Cada hora muere una persona en Catalunya esperando la dependencia

Casi 10.000 personas (en concreto 9.529) fallecieron el año pasado en Catalunya mientras esperaban recibir algún tipo de prestación reconocida en la ley de dependencia, la cifra más alta de toda España. De hecho, en los últimos años, Catalunya y Andalucía acumulan en torno a la mitad de las personas que mueren en lista de espera.

En 2024, entre ambas autonomías concentraron el 45% de los fallecidos (35.252) que figuraban en los listados de toda España, según el 25º dictamen del Observatorio para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y difundido este viernes, que muestra que cada 15 minutos fallece una persona mientras está atrapada en el "laberinto burocrático de la ley".

Por ejemplo, de los 9.529 fallecidos en Catalunya, 5.529 tenían el derecho reconocido, pero estaban pendientes de la resolución de la prestación y otros 4.080 se encontraban a la espera de ser clasificados, según su dependencia, en grado 1, 2 y 3.

De hecho, las abultadas listas de espera, junto con la falta de recursos y de personal, provocan que el tiempo medio desde que una persona registra su solicitud hasta la resolución del expediente de dependencia sea de 271 días en Catalunya y 334 en toda España.

Catalunya figura entre las autonomías con peor puntuación (3,6 sobre diez) en la escala de valoración del sistema que elabora el Observatorio Estatal de Dependencia

En este parámetro, Catalunya no encabeza el ránking de esperas, que lidera Andalucía con 602 días (casi dos años). Pero aun así figura entre las autonomías con peor puntuación (3,6, aunque ha mejorado sobre años anteriores) en la escala de valoración del sistema que aplica desde 2008 el Observatorio Estatal de Dependencia, basándose en 18 indicadores, que demuestran que existen grandes déficits y "enormes desigualdades territoriales".

Sistema 'low cost'

Ante ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que el sistema de dependencia ha mejorado debido a la financiación extra puesta en marcha de 2021 a 2023 con el plan de choque del Gobierno de coalición, pero todavía es 'low cost', con "prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no corresponden a las necesidades de las personas en situación de dependencia".

En 2024 se alcanzó el máximo de inversión, con 12.189 millones de euros, pero esta cantidad solo supone el 0,8% del PIB, la mitad de la media de la UE

Así, en 2024 se alcanzó el máximo de inversión en el sistema, con 12.189 millones de euros, pero esta cantidad solo supone el 0,8% del PIB, es decir, la mitad de lo que dedican la media de los países de la UE. Con este presupuesto, se han aumentado en 106.558 las personas atendidas, pero "la burocracia y el escaso desarrollo del sistema en algunas comunidades han impedido cumplir el objetivo del plan de choque en la reducción en las listas de espera".

El 'limbo'

A cierre de 2024 solo había 26.106 personas menos "en el limbo de la dependencia", por lo que, al ritmo del último año, "se tardarán 10 años y medio en lograr la plena atención". De hecho, 2024 finaliza con 270.325 personas a la espera de un procedimiento: 142.466 personas con derecho reconocido en espera de atención, 36.778 menos que el año anterior. Pero a este montante hay que añadir 127.879 personas pendientes de valoración, 10.698 más que hace un año.

El sector critica la reforma de la ley, que suprime algunos recortes del PP y reconoce nuevas prestaciones y servicios, porque no incluye financiación

En este contexto, el Gobierno ha aprobado una reforma de la ley de discapacidad y dependencia que suprime algunos recortes efectuados en la etapa del PP y reconoce nuevas prestaciones y servicios. No obstante, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se ha mostrado muy crítica con este anteproyecto de ley porque no conlleva financiación extra.

A su juicio, "hay aspectos positivos en la norma, pero sería necesario aumentar en 1.000 millones la inversión en los próximos Presupuestos Generales para que las 'buenas intenciones' sean realidad, exigiendo a las comunidades agilizar procedimientos, incrementar las cuantías y las intensidades de servicios".