Violencia institucional
Mujeres migrantes piden que se expediente en 10 días a los funcionarios que discriminen por género o raza
Según una encuesta realizada a 500 catalanas de origen extranjero, el 95% ha sufrido discriminación por parte de las administraciones
El Parlament trabaja en un nuevo plan de igualdad que incluirá la lucha contra el racismo

Tres mujeres migrantes, en una imagen de archivo. / EFE


Elisenda Colell
Elisenda ColellRedactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
No conseguir el empadronamiento hasta que tu hija enferma, que un funcionario municipal asuma que tu partida de nacimiento no existe porque físicamente no parece que hayas nacido en Reus o el bullying que sufen los niños migrantes en las escuelas. Estos son algunos de los ejemplos de violencia institucional que denuncian diferentes colectivos de mujeres migrantes agrupados en la Red de Migración, Género y Desarrollo. Según una encuesta realizada a 500 mujeres de origen extranjero residentes en Catalunya, el 95% ha sufrido discriminación por parte de las administraciones.
Para intentar ponerle remedio, han presentado en el Parlament, ante los presidentes de las comisiones parlamentarias de Drets Socials, Igualtat y Salut, un protocolo en el que piden que, ante estas situaciones, se fije un plazo de 10 días para determinar si se ha producido un acto de discriminación por razón de raza o género y si se determina que así ha sido, se proceda a abrir un expediente al funcionario que lo haya cometido.
Las entidades han presentado una propuesta de protocolo ante las comisiones de Drets Socials, Igualtat y Salut del Parlament
El texto propone que, en cuanto una mujer denuncie un trato discriminatorio de violencia institucional, se pueda dirigir a la Conselleria d'Igualtat i Feminisme a presentar su queja. Este departamento deberá entrevistar a la afectada en el plazo de cinco días. Y 10 días después, una comisión valorará el caso. Si viera indicios de maltrato y discriminación, deberá emitir un informe evaluativo, una resolución y medidas cautelares. Además, plantean que la Administración proporcione a las afectadas medidas de reparación.
"Yo llegué a España reagrupada en los años 90. No tenía derecho a trabajar, dependía económicamente de mi pareja", explica Silvia Llanto, presidenta de la asociación CAF Las Floras, una entidad de mujeres migrantes en Mataró. En aquella época, las mujeres reagrupadas en España tenían permiso de residencia pero no de trabajo. "Me sentí rebajada, ofendida, sentí que había caído en una trampa". Después encontró trabajo en el SOC. "Me negaron mi título universitario en mi país, dijeron que no valía para nada. Me dijeron que no sabía hablar bien castellano aunque es mi lengua materna". Experiencia aparte es la que tuvo en los servicios sociales. "Juré que nunca más regresaría. Me miraron con un desprecio que jamás olvidaré y que aún hoy persiste", relata Llanto.
El 99% de las mujeres que dicen haber sufrido discriminación no lo ha denunciado
Pese a que la encuesta refleja que el 95% de mujeres migrantes dicen haber sufrido violencia institucional en los últimos meses, el 99% no lo ha denunciado. Y ahí está otro vacío que las entidades quieren llenar. "Faltan mecanismos confiables, tienen temor a represalias, piensan que no servirá de nada, que les va a causar más problemas o que no las creerán", explica Sara Cuentas, coautora del informe. Un proyecto en el que han colaborado el colectivo Floras en Acción, la Associació de Dones Migrades Subsaharianes, la Red Antirracista de Tarragona, la plataforma Diverses8M y las Madres en lucha contra la quita de custodias.
Por servicios, una de cada cuatro mujeres (25%) vivió este maltrato en los servicios sociales, seguido de centros de salud (14%), oficinas de empadronamiento (14%) y centros educativos públicos (13%). En el caso de los hijos de las mujeres encuestadas, 300 menores, el 60%, han experimentado violencia institucional en la escuela. En general, el 40% de los casos tuvieron que ver con el racismo y el 16%, con el género.
Estas mujeres consideran que el derecho que más se le han vulnerado es el del trabajo (30%). La práctica mayoría de ellas aducen que estas situaciones discriminatorias han tenido un impacto muy fuerte en su salud mental y emocional. En el caso de las discriminaciones y maltrato racista, el 69% de afectadas sufrieron malestar emocional, mientras que en el caso de discriminación ligada a la edad, la cifra fue del 54%.
Entre las mujeres encuestadas, a pesar de que no hayan denunciado, el 28% reclaman que se sancione a los funcionarios que las tratan con desprecio o de forma discriminatoria, mientras que un 22% pide una mayor presencia de personas no europeas ni blancas en las instituciones. "Necesitamos revertir estas políticas y hacer propuestas a las administraciones", defiende Cuentas.
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