Uno de cada cuatro adolescentes ha sufrido violencia por parte de algún familiar en el último año en España

El primer estudio que analiza la prevalencia de la violencia hacia la infancia en el ámbito familiar en España, realizado con una encuesta dado que apenas un 10% de los casos acaban en denuncia, indica que uno de cada cuatro adolescentes (en concreto el 26%) de entre 14 y 17 años ha sufrido algún tipo de maltrato directo, como insultos, humillaciones o golpes, o ha sido testigo de violencia entre sus padres o hacia otros miembros de la familia en el último año.

Se trata de un porcentaje más alto del detectado por encuestas oficiales sobre el problema estructural de la violencia de género. Por ejemplo, la macroencuesta de violencia hacia la mujer del Ministerio de Igualdad refleja que un 21,5% de las mujeres han sufrido violencia física por parejas actuales o pasadas, el 1,7% en los últimos 12 meses. Y un 13,7% violencia sexual -en relaciones de pareja-, el 1,8% en los últimos 12 meses.

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"El grupo más victimizado en las familias son los niños pero, históricamente, no se ha tenido en cuenta y se ha normalizado, por eso sigue siendo tan difícil de detectar y buena permanece oculta", interpreta Noemí Pereda, investigadora de la Universidad de Barcelona y autora del estudio, que ha sido impulsado por Unicef. El dato del 25% de niños que viven y sufren violencia en sus hogares coincide con las prevalencias en otros países europeos, aunque es algo mayor que en Portugal o Reino Unido.

El tipo de violencia más frecuente es la directa, que incluye la emocional (gritos, insultos, amenazas), el maltrato físico y los abusos sexuales

En concreto, la encuesta -que ha seguido una metodología internacional y se ha realizado con una muestra de 4.024 adolescentes de 14 a 17 años en 70 centros educativos de toda España-, pone de manifiesto que el tipo de violencia más frecuente es la directa, que sufre el 20,9%. Dentro de esta tipología, destaca la violencia emocional, como gritos, insultos, humillaciones o amenazas que asustan y hacen sentir mal al menor (16,9%), seguida del maltrato físico, que afecta a cerca de 1 de cada 10 (7%).

Las agresiones sexuales

La violencia sexual se sitúa en el 0,11%, lo que supone una prevalencia baja respecto a la detectada por otros estudios, pero la encuesta se refiere exclusivamente a agresiones sexuales sufridas en el último año y como se trata de adolescentes, refleja los casos que probablemente empezaron en la infancia -donde es más frecuente esta violencia- y continúan pese a que el menor va creciendo.

Por último, la violencia indirecta afecta al 14,2% de los chicos y chicas y básicamente consiste en que son testigos de malos tratos verbales o físicos entre los progenitores -mayoritariamente del padre hacia la madre, como ponen de manifiesto las denuncias-, hacia los hermanos o abuelos.

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El estudio indica que la prevalencia de la violencia familiar hacia la infancia es del 18,5% en los hombres y de tercio en las chicas (32,9%). Por tanto, estas presentan el doble de riesgo de sufrir violencia por parte de figuras cuidadoras, sobre todo psicológica. Las adolescentes también reportan más del doble de probabilidad de estar expuestas a violencia en el núcleo familiar, incluyendo violencia verbal entre progenitores y violencia física hacia hermanos o hermanas; y casi tres veces más riesgo de exposición a violencia física entre sus padres.

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También se identifican grupos de adolescentes especialmente vulnerables que reportan una mayor prevalencia y riesgo, como aquellos pertenecientes a minorías sexuales -como el colectivo LGTBI-y étnicas, o los procedentes de otros países. Estos factores pueden multiplicar hasta por cuatro las posibilidades de sufrir violencia en el ámbito familiar.

Las propuestas

Frente a este fenómeno, Unicef propone llevar a cabo una serie de medidas, entre ellas la puesta en marcha de todas las medidas establecidas en la pionera ley de protección a la infancia frente a la violencia, aprobada en la legislatura anterior. Asimismo, reclama medidas para facilitar la conciliación a los padres, programas de competencias parentales o ayudas como las prestaciones por hijo, así como la puesta en marcha en todos los centros educativos y con un horario y funciones definidas de la figura del Coordinador de Protección, que recoge la menciona ley.