La familia Riera recupera la casa que le ocuparon en Girona

El Juzgado de Instrucción número 4 de Girona dio la razón la semana pasada a la familia Riera, a la que habían ocupado la casa que debían reformar, y este miércoles se hizo el desalojo de las tres personas que habían entrado en el domicilio. La familia compró una casa hace tres años y recientemente recibió la licencia municipal para poder sacar adelante las obras. Sin embargo, el 2 de enero recibieron el aviso de unos vecinos que habían oído ruidos en el interior de la vivienda. Una vez allí, la Policía Municipal de Girona recomendó a la familia abandonar la casa porque había indicios de que esa era la residencia de los ocupantes, basándose en un vídeo donde dormían entre mantas y cocinaban (sin gas, agua ni luz).

La familia compró la casa hace tres años pero no obtuvo la licencia de obras municipal hasta hace poco

"Finalmente, hemos recuperado nuestra casa", comunicó el propio Jordi Riera a través de su cuenta de X (antes Twitter). Fue el 5 de enero cuando el atestado presentado por la familia entró en los juzgados y desde entonces estaba a la espera de la resolución. "Ha sido un proceso duro y desgastante", también apuntó Jordi Riera a X. Éste, también agradeció a todo el que les había apoyado ante esta ocupación. En especial, Riera, quiso "destacar" el trabajo realizado por el Juzgado. Todo esto, porque saben que "trabajan con recursos limitados" y, por eso, todavía han valorado "más su rapidez, rigor y compromiso en la gestión" del caso.

Los abogados instan a poder expulsar en 48 horas a los ocupantes ilegales de una vivienda si no acreditan "la posesión legítima"

Por otra parte, Riera señaló que, durante la visita "el Ministerio Fiscal cuestionó la actuación policial". En este caso, la Policía Municipal, aunque acudió al lugar de los hechos por una llamada de la familia afectada, acabó "favoreciendo a los ocupantes por encima de los propietarios". "No había protocolo", lamentó.

"La ley debe cambiar"

En todo caso, Riera tiene claro que "la ley debe cambiar", ya que "no puede que casos tan claros supongan meses de lucha y costes para los legítimos propietarios". Asegura que "esta inseguridad jurídica perjudica a toda la sociedad". Por un lado, "hace subir el precio de la vivienda y del alquiler" y, por el otro, "reduce la oferta porque cada vez más personas tienen miedo a invertir en vivienda".

Los Mossos investigaron 5.365 delitos vinculados a la ocupación en Catalunya en el primer semestre del año pasado

Así, apunta que "la ley debería permitir un procedimiento exprés para determinar rápidamente quién es el propietario legítimo de un inmueble y actuar en consecuencia". La familia Riera, cierra así el "capítulo", pero también es consciente de que "muchas otras personas siguen atrapadas en situaciones parecidas". Así que continuarán "denunciando esta realidad porque no se puede normalizar".