Catalunya da marcha atrás al proyecto de familias de acogida especializadas para niños maltratados

Siete meses después de iniciar la convivencia, la Generalitat ha decidido terminar el proyecto piloto financiado con fondos Europeos para que los niños con problemas graves de conducta desamparados y tutelados por el Govern puedan vivir con una familia de acogida. Este experimento social echó a andar con cuatro familias especializadas –los adultos son profesionales del ámbito social que reciben formación específica– que han dejado sus empleos para dedicarse, en cuerpo y alma, a reparar el daño de los menores tutelados más traumatizados y con dificultades de adaptación. "Lo dejamos todo y ahora nos dicen que el programa se acaba: cambian nuestras condiciones cuando las necesidades de los niños no lo hacen... y no queremos abandonarles", se queja Tomàs Carandell, educador social y padre de acogida. La Generalitat, tras varias reuniones con las familias, se ha comprometido a volver, a mediados de 2025, a las condiciones pactadas inicialmente. La expansión del piloto, sin embargo, está congelada. El proyecto, afirman, tiene un elevado coste y buscan "políticas más efectivas".

En marzo de 2023, y a través de un proyecto financiado con los fondos europeos Next Generation, la Generalitat, entonces con el conseller Carles Campuzano (ERC) al frente de Drets Socials, junto con Navarra y Madrid, iniciaba un proyecto piloto para implementar el modelo guipuzcoano de acogida de menores. Se trata de familias de acogida especializadas: los padres o madres son educadores, psicólogos, trabajadores sociales o especialistas del ámbito social a los que se les forma específicamente para que acojan en sus casas a un menor tutelado y desamparado en situaciones complejas. Suelen ser niños con elevadas discapacidades, trastornos de salud mental o problemas conductuales graves.

La Generalitat buscaba 16 familias, pero al final fueron cuatro las que terminaron implicándose en un primer momento. Ahora hay cinco más seleccionadas. "Yo fui a alguna charla informativa y me pareció interesante, llevo 15 años en un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) y sé que hay chicos para los que el sistema de protección no tiene recursos adecuados. Esta forma de trabajar tiene un plus que da respuesta a una realidad de niños que necesitan otras propuestas", cuenta Carandell. "Yo trabajaba en un Centro Residencial de Educación Intensiva y no podíamos reparar el daño que les han hecho, trabajar el trauma... faltan manos, hay muchas sustituciones y estamos todo el día apagando fuegos", cuenta Alba Torres, otra madre de acogida especializada.

Para Judith Castaño, este proyecto fue una oportunidad de oro. "Yo siempre quise ser familia de acogida pero trabajaba de tardes en el CRAE y era imposible. Esta opción te obliga a dejar el trabajo para centrarte en el niño, era ideal para mí". Estas tres familias, junto a una cuarta, iniciarion todas las pruebas, testadas y evaluadas por una entidad social y el proyecto estatal, Redes AFE. Hicieron exámenes, formaciones, pasaron por comisiones de evaluación... hasta que en mayo de este 2024 dejaron sus trabajos y empezaron a conocer a los niños de acogida.

Informes de observación y autónomos

Uno de estos niños padece un trastorno negativista desafiante, otro sufre estrés postraumático y otro tiene un 49% de discapacidad, un trauma complejo y un trastorno de conducta. Los emparejamientos de los menores con las familias de estos educadores se llegaron a alargar hasta tres meses. "Desde el primer día escribimos diarios de observación, hacemos informes de como están, y tenemos un equipo técnico que nos asesora y con el que pactamos las intervenciones", explica Carandell. El proyecto piloto prevé que estos padres y educadores puedan llamar a un teléfono las 24 horas, y tengan un equipo técnico a su disposición.

En este marco, estas personas se han hecho autónomos y tienen que pagar la seguridad social y el IRPF, y cada día perciben 121 euros por este trabajo. "Aquí no hay horarios, no hay vacaciones. Estamos de madrugada cuando se despiertan, estamos los sábados y los domingos con ellos", cuenta Torres, que ya ha tenido que financiar de su bolsillo más de mil euros de una intervención dental a su hija de acogida.

Pero todo este proyecto saltó por los aires el pasado 9 de diciembre, cuando estas cuatro familias fueron convocadas por los equipos técnicos de la nueva consellera de Drets Socials. "Nos dijeron que el programa piloto terminaba el 31 de diciembre y que no se iba a renovar. Se nos cayó el mundo encima", lamenta Castaño. Ellos sostienen que firmaron un documento que alargaba esta acogida hasta cinco años. "Estos niños siempre se han sentido rechazados por los adultos, no tienen personas de referencia y temen ser abandonados siempre. ¿Qué hacemos?", se queja Carandell. "A mí mi hija me llama 'madre', y cada día le prometo que la quiero y que no la dejaré sola, que no me iré", sigue Torres.

Acuerdo para junio de 2025

En sede parlamentaria, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, aseguró que este proyecto era excesivamente caro. "Ha tenido un coste de 2 millones de euros, claramente las cuentas no salen. Tenemos que ver cómo llevamos este piloto a políticas más efectivas para todas las familias que lo necesiten", dijo la 'consellera' el pasado 18 de diciembre a preguntas de ERC. Dos semanas después, las familias y el Govern han llegado a un acuerdo. A partir del 1 de enero, seguirián prestando el mismo apoyo que hacían hasta hoy, con un equipo técnico mermado, dos horas de atención psicológica a la semana y sin poder cotizar por su trabajo. De momento, recibirán una prestación de unos 2.400 euros al mes, aunque tendrán que seguir pagando la cuota de autónomos.

Sin embargo, el acuerdo contempla que en junio de 2025 la Generalitat tratará de volver a igualar las condiciones iniciales, aunque de momento el despliegue del modelo más allá de la prueba piloto está congelado. "Nosotros aceptamos con unas condiciones, no es justo que nos cambien las normas del juego a mitad de partida", se queja Carandell, quien explica que también sus familias se ven afectadas en este cambio de dinámica en casa. Torres opina que no tienen otra opción que aceptar. "Lo que no haremos será devolver a los niños, volver a hacerles daño y que den muchos pasos hacia atrás... no se lo merecen. Pero los políticos han jugado con ellos y con nosotros, les han mentido".

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