Sector social

"Estamos desprotegidos": educadores y trabajadores sociales catalanes estallan ante el crimen de Badajoz

UGT reporta 108 agresiones a profesionales de los centros de menores del sistema de protección de la Generalitat en 2024

Colegios y sindicatos catalanes han organizado protestas para este miércoles

Detenidos tres menores por la muerte de la educadora de un piso tutelado en Badajoz

Un mena en un centro de justicia juvenil, en una foto de archivo.

Un mena en un centro de justicia juvenil, en una foto de archivo. / ALBERT BERTRÁN

Elisenda Colell

Elisenda Colell

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Yo convivía con adolescentes que se autolesionan, que a veces consumen, que tienen brotes de salud mental... y a menudo sientes miedo, te gustaría tener más compañeros cerca por si ocurre alguna cosa. Lo hemos hablado mucho con las compañeras. Hacemos un trabajo de una elevada peligrosidad y no se valora", denuncia Alex Longas, educador social que durante cuatro años ha trabajado en el turno nocturno de un piso de la Generalitat para menores sentenciados por agredir a sus padres. El crimen de una trabajadora social en Badajoz presuntamente a cargo de tres menores ha hecho encender las alarmas de colegios profesionales, sindicatos y plataformas de los servicios sociales en Catalunya, que protestan por sus condiciones laborales. "Escuchadnos antes de que sea demasiado tarde", es el lema de una protesta convocada para este miércoles.

Longas ahora trabaja en un centro de justicia juvenil, donde los menores están privados de libertad y están sometidos a importantes medidas de seguridad. "Cuando hacía turnos de noche en el piso estaba solo. Ahora, cuando tengo un problema, llamo a seguridad y tardan 30 segundos. Si estuviera en el piso y tuviera que llamar a los Mossos y esperar a que vinieran... podría pasar de todo", sigue Longas, que trabajaba en uno de los dos únicos pisos piloto en Catalunya donde viven menores que han agredido a sus padres pero están en libertad. El resto de ellos residen en su domicilio o ingresan en los centros penales de menores.

Medidas "antes de que sea tarde"

El educador explica que ha decidido denunciar públicamente la situación porque asume que el trabajo que realizaba se asemeja mucho al de María Belén Cortés, la trabajadora social de Badajoz asesinada. "No pienso que la solución sea aplicar más seguridad o pagarnos un plus de peligrosidad: necesitamos ratios más bajas y más atención en salud mental" apunta Longas.

Más allá de esta tipología de centros, la queja se ha extendido entre los trabajadores de otros servicios sociales. "Las condiciones laborales del ámbito social no siempre garantizan la seguridad y el bienestar de los trabajadores. La falta de medios, la sobrecarga de tareas y las malas condiciones en el entorno laboral son aspectos que se deben abordar con urgencia", ha lamentado el Col·legi de Treball Social de Catalunya. "Es una tragedia que pone en evidencia la precariedad y la falta de protección de los servicios sociales: inseguridad, invisibilización y condiciones laborales frágiles. Este problema nos afecta a todos, las instituciones deben responder, es la hora de hacernos visibles y exigir cambios", protestan también desde el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), que ha convocado concentraciones en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa para este miércoles.

De puñetazos a mordeduras

"Hace muchísimo tiempo que denunciamos el problema de la inseguridad en este sector", se queja Joaquín Seisdedos, responsable de UGT-Serveis Públics. En 2024, esta delegación del sindicato reportó 108 accidentes de empleados en los centros de menores de la Conselleria de Drets Socials. Es decir, centros de niños tutelados que no han cometido ningún delito pero están desamparados y no pueden vivir con ningún familiar.

"Hablamos de agresiones constatadas: puñetazos, mordeduras, fracturas, caídas... Y estos datos son solo de los centros públicos, que suponen el 10% del total –agrega Antonio Gutiérrez, responsable de Acción Social de UGT–. Si contásemos los concertados, el porcentaje sería más alto", se queja. "Podríamos superar el millar de agresiones anuales en Catalunya".

Falta de atención a la salud mental

Desde el sindicato señalan que la violencia y las agresiones han ido 'in crescendo' en los últimos años en estos centros de protección social. "Falta personal para cubrir la atención necesaria de los menores, que cada vez son más violentos y sufren más problemas de salud mental y problemas de conducta. No hay recursos de salud mental para tratarles", añade Seisdedos, que también reclama más medidas de prevención y protocolos. "No llegamos al centenar de plazas de salud mental para atender a los menores, necesitaríamos cinco veces más. Como no están bien atendidos, responden con mucha agresividad contra los educadores", añade Gutiérrez . Parte de este problema, dice, explica el elevado absentismo laboral. "Esto que ha ocurrido es la punta del iceberg de lo que pasa cada día, y no ha pasado antes de milagro", añade Gutiérrez.

También Comisiones Obreras y CGT han publicado comunicados en la misma dirección. "No es un hecho aislado, forma parte de un problema que hemos denunciado reiteradamente. Las trabajadoras de este sector afrontan diariamente situaciones de riesgo y agresiones, y es imprescindible que se tomen medidas urgentes y efectivas". "Afrontamos precariedad y una gran carga emocional, y en algunos casos también violencia y medio. Es evidente que en el sector falta mucho trabajo para garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados", se queja también la CGT. Este sindicato expone que en una encuesta suya de 2023, el 64% de los empleados del sector social han sido agredidos o amenazados, el 62% ha tenido que coger la baja médica, el 72% tiene ansiedad por el trabajo y el 77% se está planteando cambiar de sector.

Cambio de comportamiento

"Yo he visto cómo una niña le arrancaba el pendiente a una educadora, con la herida que conlleva, y al volver del CAP la jefa le pidió que siguiera trabajado. He visto niños con cuchillos de 20 centímetros y cómo una compañera se interponía y podría haber recibido. Puñetazos, sillas volando... ni se nos protege ni se nos reconoce", explica Gerald Llach, miembro de la plataforma Acció Social Catalunya, quien señala también que muchos educadores prefieren no denunciarlo. "Lo hemos normalizado como parte de nuestro trabajo, pero no debe ser así. Nosotros transformamos la realidad, logramos que los niños que han aprendido a relacionarse desde la violencia dejen de hacerlo –explica Llach–. Pero lo que no puede ser es que sea poniendo nuestro cuerpo porque nadie nos protege".

Suscríbete para seguir leyendo