldes siempre nos tratan de ralentizar con las licencias. Mucha gente teme la llegada de estos adolescentes porque piensan que los vecinos armarán alguna queja", añaden fuentes conocedoras del sistema.

Además, a diferencia de los traslados pactados con el Estado, el Gobierno Central no asume ningún gasto de la atención de estos 200 menores que llegan cada mes a Catalunya de motu proprio. "Si pudiéramos elegir, preferiríamos que vinieran muchos más menores de forma pactada desde Canarias en vez de que siga el descontrol que tenemos hoy. El problema, de fondos, es que los menores, y los que no lo son, recurren a estas vías informales que no ayudan a nadie", explican estas fuentes.

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