GRÁFICOS | Aquí están las bolsas de pobreza en Catalunya que debe atacar la nueva Renta Garantizada

La prestación social por excelencia de la Generalitat que brinda un ingreso mínimo a las personas en situación más precaria, la Renta Garanizada, afronta una reforma que se podría cerrar a finales de este año. Los datos revelan que no llega a quien la necesita y no está reduciendo las desigualdades ni la pobreza. Según los datos de la Generalitat, sólo la perciben el 20% de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y el 40% de los que malviven en la pobreza más extrema. Sin embargo, uno de cada cuatro catalanes es pobre y la carencia material severa, la pobreza más extrema, ya se acerca peligrosamente al 10% de hogares en Catalunya.

Inmigrantes, con empleo, menores de edad y mujeres. Estos son los rostros de la pobreza en Catalunya y los colectivos claves a los que se tiene que aproximar la reforma de la renta garantizada. La primera fase de implementación de esta reforma busca hacer crecer el número de personas activables, capacitadas para trabajar, que cobran esta prestación social. Si nos fijamos en quienes cobran hoy esta ayuda, las persona con capacidad de trabajar son solo el 43% y han ido bajando en los últimos años.

¿Dónde están estos hogares prioritarios? Por un lado, están aquellos dónde nadie está buscando empleo. El grueso de estos hogares están formados por jubilados o personas con alguna incapacidad reconocida que no pueden entrar en el mercado laboral, pero hay un 25% de hogares inactivos donde sus miembros no quieren trabajar pero estarían capacitados para hacerlo. Con la renta, participarían de un plan de inserción social para solventar sus problemas a la hora de enfrentarse al mundo laboral y si finalmente encuentran un empleo temporal, podrían aceptarlo porque no les extinguiría la prestación, como ocurre actualmente.

Luego están los hogares cuyos miembros buscan un trabajo pero no lo encuentran y mayoritariamente sobreviven con ayudas sociales y prestaciones. La cifra no baja de los 900.000 desde hace cuatro años en Catalunya y esta nueva reforma podría reducirlos. En estos casos, les saldría a cuenta trabajar porque, almenos durante un año, cobrarían más trabajando que cobrando la prestación.

El colectivo más urgente de atender son el 8% de los hogares donde sus miembros buscan empleo pero no lo encuentran y no reciben ninguna prestación social. En concreto, son 73.000 familias que tienen cero ingresos mensuales, los hogares donde la pobreza se recrudece de una forma más intensa y que engrosa los datos de desigualdad social en Cataluña.

El dato clave para la segunda fase de implementación de esta reforma legal afecta al 16% de catalanes, 569.100 personas, que son pobres pero no pueden pedir la Renta Garantizada porque están trabajando. El Govern confía que estos hogares puedan percibir la prestación en 2027 y complementar los ingresos de sus salarios si son más bajos que las cuantías de la RGC que les corresponderían (entre 778 y 1556 euros el mes en función del hogar).

Los niños e inmigrantes, la cara más visible de la pobreza

Por grupos de edad, la última Encuesta de Condiciones de Vida señala que el 33,1% de niños y adolescentes catalanes viven bajo el umbral de pobreza, el doble de los mayores de 65 años (16%) y más alto que los adultos (24%). También lo vemos en la composición del hogar: el 28% de las familias con hijos son pobres, mientras que los que no los tienen suponen el 20%. Pero en cambio, los niños están infrarrepresentados en estas ayudas. Según los datos de 2023, prácticamente la mitad de los perceptores (48%) son adultos que viven solos.

Sin embargo, hay otro dato de pobreza que la reforma de la renta aún no se plantea abordar. El peor porcentaje de pobreza en Catalunya afecta a las personas migrantes. Quienes tienen nacionalidad extranjera duplican la tasa de pobreza si lo comparamos con los que tienen nacionalidad española (un 40% frente un 19%). En el País Basco y Navarra se han eliminado algunos criteros, como el permiso de residencia, para que más familias que viven en su territorio puedan acceder a esta prestación social. Hoy, Catalunya, aún no se lo plantea.