Sílvia Orriols, la alcaldesa ultra de Ripoll, a un paso de los juzgados por su gestión del padrón municipal

La alcaldesa de Ripoll, diputada en el Parlament y líder del partido xenófobo Aliança Catalana Sílvia Orriols ha eludido responder al enésimo requerimiento de la Delegación del Gobierno en Catalunya sobre su gestión del empadronamiento municipal. En concreto, el consistorio de Orriols acumula casi un mes de demora para aclarar cuántas solicitudes de empadronamiento ha denegado y por qué en los últimos tres años. Una petición de información que se realizó a raíz de una entrevista en EL PERIÓDICO en la que Orriols se jactaba de incumplir la normativa estatal. Si no aclara los datos de su gestión a finales de enero, el caso llegará a manos de la justicia, según explican a este diario fuentes de la Delegación del Gobierno.

El pasado mes de agosto, la alcaldesa de Ripoll se jactó en una entrevista en EL PERIÓDICO de no empadronar a las personas sin hogar ni a aquellas que residen en una vivienda insalubre, incumpliendo la normativa estatal. También afirmó que desde que está en la alcaldía ha desestimado empadronamientos y desempadronado a ciudadanos por hacer un uso fraudulento del padrón. Fue la primera entrevista pública que la líder de Aliança Catalana concedió a EL PERIÓDICO, después de que el pasado enero este diario desvelara las trabas que su consistorio imponía para inscribirse en el registro público municipal.

Requerimiento

Estas declaraciones de Orriols motivaron un requerimiento de la Delegación del Gobierno en el que se le recordaba que debía aplicar legislación y se le emplazaba a enviar un informe sobre empadronamientos desestimados en los últimos tres años y sus motivaciones. Orriols respondió a esta carta en septiembre, y afirmó que en Ripoll había seis personas empadronadas que residen en infraviviendas, acatando así la resolución estatal que regula la metodología sobre el empadronamiento y que ella decía negarse a aplicar.

Sin embargo, se negó a facilitar la información detallada sobre a qué personas había desempadronado o no había permitido realizar el trámite, adjuntando los motivos. El pasado 29 de octubre, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, la emplazó a que lo hiciera en un plazo de 20 días hábiles. Hoy, dos meses después, el consistorio de Ripoll sigue sin responder. "Orriols o bien no cumple con lo que dice la ley engañando al Gobierno, o bien acata la ley y miente a sus electores", sostiene Prieto, que este lunes ha vuelto a enviarle un requerimiento para remita toda la información requerida sobre el padrón en los últimos meses.

Vía judicial

Este es ya el cuarto requerimiento que Prieto envía a Orriols para aclarar la situación del padrón municipal. Tras la primera carta emitida, Orriols se retractó y empezó a empadronar a las familias que llevaban más de dos meses esperando el trámite. Si a finales de enero Ripoll sigue sin responder a estos requerimientos, fuentes de la Delegación del Gobierno explican a este diario que el trámite pasará ya a manos de la justicia a través de la vía contencioso-administrativa. Será allí donde Orriols deberá explicar su silencio ante los requerimientos del Gobierno y aclarar su gestión de padrón correctamente justificada. Hace unos meses, la fundación Ibn Battuta llevó a Orriols ante la Fiscalía de Odio y Discriminación por sus mensajes discriminatorios en las redes sociales y su gestión del padrón municipal, denuncia que la propia fiscalía terminó archivando.

El Ayuntamiento de Ripoll es la primera institución catalana gobernada por un partido de extrema derecha que abiertamente se ha manifestado en contra de facilitar atención sanitaria, social o educativa a las personas inmigrantes. Sin embargo, entidades, movimientos sociales y distintas 'sindicatures de greuges' locales en Catalunya han detectado que no se trata de un caso aislado: hay más de 37 ayuntamientos que ponen trabas o dificultades a la hora de inscribir a los ciudadanos recién llegados en el registro municipal. El Govern de Pere Aragonés inició, sin éxito, los trabajos para pactar un proceder unificado para terminar con la problemática.

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