Pacto Nacional para la Justicia
El Govern recuperará una bonificación para los jueces que escriban en catalán
En 2024, solo el 5,3% de las sentencias se redactaron en esta lengua frente al 20% en 2020
Solo el 5,3% de las sentencias judiciales en Catalunya son en catalán
Más hablantes, menos uso habitual, más bilingüismo: la salud del catalán, en 9 gráficos

Un juicio en Barcelona / KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La Generalitat ha planteado que jueces y funcionarios judiciales perciban una bonificación económica cada vez que escriban en catalán una sentencia o documentos de tramitación judicial, como las notificaciones, según ha anunciado este lunes la Conselleria de Justícia en la reunión de la Mesa para el Pacto Nacional para la Justicia, en la que han participado representantes del Ejecutivo catalán, de partidos políticos y del mundo del Derecho. Con esta medida se persigue recuperar los porcentajes de uso del catalán que se lograron a principios del 2000, cuando hasta el 20% de sentencias eran redactadas en esta lengua a raíz de unos incentivos destinados a jueces, fiscales y funcionarios de justicia.
Esta bonificación ya la reciben los abogados del turno de oficio, en base a un convenio entre la conselleria y el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) por el cual se retribuye hasta con 25 euros a los letrados que inician las actuaciones judiciales en catalán. En este sentido, el departamento de Ramon Espadaler subraya que este año se destinarán 500.000 euros al impulso del catalán en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita. El objetivo, además, es impulsar la ampliación de esta medida a los abogados privados.
El Ejecutivo también quiere extender el pago que reciben los abogados de oficio por el uso de este idioma a los letrados privados
Otra de las medidas consistirá en impulsar que el conocimiento del catalán opere como mérito en el proceso de selección de los miembros de la carrera judicial. Actualmente, se considera esta cuestión como un mérito en la fase de elección de destino, una vez superado el proceso selectivo. Lo que ahora se propone es que el catalán pueda ser un mérito en el supuesto de que se creara un nuevo modelo de acceso a la judicatura. La formación lingüística y especializada a través del Centre de Estudis Jurídics (CEFJE) es una de las primeras propuestas que se hace a los nuevos profesionales que se incorporan a la Administración de Justicia en Catalunya, así como el acompañamiento a través de los servicios lingüísticos del Departament. En materia de formación lingüística también se está ofreciendo formación de catalán a todos los fiscales.
Tendencia a la baja
En el contexto del encuentro y después de presentar el paquete de medidas para el impulso del catalán en la justicia, el conseller Ramon Espadaler ha afirmado que se propone "revertir la tendencia a la baja del uso del catalán en la Administración de Justicia”, a la vez que ha subrayado que para cambiar la tendencia “hace falta la cooperación y la complicidad” de los agentes jurídicos, así como de los colegios profesionales de abogados, procuradores y de notarios.
El conseller de Política Lingüística, Francesx Xavier Vila, y la secretaria general del departamento de Justicia y Calidad Democrática, Maite Casado, han expuesto que el número de sentencias redactadas en catalán en 2024 se situó en el 5,3% y los documentos de inicio de los procedimientos en un 5,6%. El conseller ha precisado que "en el 80% de los casos en que se pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, esta opción se incumple, lo que es una muestra de la profunda irregularidad lingüística del sistema judicial en Catalunya. El 80% de nuestra sociedad sabe hablar catalán, incluidos el 50% de las personas nacidas al extranjero. Es urgente que la Administración de Justicia asuma la realidad de la sociedad para la cual trabaja y que los operadores judiciales garanticen los derechos lingüísticos de la población".
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