Los Agentes Rurales alertan de los "arqueofurtivos": expoliadores de yacimientos con detectores de metales

Durante el año pasado los Agentes Rurales hicieron una treintena de denuncias por el uso ilícito de detectores de metales en medio natural para encontrar restos arqueológicos, paleontológicos y de interés histórico que son de dominio público y por eso nadie puede apropiarse de ellas.

En los últimos años, los agentes han detectado que se ha consolidado el uso recreativo de estos detectores de metales por parte de "arqueofurtivos": personas que expolian yacimientos arqueológicos o históricos que son patrimonio cultural y deben estar protegidos. 

En este sentido, señalan que son furtivos al hacer una actividad ilegal sin disponer de autorización administrativa cuando pretenden localizar objetos arqueológicos o de interés histórico, ya sea en un yacimiento arqueológico inventariado o en un terreno sin protección alguna, independientemente de que la titularidad del lugar sea privada o pública.

Un 32% de las inspecciones se han hecho a las comarcas de Lleida, un 25% a las de Barcelona, un 18% a Catalunya Central, un 14% en Girona, un 7% a Tarragona y un 4% a Terres de l’Ebre. El 61% de las inspecciones se realizaron en lugares no inventariados como yacimientos arqueológicos, mientras que el 39% restante se realizó en un yacimiento arqueológico. 

Tras estas inspecciones se han interpuesto denuncias por la comisión de un delito con el comiso de los detectores de metales y los objetos localizados. También se han impuesto expedientes sancionadores administrativos, en coordinación con el Departamento de Cultura

En septiembre del año pasado, en la comarca del Urgell, los Agentes Rurales denunciaron a una persona que se había apropiado de 1.793 proyectiles de tipo Minié (sumando un total de 60 kilogramos), los cuales conformaban un depósito de munición de la 3a Guerra Carlina (1861-1865). Los agentes señalan que otros dos yacimientos arqueológicos fueron objeto de la actividad arqueofurtiva el año pasado: La Torre del Moro en Gandesa (Terra Alta) y el Tozal de la Pleta en Belianes (L'Urgell). Ambos casos comportaron la apertura de diligencias penales.

La ley de patrimonio cultural catalán establece que, ante el hallazgo o localización de restos arqueológicos o paleontológicos, bien en el marco de una obra, trabajo agro-forestal o realizando cualquier otra actividad en el medio natural, es necesario avisar a la administración en un plazo máximo de 48 horas y no tocar ni extraer los restos, tanto en el medio terrestre como en el subacuático.

La normativa establece que existe riesgo de alterar el contexto arqueológico, provocando la pérdida de información que proporcionan los objetos arqueológicos cuando se recogen y estudian in situ, siguiendo la metodología arqueológica realizada por profesionales, especialmente cuando estos se pueden relacionar entre sí y con las estructuras donde se encuentran.

Los Agentes Rurales ejercen competencias en lo que se refiere a la protección, la custodia y la colaboración para la gestión del patrimonio cultural que se encuentra en el medio natural. Una de ellas en el marco de un convenio con la Dirección General del Patrimonio Cultural, del Departamento de Cultura, que supone la documentación de elementos inéditos o actualización de la información existente en las bases de datos del Servicio de Inventario del Patrimonio Cultural.

Desde 2011, que comenzó esta colaboración, los Agentes Rurales han localizado y documentado más de 4.000 elementos que conforman el patrimonio cultural catalán. Algunos de estos elementos eran inéditos, otros se tenía una información parcial u otros se ha actualizado la información existente.