Toni Pelegrín, fiscal: "A menudo la Administración hace la vista gorda ante infracciones contra el medio ambiente"

Toni Pelegrín ingresó en la carrera fiscal en 1990. Tras ejercer como fiscal en los juzgados de Rubí, L'Hospitalet y Barcelona, fue designado en 2007 para dirigir la sección de delitos urbanísticos. Después fue nombrado fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, primero de Barcelona, en una sección pionera en la materia, y luego de toda Catalunya. Desde enero, es fiscal del Tribunal Supremo en Madrid, pero la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo sigue el camino abierto por él.

¿La Administración actúa de forma correcta respecto al medio ambiente?

Creo que en Catalunya la Administración debería ser más exigente ante las actividades que pueden afectar el medio ambiente. Durante los últimos años hemos observado una cierta relajación en cuanto a infracciones que pueden causar lesiones graves al medio natural.

Ponga un ejemplo.

Ditecsa, la compañía que virtió sustancias tóxicas sobre el río Besòs. La empresa había sido sancionada varias veces por mezclar residuos y al final, según la investigación, la explosión se produjo precisamente por este cóctel químico. En casos como este se podría ser más estricto.

La Administración debería ser más exigente con los daños al medio ambiente, hemos observado una cierta relajación en cuanto a infracciones

En algunos casos, usted ha tenido que investigar a funcionarios y cargos públicos.

El Código Penal considera un delito el hecho de informar favorablemente sobre licencias ambientales o urbanísticas contrarias a la normativa cuando se hace de forma voluntaria. Por esta razón, a veces, cuando vemos que una empresa emite demasiado o provoca vertidos contaminantes, debemos perseguir a un funcionario.

¿Es habitual esta tolerancia administrativa?

Sí, a menudo nos encontramos con infracciones claras en las que se hizo la vista gorda o en las que el funcionario municipal o autonómico decidió permitir que aquello quedara impune sin abrir un expediente sancionador.

A veces, cuando vemos que una empresa emite demasiado o provoca vertidos, debemos perseguir a un funcionario

¿Es difícil investigar estos casos?

Lo complicado es demostrar la intencionalidad. El juez o el tribunal tiene que entrar en la cabeza de las autoridades investigadas y concluir que cuando informaron o no persiguieron el caso lo hicieron con conocimiento de causa. El problema es que el juez tiene que saber de estas materias.

¿No siempre es así?

Los jueces normalmente no están formados en materia ambiental y esto puede dificultar que lleguen a una conclusión u otra.

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¿La justicia española no está preparada para discernir sobre delitos ambientales?

Lo digo con todo el respeto, porque hay jueces que se preparan los casos con mucho interés, pero no siempre. Así como las fiscalías se han especializado en materias, esta red de especialización no está en las salas. A veces, el punto de vista del fiscal experto en un tema específico choca con la posición de un juez que a lo mejor escucha hablar de cierto tema por primera vez.

Los jueces no suelen estar formados en materia ambiental, lo que dificulta que lleguen a una conclusión u otra

¿Sería bueno que hubiera tribunales especializados?

Sería muy conveniente. Esta es una de las luchas de algunas asociaciones judicales.

¿Qué mejoraría?

Algunos asuntos ambientales se resolverían de forma más ágil y para el juez sería más sencillo llegar a la condena o la absolución. Pero me temo que será difícil verlo.

¿Cuesta conseguir una condena por una infracción ambiental?

No tiene por qué. Pero necesitas muestras químicas, oculares e informes que acrediten daños o riesgo de daños al aire, el suelo, la fauna, la flora, el agua o la salud humana.

¿Qué sucede cuando no se puede demostrar que hay delito?

A veces, cuando la irregularidad es evidente pero no hay elementos para acusar a alguien, archivamos el caso pero le comunicamos la situación a la empresa o la Administración competente para que nos informe sobre qué se hace al respecto.

En la Zona Franca hay suelos contaminados por cromita: tal vez no hallamos a un único responsable, pero sí promovemos que la Agència de Residus y los propietarios se pongan las pilas

Una especie de advertencia de la fiscalía.

Exacto. En la Zona Franca, por ejemplo, hay suelos contaminados por cromita desde hace años. Tal vez no encontramos a un único responsable, pero sí promovemos que la Agència de Residus de Catalunya (ARC) y los propietarios se pongan las pilas.

¿Han actuado de forma similar en otras ocasiones?

Sí. Sobre todo acerca de contaminaciones difusas del aire o las aguas subterráneas. En Osona, hemos investigado a granjas concretas por verter purines, pero, en otros casos, también hemos instado a que se resuelva el problema.

¿Cada vez llegan más denuncias ciudadanas?

Sí, se nota, tanto por parte de ciudadanos como de entidades.

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Hace poco el Mar Menor logró ser considerado persona jurídica. ¿Ha cambiado mucho la jurisprudencia ambiental?

Sin duda. Hay una directiva europea de 2008 que introdujo el delito contra el medio ambiente en todos los códigos penales comunitarios porque se consideraba que había un fracaso a la hora de perseguir irregularidades ambientales. España lo incluyó en 2015 y ahora disponemos de una normativa amplia y clara.

¿De qué investigación está más orgulloso?

No escogería un caso concreto. Lo importante es haber consolidado esta sección de la fiscalía y haber logrado un cierto reconocimiento social. Se demostró con el episodio de Ditecsa en el Besòs.

Crece el negacionismo y cada vez hay más sectores que ven la protección del medio ambiente como una carga y un problema a superar

¿Por qué?

Tras el siniestro, nadie formuló denuncia en el juzgado, a la espera de que la fiscalía abriese diligencias. Pensar que entidades y ciudadanos, pese a poder ser críticos en ocasiones, confían en el buen hacer y la objetividad de la fiscalía es reconfortante.

¿Hemos mejorado en los últimos 20 años a la hora de respetar el entorno natural?

Yo diría que hay más consciencia, sí. Es verdad que algunas especies han decaído y que en ciertos aspectos hemos empeorado, pero piensa en cómo bajaban el Llobregat y el Besòs hace 40 años. Trato de ser optimista, pero también hay riesgo de que las cosas cambien.

¿A qué se refiere?

Hay más sensibilidad y más interés, sí. Pero, cuidado, porque nos podemos ir al otro lado. Crece el negacionismo y cada vez hay más sectores que ven la proteccion del medio ambiente como una carga y un problema a superar. Hemos de estar atentos.

¿Qué más le preocupa?

El problema de la gestión de los residuos, una asignatura ambiental pendiente. El tratamiento, el transporte, la incineración, el depósito en vertederos... Todo esto genera beneficios económicos para empresas y no siempre se hace de forma adecuada. La Administración debería ser más cuidadosa.

¿Qué opina del conflicto entre energías renovables y protección de la biodiversidad?

Tiene que haber una regulación más estricta. La normativa se ha relajado para acelerar los proyectos. Se debería encargar un estudio previo general para saber dónde se pueden instalar renovables y dónde no. Necesitamos renovables pero no a cualquier coste.

La gestión de los residuos es una asignatura pendiente, no siempre se hace de forma adecuada

La Unión Europea planteó que las nucleares se consideraran energía verde. ¿Qué le parece?

Un despropósito: el uranio lo tienes que obtener del medio y contamina; luego tienes que enterrar los residuos. Además, el riesgo de esta instalación en caso de accidente es elevado.

En los delitos ambientales, aunque se persigan, muchas veces el daño ya está hecho.

Es verdad. Por esta razón obligamos a tomar medidas para revertir la situación y restaurar la naturaleza. Pero en ocasiones es difícil. Por ejemplo, cuando hay que recuperar aguas subterráneas en mal estado.

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A veces las sentencias no se cumplen. Sucede con los vertidos de la empresa minera Iberpotash.

Se dictaron medidas compensatorias que no se están cumpliendo de forma suficiente por la lentitud del juzgado, en este caso.

Necesitamos renovables pero no a cualquier precio, la normativa se ha relajado para acelerarlas, pero se debería encargar un estudio para saber dónde se pueden instalar y dónde no

¿Los delitos urbanísticos son más complejos?

No siempre, pero requieren precisión porque en cada ayuntamiento la normativa es distinta. 

¿Cuáles son los incumplimientos habituales?

Construcciones ilegales. En estos casos, los consistorios lo comunican a la fiscalía y no van más allá, cuando en realidad deberían seguir con el expediente para llegar al derribo y la posterior restauración del suelo.

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