Qué pasa en Casa Orsola, el anunciado desahucio en el Eixample que protagonizó la gala de los Gaudí

El próximo viernes 31 de enero está previsto que los Mossos d'Esquadra desahucien a los vecinos de Casa Orsola. Así lo ha dictaminado el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, atendiendo a la petición del fondo de inversiones inmobiliarias Lioness Inversiones, que en 2020 adquirió este bloque de edificios ubicado en el Eixample izquierdo de la capital catalana, concretamente en el número 122 de la calle Consell de Cent.

El fondo inversor, que compró con fines especulativos este inmueble, ha decidido no renovar los contratos de alquiler de los actuales inquilinos y posteriormente volver a arrendar los céntricos pisos pero bajo la fórmula de alquileres de temporada. Es decir, pasar de alquilarlo a personas que residen de manera permanente a arrendarlo a personas que pasan unos periodos cortos de tiempo, habitualmente extranjeros y con capacidad para pagar precios sustancialmente más altos. Una estrategia más lucrativa para los intereses de la propiedad y que el próximo 31 de enero puede dejar sin casa a Josep, el primer inquilino de la finca con una orden de desahucio, según explica el Sindicat de Llogateres.

El caso de Casa Orsola, de Josep y del Sindicat de Llogateres tuvo un protagonismo especial durante la gala de este pasado sábado para la entrega de los premios Gaudi. Múltiples actores, desde Enric Auquer ('Casa en flames'), pasando por Maria Arnal ('Polvo serán') o Eduard Fernández ('El 47') reivindicaron el derecho a una vivienda digna o directamente hicieron un llamamiento a los barceloneses a plantarse el próximo 31 de diciembre en Casa Orsola para parar el desahucio.

El fondo Lioness Inversiones forma parte del grupo empresarial Corporación Financiera Valora XXI SL, que administra otros aparatos de inversión inmobiliaria como Valora Inmobiliaria Villarroel, Promociones Crumat o Eurobenefit. En 2023, según los últimos datos publicados en el registro mercantil, Lioness Inversiones manejaba una cartera de activos valorada en 44,7 millones de euros.

También hace negocio mediante la empresa de centros de atención telefónica Emergia. Con sede en la calle Bac de Roda, el Sindicat de Llogateres protagonizó una acción de protesta en sus oficinas en 2022. En defensa de los propietarios de la firma, administrada por Luisa María Hernández Reche, salió entonces la patronal Foment del Treball, que convocó una rueda de prensa específicamente "para defender a los propietarios" y "defender el derecho a la propiedad privada, el derecho a invertir en nuestra economía, el derecho a la libertad de empresa y el respeto a la ley vigente, y que así la creación de riqueza pueda llegar a todo el mundo", según manifestó su presidente, Josep Sánchez Llibre.

La inversión inmobiliaria en Barcelona abandona los pisos de alquiler y apuesta por hoteles y residencias

Ya hace tres años, cuando la propiedad comunicó vía burofax a los inquilinos que no les iba a renovar el contrato y que les quería fuera de sus casas, el Sindicat de Llogateres organizó varias jornadas de protesta frente Casa Orsola. Ahora, con la ayuda de varios galardonados en los Gaudí, llaman a los vecinos para que se manifiesten el próximo viernes 31 de enero y paren el desahucio de uno de los inquilinos.

El Sindicat pretende hacer de este inmueble un "símbolo de la lucha inquilina en Barcelona y en todo el país", según ha manifestado en un comunicado. A finales del 2024 esta organización logró sacar a la calle a unas 170.000 personas, según los organizadores, o 22.000, según la Guardia Urbana, protagonizando una manifestación histórica en defensa del derecho a una vivienda digna.

Su movilización ahora para evitar que Casa Orsola se convierta en un nicho de alquileres de temporada llega en un momento en el que esta modalidad de negocio inmobiliaria prolifera el doble de rápido en Barcelona que en Madrid. Hasta el punto de que, según un estudio del portal inmobiliario Idealista, cuatro de cada 10 pisos de alquiler anunciados en Barcelona son de alquiler de temporada. Lo que ha obligado al Ayuntamiento a estudiar cómo regular los alquileres de temporada mediante un veto urbanístico, si bien desde el Sindicat de Llogateres las consideran insuficientes para no reproducir otras 'Casas Orsola'.