El alcalde de Martorell se niega a aplicar la normativa del padrón: “Solo lo haré si un juez me obliga”

El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (Junts per Martorell) se ha jactado de incumplir la normativa estatal, afirmando que solo empadronará a aquellas personas que acrediten tener su domicilio establecido en el municipio mediante un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o la autorización del propietario del inmueble. En declaraciones a la ACN, al día siguiente de conocerse que un juzgado ha admitido a trámite una demanda contra el consistorio por negarse a empadronar, Fonollosa ha asegurado que ocupar un inmueble “es un delito” y que esto nunca puede generar derechos.

Unas declaraciones que contradicen directamente la normativa estatal. La resolución en la que el INE y la dirección de Cooperación Autonómica del Gobierno Central dictan las instrucciones de como empadronar se establece que las personas que viven en infraviviendas, y especifica chabolas, caravanas, cuevas o ausencia total de techo, "pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón", independientemente de la propiedad del espacio. También sugiere a los ayuntamientos que usen el modelo del domicilio ficticio, es decir, que quienes no puedan empadronarse en el lugar donde viven porque el propietario se lo impide, puedan hacerlo en dependencias municipales.

En cambio, Fonollosa ha reiterado que en Martorell “no se empadronará a ocupas” salvo que un juez “obligue” a ello. “Las ocupaciones deben combatirse, pero si un juez considera que el país debe ir en esa dirección, acataremos la decisión”, ha subrayado. Aunque en muchos casos, las personas que no se pueden empadronar son personas que viven en habitaciones de realquiler, donde los propietarios no permiten el empadronamiento por no superar la tasa de sobreocupación del immueble, o por no perder ayudas sociales.

Demanda por no empadronar

La demanda judicial, admitida a trámite por un juzgado de Barcelona, fue presentada por seis vecinos del municipio que denunciaron al Ayuntamiento de Martorell por no aceptar su empadronamiento debido a que vivían de realquilados, ocupando o en la calle.

Entre los demandantes, cabe decir, hay padres con hijos pequeños a cargo. Aun así, Fonollosa ha negado que este perfil sea habitual entre las personas que ocupan viviendas. De hecho, asegura que el consistorio atiende estos casos ofreciendo pisos de emergencia social. “La mayoría de las ocupaciones provienen de entornos delictivos que rompen la cohesión social y generan problemas de convivencia en su entorno”, ha añadido.

Carencias en vivienda

Xavier Fonollosa ha criticado que la ocupación de viviendas es un delito que se ha tolerado en muchos municipios para “ocultar” las carencias en materia de vivienda. Carencias que, ha recordado, deben resolverse construyendo más vivienda protegida y no premiando a los ocupantes facilitándoles el empadronamiento. “Un delito nunca puede conferir privilegios porque eso nos lleva al absurdo”, ha remarcado.

Pese a estar convencido de no haber incumplido ninguna ley, Fonollosa ha dejado claro que acatarán la sentencia cuando se dicte. Hasta entonces, asegura que seguirán actuando como hasta ahora, “haciendo cumplir la ley”.