Los abogados reclaman que las comunidades de vecinos puedan instar al desalojo cautelar de narcopisos

Los colegios de abogados de Barcelona, Madrid, y Málaga, junto con el Institut I+Dret, proponen numerosos cambios legislativos tanto civiles como penales para acabar con el fenómeno de la ocupación ilegal. La intención es dotar a los juzgados de más mecanismos para facilitar la devolución de una vivienda usurpada, así como reforzar las reclamaciones de propietarios y comunidades de vecinos, que muchas veces se ven desamparadas ante casos en los que la actividad de un inmueble ocupado genera inseguridad, riesgo o peligro para el resto de habitantes del edificio. Un ejemplo serían los narcopisos.

La propuesta de modificación legislativa se ha presentado este martes en el Segundo Congreso de la Ocupación Ilegal que se celebra hasta mañana miércoles en el Col.legi de l'Advocacia de Barcelona. "En ningún país del mundo hay derecho a ocupar. Es una vulneración de los derechos de otras personas", ha asegurado el decano de los abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, en la apertura del congreso. En este sentido, ha reiterado de nuevo la falta de vivienda pública. "La media en Europa es del 10%, y en España, del 3%", ha recalcado, a la vez que ha mostrado la solidaridad de la profesión hacia las familias vulnerables con pocos recursos económicos que nada tienen que ver con la ocupación ilegal delincuencial (usan las viviendas para delinquir).

Desalojo a las 48 horas

Además de la reforma del Código Penal para que el desalojo se produzca en 48 horas tras la denuncia interpuesta, la propuesta de los abogados también insta a cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar a las comunidades de propietarios acciones contra los que ocupen ilegalmente un piso o un local y "lleven a cabo actividades o conductas dañosas para la finca" que puedan ser "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas". 

Actualmente, los presidentes de las comunidades de propietarios pueden denunciar ante el juzgado este tipo de actividades, pero el proyecto de la abogacía incorpora que tengan la opción de la vía civil para reclamar una orden cautelar de su cese y el desalojo inmediato.

El proyecto quiere dotar a los juzgados de una herramienta para poner punto final a esa actividad prohibida "bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia" si no se cumple. Esta demanda se dirige contra el propietario y el ocupante de la vivienda o local. Para los abogados, esta "acción tiene una trascendencia enorme si tenemos en cuenta que se puede plantear junto con una medida cautelar que haga posible el cese de esa actividad o incluso la expulsión del ocupante ilegal". 

Código Civil catalán

Los abogados también plantean la modificación de artículos del Código Civil de Catalunya para ofrecer garantías a las comunidades de propietarios para que puedan ejercer una acción judicial contra "la actividad de quienes hayan ocupado ilegalmente un piso o local y realicen actividades dañinas para la finca o ilegales". Esta posibilidad, según los profesionales del Derecho, tiene "una trascendencia enorme" teniendo en cuenta que puede plantearse junto con una medida cautelar que haga posible el cese de esta actividad o incluso la expulsión del ocupante ilegal. En septiembre de 2022, el Gobierno catalán de ERC y Junts anunció que impulsaría modificaciones en el Código Civil de Catalunya y la ley que regula la vivienda para dar potestad a los ayuntamientos y a las comunidades de vecinos para que puedan instar, en el caso de que los propietarios no lo hagan, al desalojo de las ocupaciones ilegales de viviendas por parte de personas que comenten delitos. Al final, esta reforma no prosperó.

Junto con estas propuestas, los abogados pretenden cambios en la legislación penal para que los desalojos se hagan en 48 horas y no se tenga en cuenta una posible vulnerabilidad alegada por los ocupantes. La propuesta de los abogados incide en que "no puede hacerse recaer en los propietarios de inmuebles la solución a los problemas de la carencia de viviendas, ya sean los titulares personas físicas o jurídicas. En todo caso, son las instituciones públicas las que tienen esa responsabilidad de facilitar el acceso a la vivienda y el reconocimiento del derecho constitucional a una vivienda digna. Esta necesidad de vivienda no justifica en modo alguno el fenómeno de la ocupación ilegal".

Falsa apariencia de vulnerabilidad

Según los firmantes de esta propuesta de reforma, "en los últimos años se han identificado patologías asociadas a la ocupación como la consistente en crear una falsa apariencia de ocupación basada en el estado de necesidad, cuando en realidad se ocultan determinados grupos o personas que operan en las más absoluta ilegalidad e impunidad y que buscan obtener beneficios económicos por la ocupación de la vivienda, mediante su ofrecimiento a terceras personas interesadas como la de exigir a su propietario una compensación económica para que pueda recuperar la vivienda".

Los abogados consideran que se ha constatado la existencia de la "aparición de fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma reprobable la situación de necesidad de las personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre la problemática para enmascarar actuaciones ilegales por motivaciones diversas". Son "verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter sospechoso, que perturban y privan de la posesión de viviendas" los propietarios de las mismas.