El 66% de personas tuteladas por una entidad social no tienen acceso a tarjeta bancaria

"Los bancos tienen un problema general con las personas que escapan de su norma: no permiten que las personas con discapacidad puedan operar como cualquier otra, no se adaptan a sus realidades", se queja Josep Tresserras, director gerente de Som Fundació y representante de las entidades de apoyo en la toma de decisiones en la federación Dincat. Tresserras denuncia que las entidades financieras no se han adaptado a la nueva normativa que regula el apoyo en la toma de decisiones y se encuentran con lo que denominan un "bloqueo bancario": cuentas bloqueadas, incapacidad para retirar dinero o imposibildiad de disponer de tarjetas de prepago. La fiscalía especializada en la protección de las personas con discapacidad lamenta que la normativa bancaria aún no se adapte a estas realidades y apunta a que una posible solución sería que las sentencias judiciales fueran más detalladas en qué pueden hacer (y qué no) los usuarios afectados. Desde las asociaciones bancarias, por su parte, se apunta a la dificultad de los sistemas operativos para trazar soluciones a medida.

Banco de España, fiscalía y las tres principales asociaciones bancarias tienen un grupo de trabajo para resolver incidencias

En Catalunya existen 11.000 personas cuya capacidad jurídica permanece supervisada tras una resolución judicial. Anteriormente se trataba de personas incapacitadas que no podían ejercer ningún tipo de control sobre sus vidas y cuyas decisiones vitales las tomaban las personas acreditadas para ello por el juez: a veces familiares, otras las entidades tutelares. Ahora, y tras el nuevo reglamento legislativo, se considera que las personas con discapacidad intelectual, trastornos de salud mental o demencia deben tomar el máximo de decisiones posibles por ellas mismas. Así, cuando un juez resuelve que una persona necesita apoyo en la toma de decisiones, impone un nivel de gasto que sí considera que puede hacer en su vida diaria. "Depende de cada persona y de un examen forense, pero hay personas que pueden retirar hasta 400 euros al mes sin supervisión, otras pueden extraer hasta 1.000 o hay casos en que el límite es 50", explica Treserras.

Uso de tarjetas

Una vez dictada la sentencia, estas asociaciones la aplican realizando un plan de apoyo para lograr la máxima autonomía posible de las personas que atienden. "El problema que tenemos siempre es el mismo: los bancos", resume Tresserras. La gestión de las tarjetas bancarias es un ejemplo. Más de la mitad de estas personas asistidas en Catalunya, un 66%, no tienen tarjeta. Solo el 34% pueden disponer de esta herramienta para pagar los gastos del día a día. "Nosotros las pedimos y muchas entidades nos dicen que no pueden. Esto es una vulneración de sus derechos reconocidos. Si se acredita que tienen capacidad para sacar libremente una cantidad de dinero para su día a día, ¿quién somos nosotros para negárselo?", plantea Tresserras.

Los usuarios de estas entidades son personas especialmente vulnerables ante robos o estafas 

Las entidades tutelares explican que están resolviendo este problema retirando dinero de sus propias cuentas, entregándolo en sobres en efectivo a las personas que atienden y restándoselo de nuevo a sus cuentas. "Lo hacemos a costa de las comisiones y teniendo en cuenta que para muchas personas es injusto porque viven en zonas rurales, pero si no lo hiciéramos no podrían vivir en plena normalidad su día a día". Esta realidad se puso en evidencia durante pandemia del coronavirus, cuando muchas personas no pudieron acudir a la entrega de estos sobres. "Teníamos que ir a sus casas o avisar a los supermercados para asegurarnos que podían pagar la compra, esto nos demostró que este sistema no funciona", apunta Treserras.

Titularidad de las cuentas

Otro problema es la titularidad de las cuentas. "Nuestro trabajo es acompañar en la toma de decisiones y controlar las cuentas de estas personas. Debemos poder ser administradores de las cuentas, poder acceder a ellas para revisar de forma 'on line' sin ser titulares. Pero hoy es imposible", dice Treserras. El problema se intenta resolver pidiendo de forma periódica extractos de los movimientos para revisar que los gastos sean correctos. "Vamos con mucho retraso, es un lío que nos podríamos evitar fácilmente", insiste Treserras. En otros casos, no se permite a estas personas disponer de una cuenta digital que les facilitaría saber de cuánto dinero disponen en cada momento o poder hacer transferencias 'on line'.

La fiscal María José Segarra insiste en que las entidades bancarias deben facilitar su operativa para posibilitar la autonomía de las personas discapacitadas 

Hay que tener en cuenta que los usuarios de estas entidades son personas especialmente vulnerables ante robos o estafas porque, además de poder sufrir alzhéimer, demencia, una discapacidad intelectual o un trastorno de salud mental, no cuentan con nadie que pueda ayudarles. "Conocemos el caso de una persona que vendió su piso por tres euros a cambio de una persona que lo iba a cuidar: se quedó sin piso y sin cuidador", cuenta Treserras, quien pone más ejemplos. "Hubo el caso de otra persona que quería comprar un caballo en su piso, y no sabía ni lo que costaba ni cómo se debía mantener, y el de una mujer que recibió una herencia de dos millones de pesetas y se lo quería gastar todo en zapatos y bolsos. Hay personas que no conocen el valor de los gastos, es un valor demasiado abstracto, y podrían pagar 20 euros por una barra de pan", suscribe Tresserras.

Grupo de trabajo

Las entidades tutelares pueden reclamar primero ante los bancos y luego ante el Banco de España, pero deben hacerlo caso por caso, no se puede generalizar el problema. Al menos dos entidades catalanas, Fundació Support Girona y Som Fundació, han presentado cinco quejas que afectaban a Caixabank, BBVA y Banco Santander, y la mayoría se han resuelto dando la razón a los clientes. Además, el Banco de España modera un grupo de trabajo con las tres principales asociaciones bancarias que la fiscalía creó en julio de 2023 para resolver un problemaa que la nueva legislación ha agudizado.

 La banca aduce que los tratamientos individualizados son difíciles de implementar en los sistemas informáticos y las bases operativas

"La normativa bancaria no contempla más que las situaciones de representación total de aquella persona que carece de posibilidad de expresar su voluntad. Pero ahora estos casos son excepcionales en la legislación española", explica María José Segarra, fiscal coordinadora especializada en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, quien insiste en que las entidades bancarias deben facilitar su operativa para posibilitar la autonomía. Hasta ahora, el grupo de trabajo se ha centrado en resolver las tutelas de hecho, un tipo de apoyo que, de momento, no afecta a Catalunya porque el código civil catalán no lo recoge.

Sistemas operativos

Los bancos también admiten que existe este problema, pero defienden que no es tan fácil de resolver. "El traje a medida es muy dificil porque hablamos de sistemas generales y depende del sistema operativo de cada entidad. Estos tratamientos individualizados son difíciles de implementar en los sistemas informáticos y las bases operativas. Hay mecanismos, pero no todos lo permiten y no todas entidades pueden aplicarlo de la misma forma", explican des de la asociación bancaria CECA. Esta misma entidad señala que, por contra, el riesgo de equivocarse puede ser muy alto en estos casos. "Pueden haber reclamaciones por haber permitido hacer uso de unos importes superiores y las entidades financieras serían responsables, hay que salvaguar el interés", añaden desde la entidad.

En este sentido, la fiscal María José Segarra propone contar con los jueces. "El diseño específico del apoyo a la capacidad jurídica que realizan las entidades tutelares podría ser aprobado judicialmente en cuanto sea necesario para permitir la adaptación de las entidades bancarias. Se debería detallar si se fijan límites o no de uso de tarjetas bancarias (de prepago o no), autorización de bizum y banca 'on line'", apunta la fiscal. De momento, la fiscalía pedirá que los procedimientos judiciales estén más detallados para permitir la gestión económica diaria y concretar los planes de apoyo.

Suscríbete para seguir leyendo