Reforma legislativa
Los abogados de Barcelona ultiman una nueva propuesta para el desalojo exprés de viviendas okupadas
Una de las medidas que se plantean es que el juez pueda aplicar una medida cautelar de desalojo inmediato en un término de 24 a 48 horas
Barcelona elaborará un censo de ocupaciones y un plan de seguridad para los barrios del Besòs
J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El Col.legi de l'Advocacia de Barcelona presentará a finales de este mes una propuesta para modificar una serie de leyes para combatir la ocupación delincuencial de viviendas. Una de las iniciativas que se plantea es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se considere esta acción un 'delito flagrante' y para que el juez pueda adoptar la adopción de una medida cautelar de desalojo inmediato en un término de 24 a 48 horas cuando el ocupante no puede aportar un título de posesión legítimo de la casa, cuando la ocupación pone en peligro el inmueble o cuando provoquen problemas de convivencia vecinal.
El desalojo exprés, por lo tanto, no afectaría, por el ejemplo, al impago de un alquiler. Esta reivindicación ya fue presentada ante la opinión pública en marzo de 2024, aunque ahora, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, la intención es abarcar más aspectos legales, lo que supondría la reforma de diferentes normativas.
La reforma pasaría por que se considere la ocupación un 'delito flagrante', cosa que permitiría el desalojo exprés
El decano del Col.legi de l'Advodacia de Barcelona, Jesús Sánchez, ha explicado en una entrevista en RAC1 que la entidad que preside no pide endurecer penas, sino que todo sea más rápido. De hecho, el decano ha concretado que "no es un tema de penalizar conductas, sino de dar seguridad jurídica a través de una medida cautelar con la que, entre 24 y 48 horas, un juez pueda sacar a una persona que está ocupando ilegalmente una vivienda". En este mismo sentido, Sánchez ha detallado a EL PERIÓDICO que la nueva propuesta busca dar mayor seguridad jurídica a la policía para que pueda actuar y no tenga que enfrentarse a una posible querella por su actuación profesional, pero también se pretender dotar de legitimidad tanto a las comunidades de propietarios como a los administradores de fincas.
Mecanismos ágiles
En marzo de 2024, la abogada y coordinadora de formación del colegio profesional, Cristina Vallejo, y el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona Vicente Pérez Daudí expusieron la propuesta para la aplicación de la medida de desalojo inmediato. En su intervención, Vallejo puso de relieve que las denuncias por ocupación de inmuebles pasaron de 10.619 en 2017 a 17.274 en 2021 y alertó de que el incremento durante esos cinco años era del 62,67%.
También explicó que se tarda una media de 20 meses en poder recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente porque no hay mecanismos ágiles y eficaces en la legislación española, mientras que en otros países la recuperación es viable en un plazo de 24 u 48 horas. De ahí que ahora, el Col.legi de l'Advocacía de Barcelona, a través de un grupo de trabajo, esté ultimando una nueva propuesta mucho más amplia.
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