La Generalitat calcula que 91.000 hogares catalanes con derecho al Ingreso Mínimo no lo cobran

En Catalunya hay 156.000 hogares que cumplen los requisitos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda social para las familias sin ingresos que depende del Gobierno Central, pero que solo lo perciben 65.000 hogares en la actualidad. Es decir, que el 67% de personas que deberían percibirlo no lo tramitan. Son los datos que ha revelado la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, este miércoles en comisión parlamentaria. También ha anunciado la ventanilla única que ya avanzó este diario, con la que esperan que el año que viene empezar a reducir esta brecha.

Martínez Bravo ha informado a los diputados de la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlament que el IMV tiene todavía "margen por crecer" en Catalunya. "Hasta cierto punto está desperdiciado", ha dicho, por el hecho de que el 67 por ciento de personas que deberían recibirlo no lo tramiten mientras que en el resto de España esta brecha es del 57%. "Por eso, pese a la llegada del IMV, ha seguido subiendo la pobreza", ha apuntado Martínez Bravo, quien ha dicho que no es aceptable que la burocracia desincentive la tramitación de las ayudas para unos ingresos mínimos.

La Generalitat se ha encontrado sobre la mesa alrededor de 65.000 expedientes de esta prestación en Catalunya y ha prometido que la cobertura va a ir in creccendo a en los proximos meses. Ha explicado que su plan es crear una ventanilla única donde el Govrn gestione simultaniamente las dos prestaciones: el IMV y la Renta Garantizada de Ciudadanía. Sin embargo, ha explicado que no estará lista hasta 2026. Su prioridad es empezar trabajar digitalmente, creando esta web para pedir y tramitar estas dos prestaciones online, para más adelante que se haga presencialmeente en el SOC, las Oficinas de Atención Ciudadana del Govern y las de la propia conselleria.

Una de las bases para agilizar el proceso y hacerlo más sencillo para el ciudadano, explicó, será el consentimiento para la "interoperabilidad de datos", esto es, que las administraciones compartan las informaciones sobre la persona y así no vayan a aportar ellos los papeles de cada organismo. "Este consentimiento de datos no lo parece pero será clave para reducir la pobreza", ha defendido la consellera.