Justicia

Junts y los abogados proponen que la policía pueda ejecutar desalojos exprés de ocupaciones ilegales sin permiso judicial

Tanto el partido como los letrados consideran que se comete un delito fragrante y, por lo tanto, piden que los agentes puedan actuar de forma inmediata

La formación ha llevado al Parlament las propuestas de los colegios de Barcelona, Madrid y Málaga para someterlas a votación y trasladarlas al Congreso

Los abogados reclaman que las comunidades de vecinos puedan instar al desalojo cautelar de narcopisos

Un agente de la Policía Nacional custodia la finca donde querían entrar familias okupas

Un agente de la Policía Nacional custodia la finca donde querían entrar familias okupas / PILAR CORTÉS

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
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Junts ha recogido el guante lanzado por los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga para combatir las ocupaciones ilegales y ha presentado en el Parlament sus propuestas. Además de abogar por que el juez pueda ordenar el desalojo 48 horas después de interponer la denuncia como medida cautelar si los ocupantes no pueden acreditar la posesión legítima de la vivienda, los abogados también reclaman facultar a la policía para poder realizarlo de forma inmediata sin intervención del juez si se trata de un delito flagrante (cuando los ocupantes son sorprendidos al acceder al inmueble o si los agentes consideran que la ocupación se produjo en las últimas 48 horas), según un documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La cámara catalana deberá votar si esta propuesta se remite al Congreso de los Diputados, órgano competente para modificar las leyes de ámbito estatal necesarias para poner en marcha todas estas medidas.

Esta semana, los tres colegios profesionales han presentado en un congreso celebrado en Barcelona las medidas que estiman necesarias para luchar contra las ocupaciones ilegales, entre las que figuran la usurpación de viviendas para fines delictivos como el tráfico de drogas. Las propuestas estrella anunciadas pasan por que los jueces puedan ordenar desalojos 48 horas después de la interposición de la denuncia, que las comunidades de vecinos puedan instar al desalojo cautelar de viviendas donde se cometen delitos, como narcopisos, y se elimine la ley del jurado del delito de allanamiento.

En paralelo, los abogados han redactado otro documento, al que ha tenido acceso este diario, en el que proponen la reforma de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facultar a la policía para proceder al "inmediato desalojo" del inmueble si se está cometiendo un "delito flagrante". Esta circunstancia, subrayan los letrados, se constataría, por ejemplo, con "roturas o fracturas de puertas y ventanas", el aviso de una central de alarmas por activación de la señal de intrusión en la vivienda, manifestaciones de los vecinos, testigos o vigilantes, o la presencia de utensilios en el exterior del inmueble.

Acciones de carácter mafioso

Las reformas planteadas por los tres colegios de abogados han sido recogidas por Junts en una propuesta presentada en la Mesa del Parlament para su remisión al Congreso. "La presente iniciativa tiene como objetivo principal dotar a los tribunales y a los operadores jurídicos de las mejores herramientas legales" para tramitar desalojos de ocupaciones ilegales, según el documento. Desde el partido apuntan a las siguientes cifras: 9.477 ocupaciones cometidas en 2022, 9.247 en 2023 y 5.364 hasta junio de 2024, lo que hace presuponer que el cómputo total del año pasado dará una "cifra récord" de más de 10.000 ocupaciones.

En su opinión, estos datos muestran "la necesidad de hacer las reformas legales oportunas" para frenar "una realidad que evidencia que la ocupación de bienes inmuebles, lejos de constituir un fenómeno aislado, es una realidad social que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, ocasionando un grave perjuicio a los titulares de los inmuebles ocupados, así como al resto de ciudadanos por los problemas de convivencia que muchas veces generan en su entorno". Además, muchas veces "se trata de acciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso".

Para Junts, "las fórmulas previstas judicialmente para desocupar un inmueble no están siendo suficientemente eficaces ni rápidas". Por ello, incide, hace falta "cambiar los mecanismos", tanto por la vía penal como civil, con el objetivo de "encontrar una respuesta rápida y ágil ante estas situaciones, y evitar la actual dilación de la tramitación judicial de estos procedimientos por la saturación y elevada carga de los trabajos de los juzgados". De ahí que se solicite la reforma de las leyes de enjuiciamiento criminal y civil y la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, entre otras normativas.

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