Educación
El sindicato mayoritario en educación en Catalunya rechaza la firma del convenio con la OCDE y exige una reunión con Illa
USTEC considera que este acuerdo, del que desconocen los detalles, supone "una nueva muestra de desprecio hacia la comunidad educativa del país"
Illa y OCDE firman el pacto para remontar el nivel de la escuela catalana a cuatro años vista
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La sexta hora de la escuela concertada implica siete semanas más de clase cada año respecto a la pública
Aula vacía en un instituto público de Barcelona, este curso. / Zowy Voeten
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El sindicato USTEC·STEs (IAC), el mayoritario en la escuela pública catalana, ha exigido este miércoles una reunión urgente con el president Illa y la consellera Niubó y ha denunciado "la injerencia de la OCDE en las políticas educativas catalanas". El sindicato ha expresado en un comunicado su "rechazo total" a la firma del acuerdo entre el Govern de la Generalitat y la OCDE que se ha llevado a cabo este primer día lectivo de 2025 en la Escola Marta Mata de Barcelona.
"La OCDE no es la quien debe marcar el rumbo del sistema educativo del país. Somos los profesionales de la educación y la comunidad educativa, que conoce de primera mano sus necesidades y peculiaridades, quien debe diseñarla”, ha afirmado la portavoz del sindicato, Iolanda Segura.
Crítica a la externalización
"Es especialmente preocupante que el Govern opte por externalizar el asesoramiento en políticas educativas en vez de confiar en los profesionales de la educación, en las universidades públicas y en las organizaciones sindicales y asociaciones pedagógicas que conocen de primera mano las necesidades del sistema educativo catalán", prosigue la portavoz del sindicato.
El sindicato denuncia también que, en estos momentos, se desconoce cuál es el contenido de este pacto y considera que este acuerdo supone una nueva muestra de desprecio hacia la comunidad educativa del país y una subordinación preocupante a los dictados de organismos internacionales que priorizan criterios económicos por encima de las necesidades pedagógicas y sociales y denuncia que esta decisión aleja aún más la gestión educativa de la realidad de las aulas y las necesidades de cohesión social, poniendo en peligro los principios de equidad, inclusión y calidad que deberían guiar cualquier reforma educativa.
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