El Govern empezará a probar este año la renta básica universal en Catalunya si hay presupuestos

El experimento de la renta básica universal en Catalunya se pondrá en marcha esta legislatura, según ha prometido la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, en conversación con EL PERIÓDICO, si hay presupuestos en la Generalitat. En la anterior legislatura, el Govern de Pere Aragonés diseñó un proyecto en el que 5.000 catalanes percibirían 800 euros al mes durante dos años en lo que era el plan piloto de esta renta universal, pero el PSC tumbó el proyecto. Hoy, la consellera socialista asegura que, si se aprueban las cuentas, incluso se podría iniciar el experimento a mediados de este mismo año. "Sin duda se mantendrá el nivel de ambición para impulsar el conocimiento, no solo para Catalunya, sino para toda la comunidad científica", ha dicho Martínez-Bravo. Este lunes el Govern ha aprobado contratar a cinco técnicos en la oficina encargada del proyecto.

El proyecto de la renta universal contempla que todos los ciudadanos reciban una cantidad económica cada mes

Fue primero una exigencia de la CUP que asumió el president Aragonés. Luego cayó cuando el PSC aprobó las cuentas de los republicanos. Pero ahora es una exigencia de ERC que consta en el acuerdo de investidura de Salvador Illa. El proyecto experimental de la renta básica universal vuelve a ser un escollo, o una oportunidad según se mire, que podría desbloquear los nuevos presupuestos de la Generalitat.

"Nuestro objetivo es poner luz en muchas cuestiones: ¿desincentiva el trabajo? ¿Se ahorran recursos de otro tipo? ¿Qué efectos de equilibrio genera?"

Mónica Martínez Bravo

— Consellera de Drets Socials

En concreto, la prueba pilota busca saber qué podría pasar si en un municipio, un barrio o en una familia, la Administración provee a cada ciudadano de una cantidad económica cada mes. Una ayuda suficiente, individual e universal, independientemente de la situación económica de cada uno. "Nuestro objetivo es poner luz en muchas cuestiones: ¿desincentiva el trabajo? ¿Se ahorran recursos de otro tipo, por ejemplo sanitarios? ¿Qué efectos de equilibrio genera en todo un barrio o un municipio?", se pregunta Martínez Bravo, que antes de ser consellera estudiaba los efectos de la pobreza en la ciencia económica.

El clamor de los expertos

El primer director de la oficina del plan piloto de la Renta Garantizada, Sergi Raventós, diseñó un modelo de experimento en el que participaron el Instituto Ivàlua de la Generalitat y un comité de expertos a nivel internacional. La idea era dar 800 euros al mes a 5.000 adultos, la mitad escogidos aleatoriamente, y la otra mitad de dos municipios de menos de 1.500 habitantes cada uno. Justo cuando estaba apunto de implementarse, el proyecto se frustró por la negativa del PSC y Junts a financiarlo. Fueron muchos expertos y entidades sociales los que pidieron sin éxito que el proyecto no decayera. Entre ellos, Guy Standing o David Casassas.

"Si tenemos presupuestos, podríamos empezar el proyecto este 2025 sin duda"

Mónica Martínez Bravo

— Consellera de Drets Socials

Tras las elecciones, ERC resucitó este plan piloto en el acuerdo de investidura. El pasado septiembre, Drets Socials cesó a Raventós y contrató a Guillem Vidal, doctor en Ciencias Sociales y Políticas e investigador económico de la desigualdad, que estaba trabajando en Sevilla para la Unión Europea. El resto de miembros de la oficina fueron despedidos, ya que su contrato era temporal. Este martes, el Govern ha aprobado contratar a cinco funcionarios para reactivar el proyecto, contrataciones que tienen un coste total de 260.000 euros al año.

Rediseño o recortes

Este equipo, por ahora, tiene el encargo de rehacer el proyecto piloto. "Se tiene que perfeccionar y mejorar, ahora toca evaluar la propuesta anterior, ver aspectos técnicos que se tienen que mejorar pero manteniendo el mismo nivel de ambición y excelencia del piloto inicial y fortalecerlo", explica Martínez Bravo. El rediseño deberá contar con el visto bueno de ERC. "Entendemos que es importante cumplir con los acuerdos, y conversamos con ERC para que el rediseño nos guste a todos", sostiene la 'consellera'.

El proyecto tiene pendiente la asignación presupuestaria. "Si tenemos presupuestos, lo podríamos empezar en 2025 sin duda", afirma Martinez-Bravo. En una primera fase, que se podría aplicar en el segundo semestre de 2025 si hay cuentas, se procedería a seleccionar a los beneficiarios y la muestra de control (es decir, las personas a quien también se estudia pero que no perciben la ayuda económica) y se harían las primeras encuestas que permitirían, cuando terminara el experimento, evaluar cómo ha cambiado la vida de estas personas y qué decisiones han tomado.

"El tema es saber cómo se hace, si es universal o si se destina solo a un grupo de población, como parados o personas en situación de pobreza, y si se mantiene la idea de los dos municipios", sostienen fuentes del anterior equipo. De entrada, Bravo no descarta mantener la misma aportación de 800 euros al mes y testar el proyecto en dos municipios concretos. Sin embargo, asume, todo dependerá de la asignación presupuestaria que se termine otorgando a este proyecto.

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