Los Mossos investigaron 5.365 delitos vinculados a la ocupación en Catalunya en el primer semestre del año pasado

Hasta junio de 2024, los Mossos d'Esquadra investigaron 5.365 casos de ocupaciones ilegales en Catalunya relacionadas con los delitos de usurpación de inmuebles, tanto de tipo violento como pacífico, y allanamiento de morada con voluntad de permanecer. Se trata de conductas castigadas en el Código Penal con penas de prisión o multa.

La cifra, correspondiente al primer semestre de 2024 pasado, ya apuntaba a que se superarían las investigaciones realizadas por Mossos respecto a años anteriores relacionadas con este tipo de delitos. Según datos ofrecidos por el Departament d'Interior en el Parlament, en 2023 se tuvo conocimiento de 9.247 ocupaciones delictivas, mientras que el 2022 fueron 9.477 y en 2021 se registraron 9.436.

Las ocupaciones se frenan en Barcelona: el 0,17% de las viviendas

Barcelona y área metropolitana

La mayoría de ocupaciones delincuenciales se producen en Barcelona y su área metropolitana, principalmente las poblaciones limítrofes como L'Hospitalet de Llobregat y Badalona. Sin embargo, en casi todas las comarcas catalanas se registraron casos de ocupación ilegal, tal como consta en los datos ofrecidos por Interior referentes a los últimos cinco años.

Los Mossos entienden que los sospechosos cometen estos delitos cuando ocupan un espacio "con la voluntad de mantenerse, ya sea para desarrollar la vida íntima o para realizar cualquier otra actividad", aunque sea ilícita, como instalar un narcopiso, un prostíbulo o una residencia turística sin licencia. De ahí que se contabilicen tanto viviendas como otros tipos de inmuebles: por ejemplo, naves industriales o locales vacíos en los que también se pueden encontrar plantaciones de marihuana totalmente equipadas.

Diferencia entre usurpación y allanamiento

El Código Penal establece diferencias entre los delitos de usurpación de vivienda y el de allanamiento de morada. En el primero el bien jurídico protegido es la propiedad. Es decir, se trata de un delito contra el patrimonio, mientras que en el segundo se preserva la intimidad del hogar y el derecho a la vivienda.

Si el inmueble ocupado constituye morada estaremos ante un delito de allanamiento. Por el contrario, si en la vivienda no se reside, se tratará de un delito de usurpación. Si esta usurpación de inmueble o el allanamiento se hace con violencia o intimidación, la pena de prisión asciende hasta los dos años. Si se trata de una ocupación pacífica, la usurpación se castiga con pena de multa y hasta con un año de cárcel el allanamiento.

En una instrucción de 2020, la Fiscalía consideraba que se debe pedir siempre al juzgado la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble en casos con "sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación" y además se verifique "la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor que razonablemente justifiquen" que se le devuelva la vivienda.

¿Qué debe hacer la comunidad?

Los Mossos recomiendan llamar al 112 si se detecta una ocupación en una residencia, ya sea habitual o no, a partir de golpes en la cerradura o una mudanza, y recuerdan que este aviso a emergencias lo puede realizar cualquier vecino aunque no sea el afectado directamente. Ante un inmueble que ha sido ocupado se deberá localizar al titular de la vivienda (particular, empresa, administrador/a, banco…) para que presente denuncia lo más rápido posible, ya que la actuación policial vendrá condicionada por el tiempo que lleve la vivienda ocupada.

Si los agentes consideran que se ha cometido un delito flagrante en la ocupación –o sea, que se acaba de realizar–, pueden ejecutar el desalojo de forma inmediata, ya que el ocupante debería acreditar que accedió al inmueble con el beneplácito del propietario. En caso contrario, se debe solicitar auxilio al juzgado, lo que puede dilatar el proceso, aunque una actuación penal siempre es más ágil que el procedimiento civil.

Los agentes también instan a denunciar cualquier posible acción delictiva que se cometa dentro de la vivienda, como prostitución o tráfico de drogas. En caso de que se trate de un uso turístico no autorizado, se informará a la policía para que comprueben si se disponen de las licencias pertinentes, así como del registro y la comunicación a la autoridad pertinente de los datos de las personas alojadas.

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