Los territorios recibirán menores migrantes según su población, riqueza y esfuerzo de acogida

Canarias y el Estado alcanzaron este jueves un acuerdo total sobre los criterios de reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados desde el Archipiélago (4.000) y de Ceuta (400) hacia el resto de comunidades autónomas, a partir de una combinación entre los que ya se aprobaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en 2022, y la propuesta presentada por el Gobierno canario en base a elementos básicos como población, PIB por habitante y los llamados esfuerzos de solidaridad y acogida, relacionados con el histórico de menores tutelados y el número de llegadas registradas en cada región. El acuerdo, tras una reunión en Madrid entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no establece, sin embargo, aún el número de niños y niñas que tendrán que asumir el resto de territorios a la espera de hacer el “ajuste fino” y su proyección concreta en este sentido.

Tanto Clavijo como Rego destacaron como asunto central del acuerdo el hecho de que los criterios de distribución obligan a “dimensionar” los sistemas de acogida de todas las comunidades autónomas y que, por tanto, no cuenta el hecho de que muchas se encuentren en este momento con sus centros desbordados. “Intentamos que sean criterios objetivos que atiendan también al punto de partida en el que están los sistemas de acogida de cada una de las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta el esfuerzo anterior y hay que hacer un equilibrio que garantice los derechos y la sostenibilidad de los sistemas de acogida y vamos a ser muy sensibles a este respecto”, explicó la ministra. Clavijo señaló por su parte que “cuando algunas comunidades nos dicen que tiene 300 menores y que están desbordados, lo que tienen que tener en cuenta es que Canarias tiene 5.800 y nosotros tampoco teníamos esas plazas, que las hemos tenido que crear a base de decretos de emergencia”. “El hecho de que tengan el sistema saturado no quiere decir que no tengan que dimensionarlo para que la respuesta sea homogénea en todo el país”, subrayó.

Clavijo calificó la jornada de este jueves como “muy provechosa y exitosa” después de haber hablado por la mañana con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre el informe de la Abogacía del Estado en torno al “cuerpo jurídico” que tomará la propuesta, “que está bastante avanzado y trabajado por los equipos”, y sobre todo tras la reunión y el acuerdo con Rego. Resaltó que a la hora de establecer los criterios de distribución “siempre ha estado por encima el interés general del menor y el cumplimiento de sus derechos, para que tengan un proyecto de vida”. “Hemos dado un paso de gigante para sacar adelante esta medida, ahora habrá que hacer la simulación y dando pasos firmes queremos tenerla lista cuando antes que satisfaga el interés de los menores y que consiga también el apoyo necesario en el Congreso”, afirmó Clavijo antes de recalcar que “el Ministerio y el Gobierno ponen la columna vertebral de lo que consideramos que es algo extraordinario y puntual pero que aliviará la situación de Canarias y de Ceuta y una menor atención a los menores”.

Avance cualitativo

Rego dijo que con el acuerdo se logra “un avance cualitativo en la solución puntual que necesitan Canarias y Ceuta”, pero que el Gobierno sigue apostando por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería como el instrumento “necesario para una solución estructural”. “Es importante el criterio de población y también el esfuerzo previo que han hecho los sistemas de acogida de algunos territorios, de manera que sea una propuesta equilibrada. Seremos capaces de atender a los niños y niñas en la medida en que seamos capaces de tener un sistema correctamente dimensionado”, insistió la ministra.

Tanto ella como el presidente canario aseguraron que la propuesta de reparto presentada por Canarias, en base a un estudio de la profesora Gemma Pinyol, es prácticamente idéntica en sus fundamentos a la que se aprobó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de octubre de 2022 para un reparto puntual de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Pero no aclararon los matices que separan ambos métodos ni su efecto sobre la aplicación práctica de la que ahora se ha acordado. “Son criterios técnicos y objetivos y lo más científicos posible y al que añadimos un elemento importante como es la situación y el esfuerzo previo. Tenemos un sistema bastante asimétrico y tenemos que abordarlo con mirada de país y exigirnos hacer un esfuerzo equilibrado”, apuntó la ministra en este sentido.

Clavijo, por su lado, explicó que en el informe que su gobierno encargó “el esfuerzo previo de las comunidades autónomas no ha podido ser evaluado porque la autora no tiene los datos”. “Por eso necesitamos hacer un ajuste fino que en todo caso siempre va a ir en beneficio del menor, porque no debemos perder de vista la idea de que esto no es un problema político ni territorial, sino humanitario, y tenemos que poner por encima los derechos del menor y su interés general”, enfatizó antes de explicar que se tendrán en cuenta “las necesidades de cada uno de ellos” y que los más pequeños, por ejemplo, “se quedarán en Canarias para no generarles un segundo arraigo y otro trauma añadido al que han vivido”.

Pendientes de Junts

A partir de este acuerdo sobre los criterios de distribución, ambas partes se centrarán en los próximos días en concretar la fórmula jurídica de presentarlo en el Congreso, dar a conocer una ficha financiera para llevar a cabo el proceso, y la negociación política con los grupos parlamentarios en el Congreso que garanticen su aprobación. “Hoy hemos acordado criterios que venían siendo criterios históricos y que atienden al sentido común y esto despeja el camino para que en muy poco tiempo podamos tener un acuerdo cerrado. Estamos trabajando en lograr los apoyos necesarios”, señaló la ministra. Aunque este jueves no lo mencionó, Clavijo sí ha comentado en los últimos días que tiene garantizado el apoyo de Junts, cuyos siete escaños serían imprescindibles si el PP se mantiene en su rechazo a esta propuesta de distribución extraordinaria y puntual de 4.400 niños, niñas y adolescentes migrantes.

En cuanto a la financiación, Rego aseguró que “en el Gobierno ya hemos mostrado nuestra disposición y voluntad a dotarlo de manera suficiente en términos financieros”. “Estamos trabajando para cerrar también el fleco económico”, insistió, mientras Clavijo pone todo el foco en este sentido en la reunión del próximo día 12 con Montero. En el ámbito político e institucional, y aunque la ministra no lo comentó en su comparecencia de este jueves, la propuesta de reparto de menores que obliga a dimensionar el sistema de acogida de todos los territorios, tiene por delante el debate que se va a producir en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Ceuta probablemente la próxima semana.

Por otra parte, el ministro Torres anunció que cuando también cuenten con el informe de la Abogacía del Estado, que estará la próxima semana, se convocará una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, que él preside, a la que se invitará al presidente de Canarias y al resto de presidentes de comunidades autónomas que deseen acudir para “cerrar el texto definitivo”. Es decir, Torres abre el abanico de intervención a los presidentes autonómicos con la idea probable para que fijen una posición más allá de la que expresen sus respectivos consejeros en la Conferencia Sectorial, y como mecanismo de presión al PP antes de que la propuesta llegue al Congreso.

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