Las oficinas de Drets Socials serán una nueva ventanilla para tramitar ayudas de la Generalitat

La reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudanía (RGC) que ha impulsado el PSC prevé un cambio en la tramitación de las solicitudes de la prestación. Hasta ahora, era el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) el ente encargado de la tramitación presencial de todas ellas. Con la modificación planteada, también podrán iniciarse los trámites en las siete Oficinas d'Atenció Ciutadana (OAC) del Govern y en las 66 de la Conselleria de Drets Socials que, en un futuro, han de transformarse en una ventanilla única para tramitar todas las prestaciones sociales en Catalunya. Además, la reforma de este subsidio pretende implicar a los servicios sociales de los ayuntamientos y entes comarcales para que se encarguen del plan individualizado de todas las familias que accedan a la RGC.

Las OAC y las OASF han de convertirse en un futuro en una ventanilla única para tramitar todas las prestaciones

El proyecto de reforma de la RGC que los socialistas ya han iniciado en el Parlament rompe el monopolio de la gestión de solicitudes que ahora tenía el SOC y que ahora deberá compartir con las OAC y las Oficines de Afers Socials i Famílies (OASF). Existen siete OAC en Manresa, Tarragona, Tortosa, Girona, Barcelona, Amposta y Lleida, y 66 OASF distribuidos en los barrios de Catalunya con peores indicadores de renta y mayores tasas de pobreza. Este será un espacio al que las personas que quieran iniciar el trámite de la renta garantizada podrán desplazarse para solicitarlo.

En 2024, solo 2.700 beneficiarios de la RGC dejaron de cobrarla porque encontraron un trabajo

Según apuntan distintas fuentes conocedoras del proyecto, la plantilla del SOC aceptó a regañadientes la idea de gestionar las solicitudes de la RGC. Sus técnicos están especializados en políticas activas de ocupación, cursos de formación y elaboración de itinerarios profesionales, mientras que muchos perceptores requieren de una atención más propia de servicios sociales antes de entrar a ese tipo de servicios.

Cambios en los planes de inserción

Hasta ahora, la RGC estaba pensada como una ayuda a través de la que parte de los beneficiarios saltaran a un empleo. El SOC trata de incentivar que los beneficiarios en edad y capacidad para trabajar hagan cursos formativos, accedan a ofertas de empleo y vuelvan al mundo laboral. Los que aceptan este plan de inserción y se comprometen a activamente buscar un empleo cobran actualmente un complemento extra de 150 euros. Acceden a ello el 91% de estos hogares, 40.600 familias. Pero solo 2.700 durante todo el año pasado dejaron de cobrar la renta porque encontraron un trabajo.

"La inserción laboral no es sencilla, son personas con situaciones muy complejas, que necesitan un acompañamiento hasta poder aceptar un empleo"

Mónica Martínez Bravo

— Consellera de Drets Socials

Fuentes conocedoras del día a día de las oficinas explican que, ante el miedo de perder la renta si aceptan un empleo, de cada 60 personas que contacta el SOC para ofrecerles una entrevista de trabajo, solo una acepta dar el paso. "No es algo tan sencillo, son personas con situaciones muy complejas, a veces con problemática de salud mental añadida, que necesitan un acompañamiento para poder llegar al momento de poder empezar a seguir una rutina y trabajar", opina la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo.

Es por ello que el nuevo modelo de la reforma que impulsa el Govern pretende dejar atrás este complemento y, a su vez, apoyarse en los servicios sociales municipales y comarcales para fomentar la autonomía de los beneficiarios. En la reforma desaparece el complemento de inserción laboral y todas las personas que pidan la renta deberán incluirse en un plan de seguimiento obligatorio. De no hacerlo, estarían expuestas a una sanción.

Todas las personas que pidan la renta deberán incluirse en un plan de seguimiento obligatorio

Los técnicos que aceptan las solicitudes deberán cuantificar el grado de inserción laboral de cada persona y, en función de ello, deberán distinguir si deben hacer un plan social, laboral o sociolaboral. El SOC se encargará, pues, de la parte laboral, mientras que los servicios sociales, que pueden delegar en entidades del tercer sector, deberán ocuparse de la parte social. Este plan será obligatorio exceptuando los estudiantes, jubilados, menores de 16 años, personas con un grado de discapacidad igual o mayor al 65%, personas dependientes o con un grado de incapacidad y aquellos que trabajan y su jornada laboral no les permite compatibilizar con este proceso.

La ventanilla única con el Ingreso Mínimo

Pero el proyecto de sumar las oficinas de atención ciudadana y de la propia conselleria para tramitar la RGC es un primer paso que ganará relevancia en los próximos meses, cuando la Generalitat empieze a gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde el pasado verano, cuando el Gobierno central traspasó a Drets Socials su gestión en Catalunya, la conselleria ha estado trabajando en un proyecto de ventanilla única: un lugar donde todas las personas que necesiten prestaciones sociales puedan acudir, y desde allí se les tramiten todas las opciones a las que pueden acceder.

Catalunya se da nueve meses para estrenar la ventanilla única de las ayudas sociales

"Las OAC son una parte muy importante de esta ecuación", desvela la consellera, que, sin embargo, insiste en que quieren potenciar especialmente las vías digitales para fomentar la tramitación de estos expedientes online. Durante el último año, según datos facilitados por Funció Pública, se realizaron 51.385 tramitacions telemáticas de la RGC.

Catalunya es la comunidad con la peor tasa de cobertura del IMV, hasta el punto de que solo 13.000 familias perciben las dos prestaciones, el IMV y la RGC. Si bien es cierto que tienen requisitos similares, el reto de Drets Socials es conseguir aumentar estas cifras, con lo que lograrían un importante ahorro en las cuentas de la Generalitat. Esto podría acelerar los calendarios para que los trabajadores pobres accedan a estas ayudas, y sobre todo reducir el coste presupuestario: los 880 millones que el Govern estima que costaría la reforma no tienen en cuenta ese efecto ahorro de la complementariedad del IMV.

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