Informe

La Síndica de Greuges reclama medidas alternativas a la prisión para personas con discapacidad intelectual

Esther Giménez-Salinas sostiene que la cárcel no es el lugar adecuado para estas personas y denuncia la carencia de unidades específicas para atender a estos reclusos

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Una imatge de l’interior de la presó Quatre Camins, a la Roca del Vallès

Una imatge de l’interior de la presó Quatre Camins, a la Roca del Vallès / JORDI OTIX / J. G. ALBALAT

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y su adjunto general, Jaume Saura, han entregado este lunes al Parlament el 'Informe del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura', el cual concluye que la cárcel no es el lugar adecuado para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, al tiempo que reclama que los internos cumplan la condena de manera alternativa. "La apuesta por el medio abierto para estas personas tiene que ser una prioridad", ha manifestado la Síndica. Una de las medidas que supone el régimen abierto es solo ir a dormir a la cárcel.

A pesar de que se están haciendo esfuerzos para adaptar entornos penitenciarios a estos internos, "todavía hay carencias que hacen que no se les preste una atención adecuada a sus necesidades", según el documento. Por esta razón, recomienda la derivación de esas personas "hacia recursos más adecuados a su situación". En total, hay 236 reclusos con discapacidad intelectual en Catalunya, de los que la mitad no están reconocidos.

Este año el informe contiene un monográfico sobre la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los centros penitenciarios de Catalunya. Para elaborar este estudio, durante 2024 el equipo de la Síndica se trasladó a 35 centros con personas privadas de libertad. La mayoría de visitas, 19, corresponden a comisarías de policía, tanto de Mossos d'Esquadra como de policías locales. A la vez, también se acudió a seis cárceles, seis centros educativos de justicia juvenil, un sociosanitario y un servicio de atención hospitalaria psiquiátrica.

Falta de recursos

Uno de los déficits que se ha detectado es la carencia de unidades específicas para atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, a excepción del departamento de atención especializada de la prisión de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, que trabaja bajo los principios de comunidad terapéutica. Para la Sindicatura de Greuges, "esta es claramente una buena práctica penitenciaria y, por lo tanto, convendría replicarla" en el resto de las cárceles. La falta de servicios especializados provoca que esos presos convivan junto con "otros internos vulnerables", ya sea porque sufren una patología mental o un problema de consumo. En algunas ocasiones, además, la estancia en estos espacios alternativos está limitada a dos años, un periodo que no es el adecuado para las personas con discapacidad intelectual.

Otros centros penitenciarios, como el de Ponent (Lleida) o el de mujeres en Barcelona, ni siquiera tienen previsto disponer de dependencias para atender a los internos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, el informe pone de manifiesto que las mujeres con discapacidad intelectual sufren "una doble discriminación" porque o bien no hay un espacio específico para ellas o bien el que existe es "claramente insuficiente". El estudio recalca que hay un porcentaje elevado de personas con discapacidad intelectual que no tienen un dictamen oficial ni están detectadas como vulnerables. Por lo tanto, estos reclusos están ubicados en módulos ordinarios e, incluso, se pueden encontrar en aislamiento de manera prolongada.

Restricciones al trabajo

A raíz del asesinato de la cocinera del Centro Penitenciario Mas d'Enric (Tarragona) en marzo de 2024, la Consellleria de Justícia implementó una nueva circular para regular el acceso de los internos al trabajo del centro penitenciario y restringe el acceso a algunos de esos puestos, como la cocina, al ser de alto riesgo. En este sentido, la Síndica sostiene que, "teniendo en cuenta que el trabajo penitenciario cumple una función reinsertadora, esta nueva circular es una restricción excesiva en el acceso y en la permanencia a talleres y destinos", por lo que exige que se "revise en profundidad", por dos motivos: porque amplía notablemente los puestos de trabajo considerados "de especial riesgo para la seguridad", y porque establece nuevos requisitos para acceder que no tienen base legal, como el de no haber sido condenado por delitos violentos con resultado de muerte o lesiones graves.

El informe incide en que "la seguridad del personal y de los internos de los centros penitenciarios es un elemento fundamental", pero defiende que para garantizarla no se debe restringir el acceso de los presos al trabajo penitenciario, sino ampliar las medidas de control, como la instalación de cámaras de videovigilancia y arcos metálicos, o los cacheos frecuentes. Además, agrega, limitar el acceso al trabajo en función del tipo de delito cometido, sin atender a la individualidad del caso, no respeta el principio de la reserva de ley, y se invaden competencias de ámbito estatal.

Centros de menores

Entre el 2023 y el 2024 los redactores del informe visitaron los siete centros educativos de menores destinados a la ejecución de medidas judiciales de internamiento y constataron que, a pesar de que estos recintos cubren gran parte del territorio catalán, algunas demarcaciones, como la de Tarragona, no cuentan con servicios de este tipo, lo que dificulta mantener los vínculos entre los jóvenes y sus familias.

También se ha detectado que los jóvenes de origen migrante sin red familiar están más desprotegidos y necesitan un acompañamiento a la hora de preparar la salida del centro y afrontar la vida posterior. Finalmente, el informe subraya la necesidad de garantizar que el personal de seguridad privada de estos centros tenga formación específica sobre los derechos y las obligaciones de los menores que residen y sobre el procedimiento y los límites de la aplicación de los medios de contención.