Las rentas mínimas de reinserción solo llegan a seis de cada 100 personas que viven bajo el umbral de la pobreza

La llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llevado consigo el arrinconamiento de las rentas mínimas de inserción (RMI). Según un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que desgrana los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, solo el 5,9% de quienes viven bajo el umbral de la pobreza reciben estas ayudas. Son algo más de 571.000 personas. Además, su cuantía únicamente alcanza el 15,9% de la renta media por hogar en España.

Todas las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con algún programa de RMI para procurar una red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social.

Estos programas, dirigidos a quienes carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, coexisten con otras prestaciones económicas destinadas también a cubrir situaciones de necesidad. Con todo, Derechos Sociales explica que, a raíz de la aparición del Ingreso Mínimo Vital, "se han producido modificaciones en las regulaciones autonómicas de las RMI, contemplando a estas, en algunos casos, como complementarias a la prestación de la Seguridad Social, para evitar duplicidades, o exigiendo, en ocasiones, la necesaria solicitud previa del IMV a la solicitud de la RMI autonómica".

Diferencias entre CCAA

Esto ha hecho que, desde la implantación del IMV, casi uno de cada tres beneficiarios de las Rentas Mínimas de Reinserción "se han perdido". Hasta 13 las comunidades han reducido el gasto, con Aragón (-96,2%) y Madrid (-91.1%) a la cabeza. En el caso de la primera, Derechos Sociales destaca que esta comunidad autónoma ha creado la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital, que viene a sustituir al Ingreso Aragonés de Inserción. 

Les siguen Castilla-La Mancha (-82,2%) -que, según el Ministerio, tampoco permite nuevas solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad, por lo que la única prestación de renta mínima con la que cuenta la ciudadanía es el IMV-, Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%).

En el otro extremo están Canarias, que aumenta su presupuesto un 103%; Baleares (74,7%), la Comunidad Valenciana (18,6%) y País Vasco (4%).

Reducción de presupuesto

El informe también expone que en cinco comunidades las RMI ni siquiera alcanzan al 2% de las personas bajo el umbral de la pobreza: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%) Andalucía (0,7%) y Castilla-La Mancha (0,3%). En Aragón la cuantía media no llega al 1% de la renta media de la comunidad.

Álvaro Revilla, coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, recuerda que la Ley del Ingreso Mínimo Vital, aprobada en 2021, configura esta ayuda "como una prestación 'suelo' que se hace compatible con las prestaciones autonómicas" que las comunidades autónomas "puedan conceder en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad".

"Sin embargo, lo que estamos viendo, tanto por la evolución en el presupuesto como en el número de beneficiarios, es que esa complementariedad no se está llevando a cabo o lo hace con muchas diferencias. La idea del IMV es que sea una prestación básica que se pueda complementar con rentas mínimas, incluso para aumentarla o para dotarla de algún complemento específico para situaciones concretas de ayudas", prosigue. Pone de ejemplo el pago de una vivienda o un procedimiento de inserción.

Pero la reducción de los presupuestos de las RMI en la mayoría de las comunidades ha supuesto que, "en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros".

Todo esto cuando, como indica Revilla, el presupuesto de las rentas mínimas también sirven para que los beneficiarios de las prestaciones económicas, tanto del IMV como de RMI, participen en procesos de inclusión.

La Asociación denuncia que la reducción del presupuesto en estas ayudas por parte de las comunidades autónomas no se están destinando a otras áreas de gasto de servicios sociales.